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@caricheop
Con 79 votos a favor fue aprobado en la Asamblea Legislativa un decreto transitorio que permitirá el inicio de la aplicación de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial vigente desde 2011.
El decreto, que contó con el aval de todas las fracciones legislativas, dice que “no se ha creado la organización territorial (Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial) que establece dicho cuerpo normativo para la aplicabilidad de la misma, y
que para la correcta aplicación de la normativa se vuelve necesario emitir un decreto transitorio que prorrogue los efectos por un período de cinco años el artículo 100 de la ley, para adaptar los planes, así como la entrada en vigencia y conformación de los Consejos Nacionales y Departamentales”.
Es así como con esta disposición “procederán a la elaboración y aprobación de los planes de Desarrollo Urbano y Rural o Esquemas de Desarrollo Urbano en el plazo de cinco años y que los planes que se hallaren legalmente vigentes al momento de la entrada en vigencia de la ley deberán adaptarse a su contenido en el plazo de dos años”.
La ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementará la ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación, evaluación y de gestión territorial; así como el régimen sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones.
Mientras que al Consejo Nacional le corresponde, entre otras, la elaboración y aprobación de los instrumentos nacionales de Ordenamiento y Desarrollo territorial, como la Política y Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Sistema Nacional de Información Nacional, los que no se han constituido de manera oficial.
Este estará integrado por un delegado del Presidente de la República; el Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia; el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Obras Públicas, de Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano; Salud; Agricultura y Ganadería; y deberá incluirse al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, así como los alcaldes que delega y nombra COMURES.
La urgencia para la aplicación de la ley
“Todos los partidos expresaron la urgencia para la aplicación de la ley, porque es una necesidad de país. Hay que tener en cuenta que el Presidente de la República mencionó en su discurso de dos años de Gobierno, el tema del ordenamiento territorial y el Consejo (Nacional de Ordenamiento)”, manifestó Alberto Enríquez, subsecretario técnico y
de planificación.
El siguiente paso es que el Presidente Salvador Sánchez Cerén juramente a los miembros del Consejo “que estaría naciendo con un pleno respaldo de todas las fuerzas políticas del país”, recalcó el funcionario.
Carlos Ruíz, diputado del FMLN, dijo que “primero que nada agradecerle a las distintas fracciones políticas porque de manera unánime acordamos darle todo el apoyo a este decreto de prórroga porque es urgente, necesario e indispensable si estamos pensando hacer uso racional del territorio del que disponemos y poder aprovechar las bondades del territorio y que nos permita no cometer los errores que hasta ahora hemos venido cometiendo”.
Ricardo Godoy, de ARENA, expuso que “nos sumamos a esta iniciativa, porque también nuestros alcaldes y los de todos los partidos políticos necesitan que la ley los respalde”.
Mario Ponce, del PCN, enfatizó la necesidad de iniciar a aplicar la normativa porque “la ley busca involucrar a todas las instituciones, porque hemos identificado instituciones desorientadas, andan descoordinados, por eso la ley ordena crear un Consejo Nacional de Ordenamiento tenemos que orientar nuestros esfuerzos para que la población tenga acceso a agua, energía, educación y salud gratuita; la ley define las grandes líneas de acción”.
Este resultado es producto de una solicitud expuesta ante los diputados la Comisión de Asuntos Municipales por un selecto grupo de funcionarios encabezada por el también director general de territorialización del Estado de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, Alberto Enríquez, junto con la viceministra de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ana Daysi Villalobos; y el vicepresidente de la Corporación de Municipalidades de la República (COMURES), Pedro Durán.
