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Redacción Nacionales
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Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó la ausencia del Gobierno salvadoreño ante la CIDH para responder por las denuncias de detenciones arbitrarias y abusos bajo el régimen de excepción.
Su señalamiento más duro apunta a lo que, a su juicio, transmitió el Estado al no comparecer: «Somos impunes y nos importa un carajo». Una frase demoledora que retrata la indignación de quienes acudieron a exponer las denuncias mientras las autoridades optaron por no dar la cara en esa audiencia.
En #BarcitoFM, analizamos las implicaciones de esa ausencia y una pregunta de fondo: ¿puede un Estado exigir justicia para las víctimas de las pandillas mientras evita responder ante las denuncias de víctimas de sus propias instituciones?
El mensaje de Escobar es contundente: la seguridad no puede justificar la impunidad, y el Estado que exige justicia también debe responder por sus propias actuaciones, sus abusos e ilegalidades.
LA JUSTICIA NO PUEDE TENER DOS VARAS
Las víctimas de las pandillas tienen derecho a la verdad y a la justicia. Pero ese derecho no puede utilizarse para invisibilizar a quienes denuncian abusos durante el régimen de excepción.
En sus declaraciones, Ingrid Escobar cuestiona precisamente esa contradicción: reconocer el sufrimiento causado por las estructuras criminales no obliga a guardar silencio ante las denuncias contra agentes e instituciones estatales.
La discusión no consiste en enfrentar a unas víctimas con otras. Consiste en reconocer que todas merecen investigación, reparación y garantías de no repetición, independientemente de quién sea señalado como responsable.
LOS CASOS QUE EXIGEN RESPUESTAS
En su intervención, Escobar mencionó a personas identificadas como Cruc, Charlie y Littleman, además de integrantes de la denominada «media ranfla histórica» de la Mara Salvatrucha, al referirse a liberaciones que atribuye al Gobierno.
Sus señalamientos abren una discusión sobre la transparencia de las decisiones estatales y la obligación de esclarecer tanto los beneficios penitenciarios como las denuncias de abusos contra personas detenidas.
Cada caso requiere pruebas y verificación independiente. La justicia no puede descansar en acusaciones sin demostrar ni en privilegios para quienes tienen poder. Debe esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.
EL GOBIERNO NO COMPARECIÓ ANTE LA CIDH
La ausencia de representantes estatales marcó las audiencias del 26 de octubre sobre la situación de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción y sobre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Las organizaciones participantes denunciaron detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, presuntos malos tratos y obstáculos para acceder a información judicial, médica y forense.
La ausencia gubernamental no demuestra por sí sola la veracidad de cada denuncia. Sin embargo, impidió que las autoridades respondieran directamente a los señalamientos durante esas sesiones y presentaran allí su posición ante los comisionados.
VERDAD, JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Las audiencias internacionales no sustituyen las investigaciones judiciales, pero pueden contribuir al seguimiento de las denuncias y a la formulación de recomendaciones.
El desafío para El Salvador es garantizar investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia, acceso de las familias a los expedientes, atención médica adecuada para las personas detenidas y revisión de los casos en los que existan indicios de detención arbitraria.
También corresponde al Estado responder con información verificable, preservar las pruebas y determinar responsabilidades cuando estas sean demostradas.
NINGÚN PODER DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY
El planteamiento de Ingrid Escobar obliga a mirar más allá de la confrontación política. Un Estado de derecho se mide no solo por su capacidad para perseguir delitos, sino también por su disposición a investigar los abusos que se le atribuyen.
Las víctimas de las pandillas merecen justicia. Las personas detenidas injustamente y las familias de quienes murieron bajo custodia también merecen verdad y respuestas.
Porque la justicia pierde su sentido cuando depende de quién comete el abuso. Y la seguridad deja de ser una garantía para el pueblo cuando se utiliza para eludir la rendición de cuentas.
LOS CASOS QUE EXPONEN LAS VIOLACIONES DEL RÉGIMEN
- Humberto Adonay Escobar Mónico. Hermano de Ingrid Escobar. Fue detenido el 22 de mayo de 2025 y murió bajo custodia estatal 45 días después. Su familia encontró hematomas y contusiones en su cuerpo y reclama que se investigue su muerte.
- José Leonidas Bonilla. Sindicalista detenido durante el régimen de excepción que murió bajo custodia estatal. Ingrid Escobar denunció su caso y señaló la falta de atención médica.
- Santos Navarro. Comerciante detenido durante el régimen de excepción que también murió bajo custodia del Estado. Su caso fue expuesto como una denuncia de detención arbitraria y falta de atención médica.
- Rafael López Castellón. Comerciante de 53 años, con insuficiencia renal y cardíaca. Fue detenido en un operativo en Jucuapa, Usulután, y murió después de permanecer aproximadamente mes y medio en prisión sin recibir sus tratamientos vitales. Su familia conoció su fallecimiento 68 días después y descubrió que había sido enterrado en una fosa común. El caso fue presentado ante la CIDH por su hermano, Pedro López Castellón.
