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Redacción Nacionales
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El doctor y presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los trabajadores de la salud despedidos y la nula acción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el tema.
El doctor señaló que, desde mediados de 2024, se ha implementado por parte del Estado “una política de despidos injustificados del personal de salud”, tanto en el Ministerio de Salud como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Solidario de Salud (FOSALUD).
Solano citó las denuncias de sindicatos y organizaciones de la salud sobre los despidos, los cuales hasta mediados de 2026 eran alrededor de 7 700 trabajadores.
El caso más reciente de despidos injustificados y masivos ocurrió el 23 de diciembre de 2025, donde 1 800 trabajadores de salud del Hospital Nacional Rosales fueron despedidos sin seguir los debidos procesos de ley; es decir, “no recibiendo una carta que hiciera constar las razones del despido del trabajador y no recibiendo la justa indemnización que les corresponde”.
El doctor señaló que “muchas de las personas despedidas se encontraban de vacaciones anuales, de permiso por maternidad, con incapacidades médicas, e incluso fueron despedidos directivos de sindicatos de salud a quienes les protegen un fuero sindical”.
El Colegio Médico ha documentado casos de extrabajadores de la salud que han buscado el apoyo institucional de la PDDH, pero no obtuvieron respuestas por parte de la institución; los trabajadores solicitaron audiencia a Raquel Caballero de Guevara, pero no se ha logrado concretar.
“Hasta la fecha no se registran pronunciamientos públicos, alertas formales o informes de intervención directa por parte de la Procuraduría, específicamente sobre los despidos masivos de trabajadores y personal de salud”, lamentó Solano.
Es de recordar que, un día previo a Navidad, el Gobierno despidió a casi 2 mil trabajadores de la salud del Rosales, desde enfermeras, médicos y personal administrativo, sin razones y sin las indemnizaciones; este sector ha buscado ayuda inclusive de la Asamblea Legislativa, pero no han sido escuchados.
“¿Cuáles son las implicaciones que tiene sobre la salud de la población salvadoreña esta política estatal de despidos del personal de salud? El sistema de salud siempre se ha caracterizado por tener los mismos problemas estructurales que han impedido brindar una atención en salud de calidad a los usuarios del sistema público, que en el último quinquenio se han profundizado”, planteó el médico.
Los problemas a los que se refiere Iván Solano Leiva son la escasez de personal de salud cualificado, desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, citas médicas y para exámenes de laboratorio prolongados.
“Esta política estatal de despidos viene a incrementar más los problemas, impactando de manera negativa en una atención oportuna de calidad que se brinda a la población usuaria del sistema público de salud. Es por ello que se vuelve vital una participación activa y decidida de la señora procuradora y la institución que preside en vigilar que no se vulnere, por parte del Estado, el derecho humano a la salud”, puntualizó Solano.
Parte de las respuestas que han dado los delegados de la PDDH a los trabajadores de la salud que pidieron apoyo fueron que los trabajadores eran parte del mismo Estado y no se puede “atacar” al Estado, sino defenderlo.
“Ahora ya son 10 meses de los despidos injustificados de trabajadores de la salud del Rosales, no ha habido ningún pronunciamiento público por parte de la señora procuradora al respecto”, lamentó Solano.
