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(Colectivo Tetzáhuitl)
“La reelección inmediata está prohibida por la Constitución, el segundo mandato no” Félix Ulloa.
Hace un par de semanas, como parte de la campaña mediática a favor de la reelección que lleva a cabo Bukele, el Vicepresidente Ulloa sorprendió a la comunidad jurídica del país con una verdadera estupidez, nunca antes escuchada en lo que va del gobierno: La reelección presidencial inmediata está prohibida en la Constitución, el segundo mandato no”
Nadie desde el oficialismo se había atrevido a decir semejante aberración jurídica. Ni siquiera sus principales voceros en la Asamblea.
Lo único sensato de esta afirmación es que la reelección presidencial inmediata y continua está prohibida.
Por eso es que Saca, una vez dejó el gobierno en el 2009 en manos de Funes, esperó cinco años para buscar de nuevo la Presidencia de la República en el 2014.
En ese momento nadie cuestionó su candidatura porque había dejado pasar un mandato presidencial para intentar volver a CAPRES.
Fue hasta después de las elecciones que ganó Sánchez Cerén que la Sala de lo Constitucional en una cuestionada resolución sentenció que la candidatura de Saca había sido ilegal porque debió esperar dos períodos presidenciales y no solo uno para buscar de nuevo la Presidencia de la República.
En una interpretación jalada de los cabellos y que se acomodaba a los intereses que defendían “los magníficos”, como eran conocidos, la Sala de lo Constitucional ordenó que un Presidente solo podía postularse de nuevo a la Presidencia de la República después de haber dejado pasar dos períodos presidenciales.
Eso cerraba el camino a un ex Presidente como Funes que concluyó su mandato con altos niveles de aprobación ciudadana, los más altos hasta ese momento.
En todo caso, la sentencia de la Sala no provocó ninguna crisis constitucional porque Saca no había ganado las elecciones.
Esta resolución, sin embargo, dejó firmes e intactos los artículos constitucionales que prohíben la reelección inmediata y continua.
El más claro y contundente de estos artículos que establece que un Presidente no puede quedarse ni un día más en el cargo una vez concluidos los cinco años para los que fue elegido no fue modificado con esta interpretación.
Esto significa que Bukele no puede aspirar a un segundo mandato presidencial porque la Constitución lo impide en por lo menos seis artículos de naturaleza pétrea, es decir, seis artículos que no pueden ser reformados y que exigen la alternabilidad en la Presidencia como sistema de gobierno.
Se llaman artículos pétreos porque no aceptan ninguna modificación a través de un proceso de reforma constitucional que la misma Constitución contempla, y menos mediante una interpretación aberrante de una Sala de lo Constitucional ilegal y espúrea como la actual.
En la nueva interpretación de Félix Ulloa, el segundo mandato no está prohibido porque Bukele renunciaría a su cargo seis meses antes de las elecciones y se inscribiría en el Tribunal Supremo Electoral como un ciudadano común y corriente que aspira a la Presidencia de la República.
Según Ulloa, la Constitución prohibe la reelección de un Presidente en funciones pero no la candidatura presidencial de un ciudadano que ya no es Presidente en la medida que ha renunciado al cargo.
Ulloa pasa por alto que la renuncia de un Presidente solo puede ser aceptada por la Asamblea Legislativa cuando se debe a “causas graves” calificadas por la Ley.
Por ejemplo, cuando un Presidente ha cometido un delito o una grave violación al ordenamiento constitucional y debe despojarse del cargo para ser enjuiciado.
O bien, cuando padece una enfermedad terminal que le impide seguir ejerciendo el cargo.
La renuncia a la Presidencia para buscar una candidatura y optar a un segundo mandato no es una causa grave calificada por la Asamblea.
Además, en ninguna parte del texto constitucional se establece el momento en que puede hacerlo.
Eso de los seis meses antes de las elecciones es el plazo máximo para inscribir una candidatura presidencial y no para renunciar al cargo de Presidente de la República.
Por donde quiera que se le vea Bukele no puede ser candidato a un segundo mandato, al menos no un candidato autorizado por la Constitución.
