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Eugenio J. Ríos
Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional hace rato están acercando la antorcha incendiaria a la libertad institucional del país poniendo en grave peligro a la incipiente democracia y el Estado de Derecho, con los fallos, resoluciones y sentencias emitidas la mayoría de ellas afectando a los Órganos Ejecutivo y Legislativo.
El mismo hecho de no emitir las sentencias por consenso, pues raramente los acompaña el magistrado presidente, expresa criterios e interpretaciones de la Constitución muy distintas y variadas, además de proceder más por razones políticas y técnicas que constitucionales.
El incendio provocado ha afectado mucho al Órgano Ejecutivo, pero sobre todo a la población en general, como se ha podido apreciar con el bloqueo de los $900 millones destinados a la seguridad, a financiar los programas sociales y a mayor cobertura en salud y educación.
En la actualidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación enfrenta serios problemas para cancelar a sus proveedores, los pequeños y medianos empresarios encargados de proporcionar el calzado, los uniformes y los útiles a un millón 400 mil estudiantes de las escuelas públicas del país.
El Salvador también debe honrar sus deudas con organismos internacionales y países amigos que han confiado en la honradez y eficiencia de este gobierno, precisamente las sentencias de la Sala de lo Constitucional van dirigidos a extender este fuego para debilitar y hacer crisis en las finanzas del Estado.
En las resoluciones emitidas, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no están solos, todo indica poderes ocultos moviendo muchos de los hilos colgando de las oficinas donde estos jueces estudian las demandas presentadas sobre determinadas leyes, lo extraño es que la mayoría de los demandantes pertenecen al partido Arena.
El gobierno del FMLN no hace las obras para captar afiliados, es una obligación el atender las necesidades de la población, de mantener planes estratégicos contra la delincuencia y el crimen organizado, construir y reconstruir escuelas, unidades de salud y hospitales, mantener en buenas condiciones la red vial del país.
Por eso sostenemos que los ataques de Arena si bien van dirigidos al gobierno del FMLN, en última instancia afectan a la población, sobre todo la más vulnerable, los subsidios del agua, la electricidad, el transporte público y el gas propano, tienen nombre y apellido y deben mantenerse para la estabilidad y el desarrollo del país.
Los dirigentes de Arena insisten en su campaña de desprestigio acusando a muchos funcionarios de negligentes e incapaces, entre ellos al Ministro de Obras Públicas y a la Secretaria de Inclusión Social, quienes por cierto han sido los mejor evaluados por la población en los diversos estudios de opinión pública.
No les agrada la construcción de pasos a desnivel que están contribuyendo a descongestionar y agilizar el tráfico en la capital, lo mismo las modernas autopistas en el interior del país y las obras de mitigación de riesgos ayudando a salvar muchas vidas y proteger miles de hogares en comunidades deprimidas. Las seis sedes de Ciudad Mujer han tenido un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, miles de familias han sido beneficiadas y los testimonios agradecidos incluso han sacudido los cimientos de la Sala de lo Constitucional, donde también se agrede y se amenaza a estos funcionarios y sus exitosos programas.
La antorcha incendiaria no se ha detenido y de sentencias con dedicatoria se pasa a las contradicciones y a las interpretaciones caprichosas de la Constitución, por cierto los cuatro magistrados hace mucho rato también se graduaron de diputados y hacedores de leyes justificando el apelativo dado por la población de una verdadera dictadura de jueces.
