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Redacción Nacionales
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El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) denunció que la captura del exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, es arbitraria, porque desde el año 2020 cuando comenzó el proceso judicial, siempre cumplió con las disposiciones impuestas, las medidas sustitutivas para presentarse a firmar en forma sistemática, así como nunca dejar el país ni cambiar de domicilio.
El viernes 15 de agosto, el mismo juez resolvió que Lara seguiría con las medidas sustitutivas por haber demostrado siempre su disponibilidad a cumplirlas y presentarse a las audiencias respectivas puntualmente.
“Cuáles son las razones que tuvo el juez Primero de Sentencia para retractarse de su misma decisión, es evidente que dicho juez actúa sin independencia, bajo las órdenes del régimen gobernante para criminalizar y condenar a la oposición”, cuestionó.
El COFAPPES asegura que legalmente no hay fundamento para que el ex funcionario haya sido encarcelado, por lo cual se evidencia la persecución y prisión política ejercida contra Lara, al ser una decisión política del gobierno y el sistema judicial.
El COFAPPES indicó que, a esta fecha, después de cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha podido demostrar ninguna prueba que incrimine al ex ministro de Seguridad, sin embargo, el Tribunal 1° de Sentencia ordenó que permanezca detenido, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La organización exigió la libertad inmediata de Benito Lara, respeto a su integridad física, psicológica y derechos humanos; al mismo tiempo responsabilizó a las autoridades judiciales, fiscalía general y de centros penales de lo que pueda sucederle a Lara.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunció que, como parte de su política represiva, el gobierno ordenó la captura de Benito Lara, dirigente histórico de la izquierda salvadoreña y ex ministro de Seguridad durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Benito Lara fue uno de los mandos medios de la guerrilla durante la guerra civil.
“La captura no tiene fundamento legal, se trata de una nueva acción de persecución política y de violación de los derechos humanos, lo mismo ha sucedido con decenas de ex funcionarios y dirigentes políticos de oposición, con dirigentes populares, jóvenes, pobladores de comunidades, defensores de derechos humanos y otros sectores sociales”, agregó.
El COFAPPES consideró que, con esta acción, Bukele pretende seguir amenazando a la población, pues no se siente seguro del apoyo que dice tener, en la medida en que las condiciones de vida del pueblo desmejoran, el gobierno eleva la represión, esa es su mecánica y por eso prorroga el ilegal régimen de excepción y diseña falsos expediente para profundizar la persecución política.
El tribunal tomó la decisión de capturar a Benito Lara luego de escuchar el testimonio de un testigo protegido y revisar las pruebas presentadas por la FGR, que lo acusan de agrupaciones ilícitas y fraude procesal. El juez consideró que existe peligro de fuga, por lo cual ordenó detención preventiva durante el desarrollo de la vista pública.
