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Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
Los grandes acuerdos internacionales rara vez nacen en la mesa donde finalmente se firman. Cuando aparecen presidentes, ministros y comunicados, buena parte del trabajo ya ocurrió en despachos, reuniones privadas y contactos empresariales donde se decide quién entra al negocio, quién queda fuera y bajo qué condiciones. El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos permite observar ese mundo invisible.
Su arquitectura tiene varias capas. Arriba está el acuerdo político entre Delcy Rodríguez y Washington, con Marco Rubio y Pete Hegseth entre sus principales interlocutores. Debajo aparece North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada que, sin pertenecer al club de las grandes petroleras mundiales, termina situada sobre 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas. Y allí comienza lo interesante.
NABEP no llegó mediante una licitación competitiva. Llegó por negociación. Su principal figura, Alejandro Betancourt, tenía algo difícil de contabilizar en un balance empresarial: relaciones. Mientras una investigación suiza restringía sus movimientos, funcionarios estadounidenses realizaron gestiones alrededor de su situación. Posteriormente, desde el Departamento de Estado se promovió una visa que le permitió viajar a Estados Unidos para reuniones vinculadas con Venezuela.
En el sueño de cualquier empresario necesitado de abrir puertas, difícilmente podría imaginarse un lobby más oportuno. Pero reducir esta historia a Betancourt sería perder precisamente la arquitectura. Alrededor aparecen Mauricio Claver-Carone, exfuncionario estadounidense que se ha definido como un “connector”; Jessica Bedoya, su socia y visitante de Caracas; Christopher Landau, involucrado en gestiones ante autoridades suizas; y Caleb Orr, funcionario del Departamento de Estado relacionado con aquella visa. Son funciones diferentes, pero se mueven donde política, relaciones personales y negocios pueden encontrarse.
Son los intermediarios del poder. En lenguaje diplomático pueden llamarse asesores, conectores, emisarios o facilitadores. En lenguaje más terrenal, algunos se parecen a los coyotes de los grandes negocios: conocen el camino, saben qué puerta tocar y entienden que la cercanía con quien decide puede valer tanto como el capital. Basta con controlar un acceso.
Después viene la arquitectura institucional. OFAC puede habilitar transacciones sin producir un barril. El Departamento de Estado obtiene derechos preferenciales sobre la producción. Y el Office of Strategic Capital del Pentágono queda asociado con una participación del 35% en NABEP, dentro de una estructura que Washington presenta como libre de costo para el contribuyente. Así, diplomacia, regulación, defensa y empresa privada terminan conectadas alrededor del mismo recurso.
Pero una arquitectura también se entiende observando aquello que reemplaza. Algunos campos que pasan a NABEP estaban vinculados con China Concord Resources, Sinopec y CNPC, además de intereses rusos y estructuras relacionadas con antiguos círculos del poder venezolano. Fueron incorporados cuando Caracas buscaba capital y aliados capaces de reducir su dependencia de Washington.
Ahora cambia la correlación política y el reparto. El petróleo sigue debajo de la misma tierra. Lo que cambia es la lista de invitados. Ahí aparece la verdadera naturaleza del acuerdo. No consiste solamente en quién posee formalmente los yacimientos, sino en quién controla las puertas entre el petróleo y el dinero: política, jurídica, regulatoria, financiera, societaria y comercial. En cada una puede aparecer alguien cobrando por abrirla.
Por eso importan las zonas oscuras. ¿Quién controla realmente el 65% privado restante de NABEP? ¿Quiénes son sus beneficiarios efectivos? ¿De dónde saldrá el capital para desarrollar esos campos? ¿Qué abogados, financistas e intermediarios estructuraron la operación? ¿Qué otras empresas pudieron competir y nunca llegaron a la mesa?
Las preguntas adquieren importancia porque NABEP pasa de ser un operador privado en Venezuela a quedar asociado con una base de reservas extraordinaria, mientras deberá conseguir enormes recursos para desarrollar el proyecto. Aquí la ironía prácticamente se escribe sola. Durante años Washington señaló redes de influencia, empresarios conectados y negocios opacos alrededor del petróleo venezolano. Ahora participa en una estructura donde acceso político, empresa privada y poder estatal aparecen extraordinariamente próximos.
Quizá no desaparecieron los intermediarios. Quizá solamente cambiaron de patrocinador.
Eso significa observar la arquitectura invisible: no buscar una conspiración en una habitación oscura, sino comprender cómo una red de intereses distribuye accesos, derechos y beneficios antes de que el ciudadano conozca los términos del negocio. Cuando finalmente los gobiernos aparecen frente a las cámaras, vemos la fachada. La arquitectura ya fue construida. Por eso no basta con preguntar quién firmó o quién conserva jurídicamente el petróleo. También hay que preguntar quién diseñó las puertas, quién decidió quién podía atravesarlas y quién terminará cobrando cuando comiencen a pasar los barriles. Las ideologías suelen hablar frente a las cámaras. Los intereses prefieren negociar donde hay menos luz.
