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A través de las redes sociales un ejército de tuiteros ya reconocidos del Presidente electo, Nayib Bukele, han mantenido en las redes sociales una campaña de denuncias de supuestas contrataciones o traslados de personal con nombre y apellido no solo de los empleados, sino de las instituciones a la que pertenecen.
La justificación de los tuiteros es que “el FMLN sigue vaciando en el aparato estatal a su militancia”.
Asimismo, aseguran que los empleados públicos que el actual gobierno quiere proteger son “haraganes e ineficientes” con lo cual buscan el apoyo para el resto de la ciudadanía que votó por Bukele, acepten a futuro los despidos de empleados públicos.
Es decir, justificar los miles de empleados bajo el pretexto que eran militantes del FMLN.
Y tras las denuncias del ejército de tuiteros, vino el tuit y la advertencia del Presidente electo, Nayib Bukele, denunciando que “no hay voluntad de parte del Gobierno saliente de hacer una transición ordenada y sin anomalías”; luego amenaza: “Por lo que tendremos que solicitar una auditoría forense y procesar a todos los funcionarios culpables y a los empleados que han aceptado los cargos en complicidad”.
El Ministerio de Hacienda, siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, hizo circular un comunicado enviado a todos los ministerios precisamente a no realizar lo que el ejército y el mismo Bukele estaba señalando como una realidad.
Los empleados públicos, independientemente que hayan llegado en los gobiernos de ARENA o con el FMLN, deben tener claro que serán despedidos, en primer lugar, porque en el programa de Gobierno de Bukele, que no lo utilizó para hacer campaña ya habla de reestructurar el Gobierno, léase el Ejecutivo, así: “Propiciar las condiciones para fomentar el empleo joven y de talento humano con capacidades para mejorar el servicio público”.
Y cómo propiciar las condiciones pues con los despidos. Y así lo dice su plan de Gobierno: “Decreto de retiro voluntario al 150 % del salario para los empleados y empleadas ya pensionados”.
Además, “Optimización de plantilla gubernamental por habilidades y competencias”.
Y, finalmente: “Indemnización por despidos de empleados y empleadas que no cumplen con los perfiles de puestos, con contrataciones irregulares o por sustitución de tecnología”.
Más claro no puede estar escrito, de allí que no nos debe extrañar la campaña de miedo, pues anuncia, además, una cacería de brujas, con el respaldo, por supuesto, de un millón 400 mil votantes.
