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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Diferentes organizaciones comunitarias, colectivos ecologistas e instituciones defensoras de los derechos humanos de Guatemala y El Salvador se reunieron este 18 de septiembre de 2026 para conmemorar el cuarto aniversario de un hito democrático sin precedentes en la región: la Consulta Municipal de Vecinos de Asunción Mita. Aquel 18 de septiembre de 2022, un total de 8,509 residentes acudieron a las urnas locales para decidir el destino ambiental de su territorio, logrando un contundente 87.9 por ciento de votos a favor del NO a la minería metálica. El rechazo popular paralizó en su momento las operaciones del proyecto minero Cerro Blanco, perteneciente a la multinacional canadiense Bluestone Resources.
La trascendencia de este ejercicio democrático fue reevaluada durante la conmemoración tras la difusión de un informe exhaustivo elaborado para la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), con el respaldo del Centro para la Justicia Económica y Acción, así como del Centro Dolores Huerta de Investigación de las Américas de la Universidad de California, Santa Cruz. El documento expone el papel fundamental de los procesos de consulta popular en la protección ambiental y analiza en detalle la sistemática estrategia emprendida por empresas transnacionales y sectores estatales para desacreditar la decisión soberana del pueblo miteco.
Desde la perspectiva comunitaria, la consulta municipal surgió como la única vía legítima para frenar la mina Cerro Blanco, tras años en los que múltiples demandas e impugnaciones técnicas presentadas ante los tribunales guatemaltecos fueron desestimadas o archivadas. Julio González, activista e integrante de la Asociación Colectivo Madreselva, enfatizó la continuidad de esta lucha al señalar que la resistencia ciudadana acumula más de 17 años enfrentando la negligencia y la corrupción estatal, males que han favorecido desmedidamente a corporaciones como Entre Mares S.A., Goldcorp, Bluestone Resources, Elevar Resources y actualmente Aura Minerals, firma que tomó el proyecto bajo la denominación Era Dorada.
Las preocupaciones que motivaron el voto masivo del año 2022 permanecen vigentes. La mina Cerro Blanco amenaza con contaminar de forma irreversible los recursos hídricos locales mediante el uso desmedido de cianuro y la liberación de sustancias peligrosas en zonas con altos niveles naturales de arsénico. Esta amenaza sobrepasa las fronteras nacionales debido a que el proyecto se sitúa en la cuenca transfronteriza que alimenta directamente al Río Ostúa, al Lago de Güija y al Río Lempa, este último considerado la principal fuente de abastecimiento de agua potable y desarrollo agrícola para millones de habitantes en El Salvador.
Sobre esta dimensión transfronteriza, Nely Silva, representante de la organización Mujeres Ambientalistas Transfronterizas, destacó la labor que los grupos de mujeres han sostenido como cuidadoras del recurso hídrico a lo largo de todo el proceso democrático. Silva expresó una profunda preocupación por el irrespeto a los resultados de las consultas locales y lamentó los retrocesos registrados en la región, haciendo un llamado expreso a la población miteca para defender la soberanía de su territorio. Por su parte, Lesly Monroy, vocera técnica de la Mancomunidad Trinacional y Transfronteriza del Río Lempa, advirtió que las investigaciones desarrolladas desde sus programas reflejan un impacto directo en la salud de la niñez y adolescencia, identificando alteraciones en su desarrollo hormonal debido a la presencia de químicos en Asunción Mita y sus alrededores, una problemática ecológica que golpea por igual a Guatemala, El Salvador y Honduras.
El informe presentado por ACAFREMIN revela que, ante el triunfo del NO en las urnas, las empresas mineras desplegaron complejas estrategias para debilitar la consulta local. Bluestone Resources contrató a la firma global de comunicación Llorente y Cuenca para ejecutar campañas mediáticas orientadas a contrarrestar la movilización comunitaria, además de promover iniciativas de compra de favor mediante obras sociales y sobornos a dirigentes. Paralelamente, se documentaron presiones para cancelar programas radiales de opinión crítica como Buenas Noches Mita, el despliegue de páginas anónimas de difamación como La Lupa Miteca, el acoso a observadores internacionales y la persecución judicial directa contra líderes ambientalistas, uno de los cuales debió exiliarse por motivos de seguridad.
La batalla legal tuvo un capítulo decisivo cuando la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un fallo en el que declaró que las consultas municipales no son vinculantes en materia de explotación minera. Esta resolución fue duramente cuestionada por la asesoría legal de la Resistencia Miteca y diversas organizaciones sociales, quienes demostraron que el fallo analizó un borrador técnico (el acta 04-2022) y no el reglamento definitivo aprobado por el Concejo Municipal que rigió formalmente la votación. Pese al acoso institucional, la movilización ciudadana logró desestabilizar financieramente el proyecto Cerro Blanco en su momento, generando efectos positivos en el entorno ecológico, como el resurgimiento de fuentes hídricas que habían desaparecido durante los primeros trabajos de exploración.
En el marco del cuarto aniversario, las organizaciones convocantes dieron lectura pública al manifiesto oficial a través de Jony Barrera, integrante comunitaria que dio voz al comunicado urgente dirigido a la opinión pública internacional. En el texto, suscrito por la Resistencia Miteca, Laudato Si’, la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (OFM), Convergencia Democrática, Colectivo Madreselva y ACAFREMIN, se denunció al Estado de Guatemala por faltar a sus deberes constitucionales de protección a la salud y a la vida, señalando que los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) carecen de rigor legal. Asimismo, denunciaron la complicidad de exfuncionarios del gobierno de Alejandro Giammattei y sectores judiciales en la desarticulación de la voluntad popular.
El comunicado resalta además la violación de pactos internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones advirtieron que someter a la cuenca del Río Lempa a riesgos de contaminación química severa vulnera la soberanía hídrica de El Salvador y Honduras, dejando en total indefensión a las poblaciones que dependen de estos caudales.
Ante este panorama, la Resistencia Miteca y las organizaciones aliadas exigieron al Ministerio Público la apertura inmediata de investigaciones penales contra los exfuncionarios que otorgaron y mantuvieron licencias mineras fraudulentas. Demandaron la anulación definitiva de todos los derechos de explotación en el municipio de Asunción Mita y convocaron a la sociedad civil, a las instituciones religiosas, a los sectores productivos y a la juventud centroamericana a mantener una resistencia cívica pacífica. El encuentro concluyó con una reafirmación de la soberanía popular y el llamado a extender la prohibición de la minería metálica a toda la región como la única vía para garantizar la vida y la sostenibilidad de las futuras generaciones.
