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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La responsabilidad sobre el Acuerdo de Escazú, ya no le compete al órgano Ejecutivo, que perdió la oportunidad de demostrar que hay un compromiso con el ambiente, al no firmar el país, y hoy tiene una sola vía, que es la adhesión y le compete a la Asamblea Legislativa”, explicó César Artiga, del Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú El Salvador.
Tras las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado 24 de septiembre, quien de manera contradictoria afirmó estar de acuerdo con el “espíritu” del Convenio de Escazú, pero le negó la firma 24 horas antes que terminara el plazo, diversas organizaciones que defienden el medio ambiente y derechos fundamentales de las comunidades como el derecho al agua, así como las personas defensoras que protegen con sus acciones los ecosistemas y bienes naturales, impulsa que la Asamblea Legislativa haga lo suyo. César Artiga agregó que serán los diputados y diputadas de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores, quienes tendrán que abordar el proceso de “adhesión”, ya cuando entre en vigor el Acuerdo de Escazú, tras perderse la oportunidad de ser del “Grupo de los 11” o como país fundador, ni podrá ser parte de los órganos que se van a conformar.
“Estamos a la cola, no solo en Escazú, sino en muchos temas, en un rezago terrible. Lo que consolida ese estilo de gobierno, esa manera de hacer la gestión pública, en la que hay mucho discurso y pocas acciones. Es lamentable, pero ninguna administración a lo largo de la historia del país, tiene el -sentido de urgencia-, hablar aquí de Cambio Climático, es algo de películas o documentales; hablar de pérdida de biodiversidad es lo que pasa en otros países. Sin embargo, somos un país que tiene apenas un 2 % de cobertura de bosque nativo y más del 90 % del agua está contaminada”, recordó.
Los diputados y diputadas con 43 votos (mayoría simple), podrán lograr la adhesión del Acuerdo de Escazú, por lo que las organizaciones demandaron del órgano Legislativo un comportamiento serio y comprometido con la vida y salud de la población.
“El Legislativo tiene la oportunidad de corregir ese error nefasto del presidente Nayib Bukele, y de consumar su amenaza de abandonar el medio ambiente del país, por lo que hemos oído su discurso, que ordenó al ministro de medio ambiente (Fernando López) liberar los permisos de medio ambiente, porque la inversión no se podía estancar. Están ausentes de esta problemática”, aseguró.
Asimismo, señalaron que en el discurso el presidente Bukele mencionó que habían dos cláusulas -que no le parecían- y las consultaría con el presidente de Costa Rica (Carlos Alvarado), a lo que las organizaciones aclararon que el contenido del Acuerdo de Escazú, no puede ser modificado.
“Es absurda y vergonzosa la declaración del presidente Bukele, porque cuenta con un equipo jurídico que le cuesta miles de dólares al Estado, es decir, al pueblo salvadoreño que les paga sus salarios. Y es lamentable, porque como Equipo Impulsor preparamos una Carpeta Técnica, un manual, videos animados, es decir, todo tipo de herramientas para que tomara el ciudadano presidente una decisión informada”, expresó Artiga.
En cuanto a favorecer el desarrollo y la vivienda, Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, señaló que esas declaraciones del presidente Bukele, denotaban un “profundo desconocimiento” de la realidad que la mayoría de la población salvadoreña enfrenta a diario.
“Una de las situaciones que seguimos experimentando, es la priorización lamentable de proyectos urbanísticos y beneficiar a las empresas constructoras, sin tener en cuenta la realidad nacional. Esos dos artículos que el presidente Bukele menciona que no se apegan a la realidad del país, pues creemos que tampoco sabe cuánto es el salario mínimo del país. El salario mínimo es de 300 dólares y en los proyectos urbanísticos que se construyen, las cuotas mínimas son de 500 dólares, ni uniendo dos salarios mínimos se logra pagar vivienda, alimentos, educación y servicios básicos. Debemos responder ¿de quién es el beneficio?, ¿quién sigue lucrándose de estos permisos? son para nosotros respuestas improvisadas que no tienen contexto de la realidad”, refirió.
Rodolfo Calles (Alianza Nacional contra la Privatización del Agua) señaló que Casa Presidencial contó con la información del Acuerdo de Escazú, desde marzo del presente año y dos días antes, de la firma lo rechaza por no estar de acuerdo con algunas cláusulas.
“Nos gustaría saber ¿cuál es su visión para promover proyectos de desarrollo? Porque este acuerdo de alguna manera garantiza la protección del medio ambiente; garantiza a la población contar con acceso la información en temas ambientales; garantiza su participación en la toma de decisiones en temas ambientales. Y tener acceso a la información sobre la situación ambiental de país y protege a las personas defensoras de derechos humanos esto es Escazú, ¿cuál es el temor?”, acotó.
Sobre el Acuerdo de Escazú, Luis González, en representación de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, consideró importante normar la protección de las personas defensoras de bienes naturales como agua, bosques y ecosistemas, que enfrentan a diario amenazas, por las denuncias de depredadores del medio ambiente.
“En el caso de la minería metálica somos testigos de la lucha de los ambientalistas, que llegó a los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su bebé (8 meses), y otra cantidad de ambientalistas amenazados, medios de comunicación comunitarios, líderes religiosos. Es por esto, que también necesitamos de manera urgente, contar con un marco regulatorio que proteja a las personas defensoras ambientales, porque ante la falta de capacidad del Estado de dar seguimiento a estos conflictos, esto queda en manos de la gente, líderes y lideresas, entonces, deben contar con herramientas que les protejan al realizar este trabajo y protegerlas de las amenazas y la violencia”, argumentó.