El Tribunal Supremo Electoral, si fuera realmente independiente en sus decisiones, no debería inscribir la candidatura de Bukele por ilegal e inconstitucional.
Y la Asamblea Legislativa si no estuviera dominada por el oficialismo tampoco debería aceptar la renuncia de Bukele porque no se cumple lo que establece el artículo 156 de la Constitución: “Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y los Designados SOLAMENTE SON RENUNCIABLES POR CAUSA GRAVE DEBIDAMENTE COMPROBADA, que calificará la Asamblea”
A Bukele no lo bota otro candidato presidencial. Bukele seguirá en CAPRES cinco años más aunque su segundo mandato sea inconstitucional e ilegítimo.
La pregunta que deberíamos hacernos es por qué si Bukele ha decidido buscar la reelección para aspirar a un segundo mandato, a qué viene tanto malabarismo jurídico y tanta campaña propagandística a favor de la reelección?
Bukele en estos 4 años de gobierno ha demostrado, como dice el periodista Paolo Luers, que se pasa las Leyes y la Constitución “por los huevos” cada vez que lo necesita.
Bukele sabe muy bien que su reelección es inconstitucional y que al inscribirse está cometiendo un delito y rompiendo con el ordenamiento constitucional.
Lo dijo en el pasado en diferentes entrevistas, incluso lo sostuvo ya como Presidente de la República en un momento en que no necesitaba seguir en la Presidencia cinco años más.
Ahora la reelección se ha convertido en una necesidad, de lo contrario puede ser enjuiciado una vez termine su mandato e ir a parar a la cárcel.
A la vista tenemos el caso del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), que ocupó la Presidencia de ese país para enriquecerse y conformar un poderoso cártel que se dedicó a competir con cárteles del narcotráfico rivales, por lo cual su hermano y mano derecha, Toni Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos mientras él espera una sentencia de una Corte Federal de Nueva York por narcotráfico y lavado de dinero.
Juan Orlando Hernández gozó de impunidad para delinquir mientras fue Presidente de Honduras.
Una vez dejó la Presidencia y no consiguió elegir a su candidato a finales del 2021, enfrentó una serie de imputaciones penales que lo llevaron a la extradición para ser juzgado en Estados Unidos.
Bukele teme ser procesado, así como JOH, si deja la Presidencia de la República en el 2024 y pierde el control de los demás órganos del Estado.
Su reelección es por tanto una cuestión de sobrevivencia política, no es simplemente un capricho o una obsesión autoritaria como algunos dicen.
Bukele será candidato a la Presidencia y conseguirá ganar sin lugar a dudas un segundo mandato por muy ilegal e inconstitucional que sea todo este proceso.
No hace alta que seamos adivinos para anticipar que llegado el momento la Asamblea aceptará su renuncia al cargo como está previsto y un genuflexo Tribunal Supremo Electoral lo inscribirá para que pueda correr por la reelección.
Los números le favorecen a Bukele y es hasta probable que la cantidad de salvadoreños que voten por él sea mayor que los que votaron a su favor en las elecciones del 2019.
No solo porque su aceptación ciudadana ha aumentado en estos 4 años de gobierno, muy a pesar del catastrófico rumbo que lleva la economía del país, del estado deplorable de las finanzas públicas y del progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, sino porque enfrentará a una oposición mucho más débil que la que debió retar en el 2019.
Tanto ARENA como el FMLN, partidos mayoritarios hasta antes del 2019, atraviesan serios problemas de organización y de representación política territorial.
Si el FMLN obtuvo en el 2019 unos 389 mil votos (18.2% de la votación total) y ARENA un poco más de 857 mil votos (31.72% de los votos totales) es muy probable que el voto duro de ambos vuelva a caer en los comicios presidenciales del 2024.
En qué nos basamos para hacer proyecciones electorales a menos de 9 meses de las elecciones, muy desfavorables para la oposición y favorables para Bukele?
A menos que ocurra algo excepcional en el ambiente político o en la situación económica y social del país en los meses que faltan para las elecciones, todo apunta a que Bukele va a ganar con relativa facilidad los próximos comicios presidenciales.
