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@JoakinSalazar
Seguridad, educación y salud son las áreas que se han visto afectadas por el bloqueo impuesto por la Sala de lo Constitucional de los $900 millones en bonos, y que tras un año, aún no hay resolución, lo que denota una deliberada intención de tener afectadas las finanzas del Estado, pero sobre todo, para afectar al Ejecutivo.
El 10 de junio del 2015, la Sala de lo Constitucional paralizó la emisión de dichos bonos, fondos que el Gobierno de El Salvador tenía destinado a la inversión en Seguridad, Salud y Educación, tras emitir medidas cautelares tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad.
La demanda fue presentada por René Alfonso Guevara Aguilar, para que se declara inconstitucional el Decreto Legislativo número 1000, de fecha del 23 de abril de 2015, el cual fue publicado en el Diario Oficial número 74, tomo 407, del 27 del mismo mes. La razón, según el demandante, es que votaron diputados suplentes en la emisión de los bonos, en vez de los titulares, por lo que supuestamente la Asamblea violentó los artículos 131, ordinal cuatro; 143 y 148, ordinal dos de la Constitución de la República.
Los magistrados, al admitir la demanda, también avalaron otra de las peticiones como la suspensión de la colocación o venta de los bonos. El Gobierno ya había vendido cien millones, los que están congelados desde aquella fecha, al igual que los restantes 800 millones en bonos.
De estos fondos, $100 millones de dólares irían destinados, de forma inmediata para la seguridad, área que se vio más afectada al momento de la admisión de la demanda, que de acuerdo a los titulares de seguridad, la medida de la Sala afecta al gobierno pero en la más vulnerable es la sociedad salvadoreña. En una salida de emergencia, el Gobierno se vio obligado a cobrar una contribución especial por medio de la telefonía, pero que no ha sido suficiente para los requerimientos de la seguridad.
Pese al bloqueo, el Gobierno presidido por el profesor Salvador Sánchez Cerén reafirmó su compromiso con la población salvadoreña, por lo que ante los obstáculos no se detendría el accionar en contra de la criminalidad.
Las medidas extraordinarias y la aplicación de la Contribución especial para la Seguridad a las telefonías, han sido de respaldo para las autoridades de gobierno, además con la reciente aprobación de los 152 millones de dólares para seguridad, situación que ha permitido la reducción de homicidios a un promedio de siete diarios.
En temas de educación, el Ministro Carlos Canjura aseguró que la no ejecución de la emisión de bonos, por $900 millones de dólares, ponía en riesgo el cumplimiento de las metas en el área.
Para el Ministro, no contar con los recursos suficientes pone en riesgo la ejecución de programas de educación, que benefician a la población salvadoreña.
Contrario a ello, el Gobierno ha impulsado programas y proyectos como la Universidad en Línea, sostenimiento de programas como un niño, una niña, una computadora, entrega de paquetes escolares, vaso de leche; esto a través de inversión pública de los fondos que cuenta educación.
Sin embargo, actualmente existen conflictos por las mejoras salariales del magisterio, que los sindicatos exigen, que podrían solventarse con parte de los de los $900 millones que mantiene bloqueados la Sala.
También, Organizaciones sociales como el Foro de la Salud y COMPHAS han denunciado en reiteradas ocasiones que el último año, por los magistrados de la Sala, no se ha hecho una inversión mayor en temas como la Seguridad alimentaria y la Salud Pública.
Y es que parte de los fondos estaban destinados para programas y proyectos de salud, agricultura y ganadería, que permitiría abonar a temas que por años de los gobiernos de la derecha han mantenido en el olvido.
Tanto el gobierno de Mauricio Funes, como el de Salvador Sánchez Cerén le han dado un impulso a la reactivación del agro salvadoreño, lo que garantiza la seguridad alimentaria del país, inversión que puede ser mayor con la ejecución de los $900 millones.
