Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa declaró, con 59 votos, «Estado de Emergencia Nacional» debido a la sequía meteorológica causada por el fenómeno «El Niño». El plazo en que estará vigente la emergencia será por 6 meses, prorrogables a solicitud del presidente de la República.
Según el planteamiento del decreto, “los efectos de la variabilidad y los fenómenos climáticos extremos han generado en el territorio salvadoreño condiciones adversas asociadas a la sequía meteorológica y agrícola, relacionadas con el fenómeno climático ´Súper El Niño´, el cual libera olas masivas de calor a la atmósfera que generan fenómenos hidrometeorológicos extremos que de forma errática y en algunos casos incontrolable, afectan el trópico mundial, con impactos progresivos y diferenciados sobre la disponibilidad de agua, las actividades agropecuarias, la producción de alimentos, los ecosistemas y los medios de vida de la población”.
Ante la situación, el Ministerio de Gobernación emitiño la alerta roja el 25 de agosto de este año, lo que “evidencia la existencia de un riesgo que requiere la adopción de medidas extraordinarias, coordinadas y oportunas por parte de las instituciones competentes, particularmente cuando sus efectos puedan comprometer la seguridad y el bienestar de la población y la prestación de servicios esenciales”.
Es por ello, que, de conformidad, al artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el presidente de la República pidió declarar “Estado de Emergencia” en todo el territorio nacional. “La sequía meteorológica y agrícola puede constituir un peligro para las personas, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas”, sintetizó el Gobierno.
De acuerdo a lo aprobado, entre las medidas inmediatas para la atención de la emergencia se encuentra el resguardo y la protección alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la situación meteorológica; prevención de impactos negativos en la producción agrícola, agroindustria y ganadería.
Además, otra de las acciones es la activación de todas las comisiones del todo el Sistema Nacional de Protección Civil.
Según la perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales del año y comienzos de 2027.
Un informe de la Dirección General de Protección Civil, firmado por Luis Alonso Amaya, hace una ponderación del riesgo sobre la sequía meteorológica; el que, en el sector agrícola, prevé “la ocurrencia de estrés hídrico en cultivos de primera, particularmente durante etapas críticas de desarrollo, lo que podría traducirse en pérdidas parciales de rendimiento”. Entre los cultivos más susceptibles incluyen: maíz, frijol y sorgo.
Sobre el recurso hídrico, “se anticipa una reducción en la disponibilidad hídrica superficial y subterránea, manifestada en: disminución de caudales en ríos de pequeño y mediano tamaño, menor recarga de acuíferos e incremento de la presión sobre los sistemas de abastecimiento de agua.
Y en cuanto a la seguridad alimentaria, se prevé una reducción en la producción agrícola local que podría derivar en un incremento en los precios de los alimentos básicos, así como la pérdida masiva de cultivos, ya que las sequías extremas y las lluvias a destiempo destruyen cosechas esenciales como el maíz, frijol, café, arroz y sorgo, y desde luego, afecta la seguridad del suministro.
Sobre el tema, el diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó al oficialismo sobre el rechazó a la propuesta que él presentó el pasado 20 de agosto, donde se le pedía al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) un plan de mitigación ante la sequía prolongada.
A juicio de Lira, parte del articulado que él presentó va incluido en la normativa que envió el Gobierno. “Qué lástima que ustedes siguen desconectados de la realidad que vive la agricultura de nuestro país, ¿qué cuesta?, pudimos haber convocado al ministro y a las instituciones para conocer este plan de mitigación, pero vuelven a abusar de la dispensa de trámite”.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que ahora es una “emergencia” porque el Gobierno dejó que se convirtiera en una. “Ya sabíamos desde abril de este año que íbamos a ser impactados por el fenómeno del Súper Niño y que íbamos a tener graves sequías en El Salvador. El Gobierno y el MAG no tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado y ahora viene esta necesidad de declarar un estado de emergencia”.
Francisco Lira espera que esta emergencia no vaya a saltarse todas las normativas de compras públicas; como pudimos verlo en pandemia, que ya sabemos como terminó en la CICIES, engavetados, ojalá que no vayan a aprovechar esta aprobación para hacer lo que quieran con esos recursos que podrían venir en las próximas semanas”, destacó Lira.
De hecho, el artículo 4 del decreto de Estado de Emergencia faculta a las diferentes instituciones de gobierno “administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos”, con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley.
A juicio de Claudia Ortiz, el Gobierno aprovecha este tipo de situaciones de emergencia para compras de bienes y servicios que “pasan de largo” las reglas que garantizan compras competitivas y transparentes. Ortiz citó el artículo 6 de la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), en donde establece que por la naturaleza de los eventos que serán atendidos por este fondo, “no se aplicará lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, hoy Ley de Compras Públicas; los salvadoreños saben que cuando esta Asamblea decreta emergencia, es como darle al Gobierno un cheque en blanco para hacer compras públicas sin mayor control”.
El artículo 7 de esa misma normativa establece que cuando se levante la emergencia, las instituciones que hubieran recibido recursos del FOPROMID, procederán a realizar la correspondiente liquidación de los mismos, anexando la documentación por cada liquidación realizada.
Ortiz recordó que el ministro de Gobernación, no ha realizado esos cierres que se han generado en años anteriores.
Protección Civil coordinará el Plan Nacional, Cancillería, coordinará la gestión y canalización de la cooperación internacional, el MAG, coordinará la gestión y canalización de las actividades relacionadas con el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, así como el almacenamiento de alimentos. Mientras que el ministro de Defensa, coordinará la logística de la asistencia humanitaria.
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