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Saúl Méndez
Colaborador
El lunes 22 de junio venció el plazo otorgado por el Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado, Juez 3, para que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara el dictamen de acusación contra los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes permanecen en prisión desde hace dos años sin haber enfrentado juicio. Ante esta situación, la Asociación de Veteranas y Veteranos de Guerra del FMLN (AVEG-FMLN) exigió que la Fiscalía solicite el sobreseimiento definitivo de los veteranos, por ser inocentes de las acusaciones.
Los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados entre el 30 y 31 de mayo de 2024 por los delitos de agrupaciones terroristas y actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares, hechos que presuntamente habrían ocurrido en el contexto de la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la defensa técnica sostienen que no existen elementos probatorios y que la acusación busca criminalizar a dirigentes opositores.
Aunque la FGR solicitó una prórroga de 24 meses de detención provisional para los veteranos mientras continuaba recabando pruebas, el 3 de diciembre el tribunal únicamente autorizó seis meses. En esa ocasión, la jueza señaló que si el Ministerio Público no contaba con más elementos probatorios, debía solicitar un sobreseimiento, ya fuera definitivo o provisional, y que ya no podrían continuar solicitando nuevas ampliaciones.
Guillermo García, abogado defensor de José Santos Melara, conocido como “Pepe”, y Luis Rolando Menjívar, considera que la detención de los veteranos por los presuntos actos de terrorismo que se les atribuyen fue ilegal y arbitraria, ya que hasta la fecha no existen pruebas suficientes para sostener la acusación. Además, atribuyó el encarcelamiento a un intento de debilitar los movimientos sociales.
«Necesitaban callar a Pepe porque era un gran líder de ANVEG, representante del INABVE, pero también era el que manejaba el liderazgo a través de la Alianza El Salvador en Paz», afirmó García.
«Era necesario callarlo y eso demuestra que lo que ha habido en el caso de Pepe es una persecución política por parte de este gobierno que está de turno», manifestó.
Los líderes de la ANVEG también expresaron preocupación por lo que considera un deterioro de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y las garantías fundamentales de la población salvadoreña. Según la organización, estos hechos se reflejan en casos como el de los líderes veteranos de la alianza, así como en los procesos contra Ruth López, Enrique Anaya y otros considerados presos políticos, situaciones que, afirman, han sido posibles bajo la vigencia del régimen de excepción solicitado por el Consejo de Ministros a iniciativa del presidente Nayib Armando Bukele Ortez hace cuatro años y tres meses.
«Hoy, en el año 2026, después de 34 años de la Firma de la Paz, sigue vigente la arbitrariedad tirana mediante el abuso y la concentración de poder del Órgano Ejecutivo, profundizando la represión y el ensañamiento contra defensores de derechos humanos y personas críticas al sistema de gobierno, tales como periodistas, activistas y líderes sindicales», lamentaron.
«Los detenidos políticos y las torturas morales siguen siendo el procedimiento preferido del régimen de Nayib Bukele como método de investigación y castigo», aseguró la organización de veteranos.
Los veteranos recordaron que en abril de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que expresó serias preocupaciones sobre los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador. En dicho documento, la Comisión reiteró su llamado a poner fin al uso continuado de esta medida como parte de la estrategia de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia.
«No se vale combatir las ideas con cárcel. No se vale combatir la disidencia política mediante la aplicación del régimen de excepción, que en teoría dijeron que solo era para los miembros de las estructuras criminales de las pandillas. Pero aquí ha quedado demostrado, como en el caso de los compañeros veteranos, como en el caso de Ruth López y como en el caso del doctor Enrique Anaya, que existe persecución política contra quienes piensan diferente», expresó el abogado defensor.
La preocupación manifestada en el informe de la CIDH, con la cual coincidió la AVEG-FMLN, surge a partir de denuncias sobre detenciones ilegales y arbitrarias de carácter sistemático y generalizado, así como actos de tortura, muertes bajo custodia estatal, condiciones inhumanas de detención y afectaciones a las garantías constitucionales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
«Se sabe, según información oficial, que desde el inicio del régimen de excepción han sido detenidas más de 91,500 personas. Además, organizaciones de la sociedad civil estiman que la población penitenciaria del país supera actualmente las 130 mil personas privadas de libertad. Asimismo, se han registrado al menos 500 muertes bajo custodia estatal entre el inicio del régimen de excepción y el 10 de marzo de 2026», denunciaron.
«Como víctimas de la acción represiva del Estado salvadoreño, a dos años de la detención ilegal, arbitraria e injusta de nuestros compañeros dirigentes y veteranos de guerra de la Asociación ANVEGEFMLN: Atilio Montalvo (Chamba Guerra), José Santos Melara Yánez (Pepe), Julio Alfonso Mira Dimas y el colaborador de comunicaciones Luis Rolando Alberto Menjívar, presos políticos del régimen, exigimos a la Fiscalía General de la República que presente el dictamen de acusación este 22 de junio, por ser el plazo legal otorgado por el Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado, Juez 3, y que en dicho dictamen establezca su solicitud de sobreseimiento definitivo por falta de pruebas», exigieron.
También solicitaron a la jueza del Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado, Juez 3, otorgar la libertad inmediata de los procesados por considerar que no existen pruebas que sustenten las acusaciones formuladas por la Fiscalía y que se decrete el sobreseimiento definitivo o la absolución definitiva.
«Responsabilizamos al fiscal general de la República y al director general de Centros Penales por la comisión de crímenes de lesa humanidad, tal como regula el Estatuto de Roma en su artículo 7. Para los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional; tortura, entendida como causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control», concluyeron.
