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Redacción Nacionales
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En la plenaria de este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó integrar nueve instituciones más a la Comisión Nacional de Protección Civil, ampliar las facultades del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y prorrogar, la Ley para la legalización de inmuebles adjudicados al FONAVIPO.
Protección Civil
Con 59 votos, la Asamblea Legislativa reformó el inciso 2 del artículo 8 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que está vigente desde 2005. La modificación permitirá que nueve instituciones públicas se sumen a la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, entidad encargada de coordinar las acciones de prevención de riesgos y actuar de manera articulada ante situaciones de emergencia o desastres en el territorio nacional.
Lo que se busca con la medida es adecuar y actualizar el trabajo de dicho organismo. Actualmente, la comisión la integra únicamente el ministro de Gobernación (quien también funge como presidente de esta) y el director general de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Los titulares y representantes de las instituciones que se agregarán a la comisión son los de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Vivienda, de Salud, de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Obras Públicas y de Transporte; de Defensa Nacional, de Educación, Ciencia y Tecnología, así como la Policía Nacional Civil (PNC).
También, habrá dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quienes serán elegidos por el presidente de la República de entre dos ternas propuestas por la gremial.
Asimismo, para tener representación de la zona occidental, central y oriental del país habrá tres asociaciones o fundaciones relacionadas con la protección civil, prevención y mitigación de desastres.
Amplían facultades del CENTA
Con 56 votos, el oficialismo, reformó las Disposiciones Especiales y Transitorias para Combatir la Inflación en los Precios de los Insumos Agropecuarios, con el objetivo de ampliar las facultades del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y facilitar a los productores el acceso a insumos y herramientas necesarias para sus actividades.
Con la aprobación de estas modificaciones, el CENTA podrá ampliar las opciones que actualmente ofrece a los productores a través de Agrocenta.
Según el oficialismo, los propósitos de reformar estas disposiciones, aprobadas el 21 de junio de 2022, son para enfrentar el incremento en los precios de los insumos agropecuarios y garantizar su disponibilidad, es brindar a los productores más alternativas para reducir costos y mejorar la eficiencia de sus labores.
Las reformas a la normativa permitirán que la institución pueda adquirir, importar, producir, almacenar, distribuir y comercializar semillas, granos básicos, maquinaria y equipos agrícolas. Es decir, podrá comprar externamente para vender localmente.
Otra de las medidas contempladas en las modificaciones, es que el CENTA pueda actuar ante situaciones de desabastecimiento, emergencias, afectaciones a la producción o variaciones extraordinarias en los precios de los mercados.
La institución podrá crear y administrar reservas estratégicas de insumos, semillas, granos básicos, maquinaria y otros productos agropecuarios, con el propósito de contar con existencias disponibles cuando sean necesarias.
Además, podrá utilizar sus propias instalaciones o contratar servicios para almacenar, manejar, distribuir y comercializar estos productos. Para estas actividades podrá coordinarse con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otras instituciones públicas.
Las reformas también facultan al CENTA para gestionar financiamiento con bancos nacionales y obtener recursos de fuentes nacionales e internacionales. Es decir, podrá solicitar préstamos. Estos recursos podrán utilizarse para financiar las actividades de abastecimiento agropecuario y fortalecer las capacidades de la institución, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipo, mejoras en infraestructura y contratación de personal, cuando sea necesario.
Asamblea amplía ley de inmuebles de PROCADES
En otro de los puntos de la plenaria de este miércoles, con 59 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó por cinco años la Ley Especial para la legalización de inmuebles adjudicados, vía judicial, al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
Es de recordar que en 1998, PROCADES recibió fondos del Gobierno para un programa de créditos colectivos para lotificaciones habitacionales, pero cayó en impago y se debió realizar un proceso judicial para que las propiedades a nombre de la asociación fueran embargadas y luego adjudicadas a FONAVIPO. Sin embargo, la asociación vendió los inmuebles a 245 familias de diferentes zonas del país, pero no les entregó los títulos de propiedad.
En octubre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la normativa que ha servido para ayudarles a resolver el problema. La normativa, que estaría vigente hasta el próximo 11 de octubre, establece un mecanismo para que los inmuebles adjudicados al FONAVIPO sean transferidos en donación a quienes los adquirieron y pagaron total o parcialmente su valor a PROCADES.
Además, permite solicitar ante el juez correspondiente el desembargo de los terrenos que no fueron adjudicados a la institución. Hasta la fecha, de las 245 familias 149 ya recibieron sus escrituras, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR).
Con la prórroga, las 96 que tienen trámites pendientes podrán avanzar con la legalización de los inmuebles, ya que tendrán hasta el 12 de octubre de 2031 para eso.
Los lotes están situados en Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo e Ilopango, en departamento de San Salvador; en San Pablo Tacachico y San Juan Opico, en La Libertad; en El Rosario y Cuyultitán, La Paz; en Tecoluca, en San Vicente y en Usulután y Puerto El Triunfo, en Usulután.
