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Saúl Méndez
Colaborador
El Observatorio Regional de Derechos (ORD), en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos, cada 26 de octubre, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, entre ellos la intimidación, la criminalización y el hostigamiento.
La organización recordó que hace 13 años la Asamblea Legislativa declaró esta fecha como una jornada de reconocimiento a la labor de quienes promueven y protegen los derechos humanos, mediante el Decreto Legislativo n.º 288.
El artículo 1 de dicho decreto establece que la conmemoración busca reconocer el trabajo de sensibilización sobre la importancia de los derechos humanos para el desarrollo de los pueblos democráticos. Sin embargo, el ORD destacó que este reconocimiento debe acompañarse de medidas de protección que permitan a las personas defensoras continuar su labor en condiciones seguras y dignas.
Durante los últimos años, la defensa de los derechos humanos en el país se ha convertido en una actividad de alto riesgo y se ha desacreditado el papel de quienes realizan esta labor en las comunidades y los territorios.
El observatorio también recordó que, en 1998, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, que reconoce como tales a las personas y grupos que trabajan pacíficamente para promover, proteger y procurar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo, destacó que la labor de mujeres, hombres y personas de la población diversa ha contribuido a frenar proyectos que amenazaban derechos como el acceso al agua, la vida, un ambiente sano y la libertad de expresión.
Pese a estos aportes, el ORD afirmó que las personas defensoras enfrentan un contexto de mayor intimidación, criminalización y exclusión, además de la falta de recursos y de mecanismos de protección. También indicó que algunas han tenido que abandonar el país para salvaguardar su seguridad y la de sus familias.
Ante esta situación, el observatorio hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas que garanticen la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos. Asimismo, instó a los tomadores de decisiones a abstenerse de promover, ejecutar o tolerar acciones de intimidación, vigilancia arbitraria, estigmatización, hostigamiento o represalias contra personas y organizaciones defensoras.
La organización también pidió fortalecer las políticas públicas, los mecanismos de prevención y las normas destinadas a garantizar que esta labor se ejerza de manera libre, segura e independiente, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño.
Por otra parte, solicitó a los mecanismos regionales e internacionales de protección, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, reforzar el monitoreo de las vulneraciones contra personas y organizaciones defensoras en El Salvador, así como prestar atención a posibles patrones de hostigamiento, criminalización y restricciones a su trabajo.
El ORD expresó su reconocimiento a quienes continúan defendiendo los derechos humanos pese a las condiciones que enfrentan y manifestó su solidaridad con las personas que han sufrido agresiones o se han visto obligadas a abandonar sus territorios.
