Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
En el contexto del 197 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de sociedad civil y autoridades de la Comisión abordaron la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el marco del régimen de excepción; sin embargo, su titular, Raquel Caballero de Guevara no asistió.
David Morales, de Cristosal, lamentó que la institución no se presentara a la audiencia. A juicio del defensor y exprocurador de derechos humanos, la PDDH tiene la obligación legal particular de interactuar con la CIDH. “Su ausencia es notablemente deplorable en esta ocasión y denota su falta de independencia respecto del poder Ejecutivo”, destacó, ya que representantes del Gobierno tampoco se presentaron a la audiencia en la sesión de la mañana.
La PDDH “posee obligaciones y potestades para investigar violaciones de los derechos humanos, entrevistar libre y privadamente testigos, realizar inspecciones en lugares públicos, especialmente en todos centros de detención; puede requerir documentos a cualquier autoridad y activar la justicia, debe velar especialmente por la situación de las personas privadas de libertad y el debido proceso judicial, dictar resoluciones, informes, opinar sobre proyectos de leyes, fomentar la ratificación de tratados”, destacó Morales, quien se desempeñó en el cargo desde 2013 a 2016.
El defensor sostuvo que la institución, desde hace algunos años, “ha abandonado el ejercicio relevante de su misión”, justo en el retroceso democrático, concentración de poder y la consumación de violaciones masivas a los derechos humanos.
La tolerancia de la Procuraduría frente a los abusos autoritarios se agravó a partir de la imposición del régimen de excepción, ya que desde que se aprobó en 2022 “se han producido miles de detenciones arbitrarias, muertes, torturas y condiciones crueles e inhumanas contra la población privada de la libertad, juicios masivos sin garantías que derivan en condenas generalizadas, entre otros atropellos”.
Agregó que la sistematicidad y generalidad de las violaciones “han llevado a calificarlas como crímenes de lesa humanidad por entidades expertas en la materia”.
Las organizaciones de sociedad civil lamentan que la PDDH no emita resoluciones por las violaciones a los derechos humanos, y que tampoco se brinde la verificación penitenciaria ni informes especiales sobre los impactos del régimen de excepción.
El papel de la PDDH ha estado muy sumiso al Ejecutivo, incluso ha callado las reformas que hizo la Asamblea Legislativa tanto a la Constitución de la República como a leyes secundarias. “No hay registro de opiniones o recomendaciones (de la PDDH) por las reformas que desmontaron las garantías judiciales y hasta aprobaron la pena perpetua para niños, niñas y adolescentes a partir de los 12 años, además de que habilitaron su reclusión en centros para adultos”, dijo.
Además, las organizaciones lamentaron la poca acción de la institución ante las vulneraciones a diversos sectores. Las organizaciones señalaron que entre 2022 y 2025, se han registrado aproximadamente 1 400 agresiones a personas defensoras, pasando de modalidades ocurridas en el ámbito digital a persecuciones directas, detenciones arbitrarias, cierre de organizaciones y el exilio de más de 80 personas defensoras y periodistas, ocurrido principalmente el año pasado.
Como narrativa central, las organizaciones enfatizaron que la PDDH no ha cumplido su mandato constitucional en temas de relevancia nacional como las detenciones arbitrarias, tales como la de Ruth López, Enrique Anaya y Fidel Zavala; tampoco ha acompañado a las madres de desaparecidos, a la comunidad LGBTIQ+, migrantes, trabajadores, entre otros.
Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, recordó que en el marco del examen periódico universal sobre El Salvador, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 2025, la procuradora Raquel Caballero declaró la disminución significativa de los homicidios, asesinatos y desplazamientos forzados que provocaban las pandillas y grupos criminales y, en cuanto a los casos de tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, la funcionaria aseguró que la PDDH no había recibido denuncias al respecto, siendo fuertemente criticada en la opinión pública.
En abril de este año, los medios de prensa publicaron que, según los propios registros de la PDDH, la institución tenía contabilizados 201 casos de ejecuciones extrajudiciales, 48 casos de desapariciones forzadas y 22 de tortura.
“Además, según sus propios datos, la institución ha registrado 1 672 denuncias por detención arbitraria y en total 2 094 denuncias durante régimen de excepción entre 2022 y septiembre de 2025. Preocupa profundamente la negación pública de denuncias por parte de la titular, registradas por la institución que preside”, destacó.
Por su parte, las organizaciones de sociedad civil han documentado cerca de 7 000 denuncias, la mayoría por detención arbitraria; pero, además, al menos 540 casos de desaparición forzada, 900 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo hechos de tortura, y al menos 454 muertes bajo custodia estatal.
Las organizaciones enfatizaron en que la ausencia de la PDDH en la audiencia pública no solo demuestra la falta de compromiso con los organismos internacionales, sino con las propias víctimas del régimen de excepción.
Por ello, las organizaciones pidieron a la CIDH que solicite información al Estado salvadoreño sobre las garantías normativas y prácticas que aseguren la independencia estructural y funcional de la PDDH, así como las acciones adoptadas por dicha institución frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos y criminalización de personas defensoras.
Asimismo, señalaron que el Estado salvadoreño debe garantizar la independencia y autonomía de la PDDH, dotándola de presupuesto y capacidad de verificación en todos los centros penitenciarios, conforme a los principios de París y las observaciones de GANRI.
En la audiencia también participó Iván Solano Leiva, del Colegio Médico, y Ángel Flores, de MILPA (ver notas aparte).
