Colectivo de Derechos Humanos conmemora 39 años del asesinato de Herbert Anaya Sanabria

Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria conmemoró el 39 aniversario del asesinato del defensor de derechos humanos, ocurrido el 26 de octubre de 1987, y reiteró su exigencia de justicia para las víctimas de crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

La actividad se realizó en el redondel que lleva el nombre del defensor, donde organizaciones sociales recordaron su trayectoria y el legado de su trabajo en favor de las personas perseguidas por el Estado. Durante el homenaje, también expresaron su solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia frente a la ofensiva israelí, a la que calificaron como una agresión yanqui-sionista.

Herbert Ernesto Anaya Sanabria nació en 1954 y provenía de una familia trabajadora. Desde su infancia conoció las dificultades económicas y las condiciones de explotación que enfrentaban los trabajadores agrícolas, pues combinó sus estudios con las temporadas de corta de café. Posteriormente, gracias a una beca remunerada, cursó la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, donde también participó en el movimiento estudiantil.

Durante su trayectoria, integró el Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende (FUERSA) y defendió los derechos de los estudiantes becarios. Asimismo, acompañó las luchas de organizaciones sindicales, trabajadores de la construcción y comunidades campesinas afectadas por la construcción de la presa Cerrón Grande.

Su labor también estuvo vinculada a la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), organización no gubernamental que presidió, desde la cual documentó y denunció violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Además, contribuyó al trabajo organizativo de familiares de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por motivos políticos.

En mayo de 1986, Anaya Sanabria fue capturado por agentes de la Policía de Hacienda, quienes, según el relato difundido por el colectivo, lo mantuvieron incomunicado y lo sometieron a torturas físicas y psicológicas durante 15 días. Pese a ello, continuó denunciando las violaciones cometidas contra la población salvadoreña.

Durante su cautiverio, participó, junto con otros integrantes de la CDHES y presos políticos, en la elaboración del informe “La tortura en El Salvador 1986”, basado en testimonios de 432 personas detenidas. El documento describió 40 formas de tortura que, según sus autores, eran utilizadas contra personas vinculadas a distintos sectores sociales.

Tras recuperar su libertad, el defensor retomó su trabajo, pese a las amenazas contra su vida y la de su familia. En agosto de 1987, de acuerdo con el colectivo, el entonces director de la Policía de Hacienda, general Reinaldo Golcher, lo señaló públicamente como el supuesto cerebro de la CDHES y lo vinculó con la guerrilla. Ese mismo mes, un grupo de hombres armados intentó secuestrarlo, pero logró escapar.

El 26 de octubre de 1987, aproximadamente a las 6:45 de la mañana, Anaya Sanabria fue asesinado por hombres armados vestidos de civil cuando se disponía a llevar a sus cinco hijos al colegio. La organización sostiene que los responsables eran miembros de la Policía de Hacienda y que agentes de la Policía Nacional se encontraban en las cercanías del lugar. El crimen permanece impune, según la denuncia del colectivo.

La organización también cuestionó el proceso judicial desarrollado tras el asesinato. Según su versión, Jorge Alberto Miranda fue condenado a seis años de prisión con base en una declaración obtenida bajo coacción, pese a que posteriormente se retractó. El colectivo sostiene que no se investigó ni sancionó a los autores materiales e intelectuales del crimen.

A 39 años del asesinato, el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria reiteró su demanda de juicio y castigo para los responsables de ese homicidio y de otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, entre ellos las desapariciones forzadas, las torturas sistemáticas y las masacres.

Asimismo, la organización exigió el restablecimiento del Estado de derecho, la suspensión del régimen de excepción, la liberación inmediata de las personas que considera inocentes y de los presos políticos, así como el juzgamiento de los responsables de muertes bajo custodia estatal.

El legado de Anaya Sanabria continúa vinculado, para sus compañeros y organizaciones que recuerdan su trayectoria, a la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia y la aspiración de construir una sociedad con paz, dignidad y justicia social.