No existe en la oposición ningún liderazgo capaz de cambiar los números favorables con que cuenta Bukele, por mucho que haya violado la Constitución, que haya irrespetado el Estado de Derecho, o que esté llevando el país a la ruina económica o haya aumentado la pobreza y el costo de la vida.
Lamentablemente la mayoría de salvadoreños aún no cae en la cuenta que Bukele ha incumplido todas sus promesas electorales que le fueron eficaces para ganar la Presidencia y que las responsabilidad en el deterioro de las finanzas públicas, en el deterioro de las condiciones de vida de la población y que “el dinero no alcanza” porque se lo están robando impúnemente los funcionarios de gobierno recae plenamente en Bukele, su clan familiar y el partido Nuevas Ideas.
La movilización callejera y la presión ciudadana es la única opción para sacar a Bukele del poder.
Con su intento de reelegirse no sería la primera vez que Bukele viola Constitución.
Lo ha hecho otras veces, aunque ahora se trata de una violación muy grave por la que debería ser destituído.
Ya muchos han citado la disposición constitucional que obliga al pueblo a la insurrección cuando es violado el período presidencial de 5 años y un Presidente se queda en el cargo por más tiempo.
Tal como reza la Constitución: La violación al artículo que establece que el período presidencial es de cinco años y un Presidente no podrá quedarse en el cargo ni un día más obliga al pueblo a la insurrección.
No es una opción o una posibilidad, es una obligación mandatada por la Constitución que tiene el pueblo.
En este punto hay que hacer algunas consideraciones jurídicas y políticas que son pertinentes.
Primero, una insurrección armada o un Golpe de Estado son realidades muy remotas en nuestro país en el corto y mediano plazo.
Bukele tiene el control de las Fuerzas Armadas y de la Policía, únicos cuerpos armados en el país, y sin la participación de ambas instituciones y el respaldo de Estados Unidos, tal como ha sido una tradición en América Latina, no es posible un golpe de Estado que provoque la remoción del Presidente.
Tampoco existen condiciones objetivas y subjetivas para una insurrección popular.
Una insurrección requiere de una organización territorial y de un nivel de armamentización de la población que no existe en el país.
Además, luego de los 12 años de guerra civil, lo menos que desea el pueblo salvadoreño es volver a tener que alzarse en armas para enfrentar y detener el militarismo de los años 80.
A menos que por obligación a la insurrección entendamos que los constituyentes de 1983 se referían no a un alzamiento armado de la población sino a un creciente sentimiento de resistencia, insubordinación y rebeldía popular como el que botó de la Presidencia al General Maximiliano Hernández Martínez en 1944.
Martínez debió dejar la Presidencia y renunciar a su intento de continuar en el poder no por un movimiento golpista protagonizado por algunos oficiales progresistas de la época sino por una fuerte presión ciudadana que se tradujo en la famosa “Huelga de brazos caídos” que derrocó finalmente al Dictador.
A esta presión ciudadana contribuyó Estados Unidos que decidió “moverle el piso” a Hernández Martínez hasta que dejara el poder.
En el caso de Bukele su salida de CAPRES solo podrá venir de una fuerte presión ciudadana, acompañada de una condena y aislamiento de la comunidad internacional.
En esta presión ciudadana deben participar organizaciones populares como sindicatos, cooperativas, grupos comunitarios, feministas, organizaciones juveniles y estudiantiles, gremios empresariales y otros, veteranos de guerra, lisiados de guerra, fuerzas políticas de izquierda y progresistas, iglesias e instituciones académicas.
Tal como lo planteó el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular en Agosto del 2022 en un documento titulado “Plataforma ante el país, por un gobierno de rescate nacional”, esta presión ciudadana debe perseguir dos grandes objetivos: Uno, acordar una plataforma programática y una estrategia de lucha común para resolver los graves problemas que enfrenta el país, y dos, derrotar al régimen dictatorial del clan Bukele y provocar la salida del Dictador de Casa Presidencial y del control del aparato de Estado.
Este es el único camino posible, lo demás son vagas ilusiones.
