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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señalaron que es innecesario e inaceptable el Régimen de Excepción, y menos, pretender imponerlo como una medida permanente de represión y corrupción, porque el gobierno cuenta con suficientes herramientas jurídicas y logísticas para el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
El Bloque pidió a la Asamblea Legislativa la derogación del Régimen de Excepción, así como libertad inmediata a los inocentes encarcelados, indemnización a familiares de las víctimas fallecidas, alto a las capturas arbitrarias y violación de derechos humanos; hay miles y miles de víctimas que reclaman justicia y un basta ya a los atropellos del gobierno. “Esta estrategia del clan Bukele está orientada a la criminalización de la pobreza, no ha dado resultados concretos, ya hay una argumentación jurídica para el combate de las pandillas, el régimen lo único que hace es anular los derechos constitucionales. Van 62 personas asesinadas en los centros penales, y miles de familias que no tienen información sobre el estado de sus familiares dentro de las cárceles”, indicó Marisela Ramírez, representante del BRP.
Según Ramírez, durante los 100 que lleva el Régimen de Excepción se han dado graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Bukele, las cuales intentan justificar como “daños colaterales”, en una supuesta guerra contra las pandillas; es incompatible con la democracia la existencia de presos políticos, persecución política a personas opositoras, religiosas, académicas, sindicalistas y a la prensa, atropellos que no tienen justificación alguna.
“Continúa la violación de los derechos constitucionales básicos, como el derecho a la vida, presunción de inocencia y defensa judicial, entre otros, mediante capturas arbitrarias, hacinamiento extremo en las cárceles y el restablecimiento de la tortura, una práctica institucional del Estado que se consideraba erradicada después de los Acuerdos de Paz”, enfatizó.
Asimismo, Ramírez sostuvo que en el país no existe un Estado de Derecho, el cual garantice la protección de los derechos humanos, sino al contrario, hay un ejercicio autoritario del poder, con una Asamblea Legislativa y un Órgano Judicial sumisos a la presidencia y sin independencia de poderes. “No queremos el Régimen de Excepción, vamos para cinco meses de persecución en contra de jóvenes y personas que viven en sectores vulnerables de pobreza, y se criminaliza esta situación, hay una afectación a personas inocentes, anteriormente habían sido víctimas de las pandillas y ahora lo son de las políticas de este gobierno”, aseguró.
