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Redacción Nacionales
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La vulneración de derechos humanos en comunidades rurales, el desplazamiento de familias campesinas y la destrucción de ecosistemas por proyectos de infraestructura fueron parte de las denuncias presentadas por organizaciones salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las audiencias públicas desarrolladas en Ciudad de Panamá.
Ángel Flores, representante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA), señaló, en Encuentro con Julio Villagrán, desde Panamá, que el Estado salvadoreño no compareció a las sesiones realizadas el lunes 26 de octubre, en las que se abordaron las afectaciones derivadas del régimen de excepción y la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Durante una entrevista en el programa, Flores cuestionó la ausencia de las autoridades salvadoreñas y consideró que esta decisión constituye un precedente negativo en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos.
Las audiencias forman parte de una serie de sesiones públicas convocadas por la CIDH entre el 26 y el 30 de octubre, con la participación de representantes estatales y organizaciones de la sociedad civil para examinar diferentes problemáticas relacionadas con los derechos humanos en la región.
Ausencia del Estado y debilitamiento institucional
Flores explicó que las organizaciones sociales solicitaron las audiencias y presentaron documentación técnica para respaldar las denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos en El Salvador.
En la sesión de la mañana del lunes se expusieron las afectaciones del régimen de excepción, incluidos testimonios de personas que han sufrido sus consecuencias y de familiares de víctimas que murieron bajo custodia estatal.
En la jornada de la tarde se abordó el funcionamiento de la PDDH y su papel frente a las vulneraciones de derechos humanos. Según Flores, las organizaciones participantes señalaron el debilitamiento de la institucionalidad encargada de proteger a la población y el cierre progresivo de espacios democráticos.
En las audiencias también participaron representantes de organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal, el Colegio Médico de El Salvador, que expuso denuncias sobre vulneraciones de derechos laborales de trabajadores de la salud y el deterioro de la atención pública.
Para Flores, la ausencia del Estado salvadoreño impidió establecer un diálogo entre las partes involucradas que permitiera abordar la crisis institucional.
“No puede existir diálogo si una de las partes implicadas no está presente”, sostuvo el representante de MILPA, al señalar que la situación también compromete el papel de la PDDH, una institución surgida de los Acuerdos de Paz para contribuir a la protección de los derechos fundamentales.
El dirigente indicó que las audiencias pueden dar lugar a mecanismos de seguimiento por parte de la CIDH y, eventualmente, a la intervención de otros organismos internacionales vinculados con las obligaciones de los Estados.
Comunidades rurales bajo presión
Flores sostuvo que las comunidades campesinas e indígenas enfrentan una creciente presión territorial derivada de proyectos turísticos, inmobiliarios, logísticos, agroindustriales y energéticos.
A su juicio, el problema no se limita a la actuación de empresas privadas, sino que involucra la responsabilidad estatal cuando las instituciones no garantizan los derechos de las comunidades.
Entre las afectaciones mencionó el desplazamiento de familias, la pérdida de tierras agrícolas, la destrucción de ecosistemas y la reducción de las posibilidades de sostener las economías locales.
El representante de MILPA afirmó que las instituciones gubernamentales, entre ellas los ministerios de Medio Ambiente, Cultura y Vivienda, deben garantizar que las iniciativas económicas no se desarrollen a costa de los derechos de la población.
“Lo que está en juego aquí son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza versus los intereses económicos de grupos empresariales”, expresó.
Flores señaló que las comunidades necesitan garantías sobre la tenencia de la tierra, acceso a los bienes comunes y condiciones para desarrollar una vida digna.
El Icacal y San Francisco Angulo
Entre los casos expuestos destacó la situación de la comunidad El Icacal, en La Unión, donde habitantes enfrentan una disputa territorial relacionada con proyectos turísticos.
Según Flores, la comunidad tiene décadas de permanecer en el lugar, pero enfrenta dificultades para que se reconozca legalmente la tenencia de sus tierras frente a documentos presentados por empresas interesadas en desarrollar proyectos en la zona.
El representante de MILPA sostuvo que el Estado podría intervenir para garantizar la seguridad jurídica de las familias y evitar un desplazamiento que todavía puede prevenirse.
También denunció la construcción de un relleno sanitario en San Francisco Angulo, donde, según su exposición, la intervención amenaza áreas boscosas, fuentes superficiales de agua y espacios vinculados con la memoria histórica del conflicto armado.
Flores advirtió que la continuidad del proyecto podría afectar riachuelos y ríos, con consecuencias para las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.
Aeropuerto del Pacífico: impactos y retrasos
Otro de los temas abordados fue la construcción del Aeropuerto del Pacífico, en La Unión, proyecto que Flores cuestionó por sus impactos ambientales y sociales.
De acuerdo con el representante de MILPA, desde finales de 2024 las labores se han concentrado principalmente en el terraciado del terreno, sin que se haya avanzado como se esperaba en la construcción de infraestructura aeroportuaria.
Flores atribuyó parte de los retrasos a las condiciones topográficas del lugar seleccionado y señaló que los trabajos han implicado la remoción de terrenos y la destrucción de áreas de bosque tropical seco.
También denunció el desplazamiento de más de 225 familias de las comunidades Contadillo y Flor de Mangle, que tenían viviendas y parcelas agrícolas en la zona.
A estas afectaciones sumó la reducción del acceso al agua para comunidades del distrito de Conchagua, debido a intervenciones en ríos, manantiales y otras fuentes superficiales.
El representante de MILPA señaló, además, que algunas familias reubicadas todavía no cuentan con escrituras que respalden legalmente los terrenos e inmuebles que recibieron como compensación.
Advirtió que una eventual ampliación de la carretera del Litoral podría generar nuevas afectaciones para estas familias, que ya fueron desplazadas por las obras aeroportuarias.
Flores también denunció daños en otras zonas utilizadas para extraer material para el terraceo del futuro aeropuerto del Pacífico, entre ellas áreas montañosas cercanas a la laguna de Olomega.
