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Redacción Nacionales
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Los periodistas Leonel Herrera y Francisco Valencia abordaron el tema de la audiencia pública de la CIDH en Panamá, en la que participaron, entre otros, el representante del Colegio Médico, del Socorro Jurídico Humanitario y CRISTOSAL, entre otros, así como la participación de tropas salvadoreñas en Haití, en el programa Encuentro con Julio Villagrán.
Leonel Herrera sostuvo que las denuncias internacionales deben trascender las violaciones relacionadas con el régimen de excepción y poner sobre la mesa otras problemáticas que, a su juicio, permanecen invisibilizadas: el deterioro de los servicios públicos, la falta de acceso a información estatal y el funcionamiento desigual de la justicia.
Ambos consideran que la reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que participó el presidente del Colegio Médico de El Salvador, Iván Solano Leiva, representa un avance en la exposición internacional de las denuncias sobre las violaciones en el país.
La intervención del dirigente gremial puso en evidencia, según los periodistas, que las afectaciones a los derechos humanos no se limitan a las detenciones arbitrarias y las condiciones de las cárceles, sino que también alcanzan a trabajadores despedidos y a la población que enfrenta dificultades para recibir atención médica.
Despidos en salud y afectación a los pacientes
Durante la audiencia ante la CIDH, Solano Leiva denunció que desde mediados de 2024 el Estado salvadoreño ha implementado una política de despidos que afecta al personal del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).
De acuerdo con las cifras expuestas por el presidente del Colegio Médico, hasta mediados de 2026 alrededor de 7,700 trabajadores de salud habrían sido despedidos. El caso más reciente señalado fue el del Hospital Nacional Rosales, donde el 23 de diciembre de 2025 fueron cesados aproximadamente 1,800 trabajadores.
Solano afirmó que los despidos se realizaron sin respetar los procedimientos legales, pues los trabajadores no recibieron documentos que justificaran las decisiones ni las indemnizaciones correspondientes. También denunció que algunos afectados se encontraban de vacaciones, con permisos de maternidad o incapacidades médicas, mientras que otros eran dirigentes sindicales.
Valencia consideró que estas decisiones tienen consecuencias directas en la atención de la población. Señaló que la reducción de personal provoca aglomeraciones en las unidades de salud, que deben atender pacientes que anteriormente acudían a hospitales públicos.
“Al final, el afectado es el paciente”, enfatizó Valencia, al cuestionar que, mientras se despide a médicos salvadoreños, el Gobierno publique convocatorias para contratar profesionales extranjeros.
Los comunicadores insistieron en que la contratación de médicos de otros países no debería ser cuestionada cuando responde a necesidades reales, pero consideraron contradictorio que se prescinda de profesionales nacionales mientras persisten problemas de cobertura en los servicios públicos.
PDDH bajo cuestionamiento
Otro de los puntos centrales de la conversación fue el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución que, según los periodistas, debería actuar ante las denuncias de trabajadores despedidos y otras vulneraciones.
Solano Leiva afirmó ante la CIDH que extrabajadores de salud han solicitado apoyo jurídico a la Procuraduría sin obtener respuestas satisfactorias. También señaló que, pese a haber enviado correspondencia solicitando una audiencia con la procuradora, no habían sido recibidos.
Herrera calificó de preocupante el silencio institucional y sostuvo que la denuncia internacional debe evidenciar las deficiencias de las instituciones encargadas de garantizar derechos.
Herrera cuestionó las declaraciones de la procuradora, Raquel Caballero, sobre la ausencia de denuncias de tortura en el país, y consideró que la funcionaria debe rendir cuentas por su actuación.
Los periodistas también señalaron que la denuncia internacional debe incluir el funcionamiento de la Fiscalía General de la República, el sistema judicial y la Corte de Cuentas, instituciones que, según su valoración, no estarían cumpliendo adecuadamente sus responsabilidades.
La salida de Tony Saca y las dudas sobre la justicia
En el programa también abordaron la orden de libertad del expresidente Elías Antonio Saca, quien, según información periodística podía recuperar su libertad a partir del 27 de octubre de 2026, tras cumplir una condena de diez años por corrupción.
Saca fue condenado en septiembre de 2018 por el desvío y lavado de aproximadamente 301 millones de dólares de fondos públicos durante su administración. La sentencia también contempló una responsabilidad civil de 260 millones de dólares.
Herrera y Valencia afirmaron que el cumplimiento de la condena debe respetarse, pero cuestionaron que no exista claridad sobre la recuperación del dinero sustraído.
Asimismo, advirtieron sobre posibles diferencias en la aplicación de la justicia. Herrera recordó que personas de escasos recursos han permanecido detenidas incluso después de recibir órdenes de libertad, y planteó que el caso de Saca permitirá observar si las autoridades actúan de manera uniforme.
Los comunicadores también cuestionaron la falta de investigaciones contra funcionarios actuales señalados por despidos laborales y otras actuaciones, y reclamaron que los procesos por corrupción no se limiten a determinadas figuras políticas.
Haití: transparencia sobre la misión salvadoreña
La participación de soldados salvadoreños en Haití fue otro de los temas que generó cuestionamientos.
Herrera y Valencia manifestaron preocupación por la falta de información sobre el número de efectivos desplegados, el financiamiento de la operación y la cadena de mando bajo la cual actúan.
Durante el programa retomaron una publicación del periodista Ricardo Valencia, quien advirtió sobre la posibilidad de que las tropas salvadoreñas estén coordinando directamente con Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, en lugar de depender exclusivamente de la fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas.
Los periodistas señalaron que esa posibilidad requiere aclaraciones oficiales. También cuestionaron cuánto le cuesta al país la operación y si los recursos provienen del Gobierno salvadoreño o de Estados Unidos.
Valencia recordó que inicialmente se habló de 2,500 soldados, mientras que posteriormente circularon cifras de 500 efectivos. Ambos insistieron en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de la misión.
Valencia también cuestionó el anuncio de un ultimátum a las estructuras criminales haitianas para recuperar a cuatro soldados salvadoreños, al considerar que una declaración pública de ese tipo podría poner en riesgo a los militares.
Finalmente, los periodistas advirtieron que la operación en Haití podría desviar la atención de otros problemas nacionales, entre ellos la situación de los trabajadores despedidos, las denuncias de corrupción y las promesas gubernamentales relacionadas con la liberación de colaboradores de pandillas.
