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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Ley Especial y Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia COVID- 19 fue calificada como positiva por el diputado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, por ser una normativa sanitaria que da certeza jurídica a los trabajadores y contempla los aspectos de reapertura económica, la cual podría iniciar a partir del 4 de junio.
Ponce afirmó que dicha ley es una normativa técnica, que sale del estudio presentado por el Gobierno, con aportes de los partidos políticos, el Colegio Médico y la Escuela de Economía y Negocios (ESEN), con una vigencia de 120 días.
La ley tiene cuatro aspectos importantes: regula las normas sanitarias, vigilancia de los protocolos médicos, desarrolla normas de control sobre los fondos públicos para atender la pandemia del COVID-19 y permite una apertura de los centros de trabajo de cómo y cuándo.
“El presidente debe conocer la ley antes de tomar una decisión, la ley de seguimiento a la cuarentena finaliza el 19 de mayo y la pandemia sigue, por lo tanto, el presidente necesita una herramienta legal para mantener la cuarentena, que le permita de alguna manera atender el problema de las personas contagiadas y evitar que las personas sanas se contagien. No hemos hecho una ley sacada de la manga de la camisa, tiene aspectos eminentemente sanitarios, pero contempla aspectos técnicos, como aperturar la economía”, sostuvo el parlamentario.
Asimismo, dijo que la ley no autoriza de inmediato el inicio de la economía, tampoco se trata de que a un lugar de trabajo llegue a la misma vez la cantidad de empleados como antes de la pandemia; sino, es de comenzar con un número determinado y el Ministerio de Salud vigilará el fiel cumplimiento de los protocolos sanitarios, como guardar el distanciamiento social, uso de mascarillas o caretas de protección, control de temperatura o cualquier síntoma de que la persona puede estar contagiada de coronavirus, lavado de manos constante e higienización del lugar de trabajo.
La primera fase iniciará ocho días después de su sanción, ya que el Gobierno debe preparar un plan de reapertura para cada sector y, a partir de 15 días, se pone en marcha dicho plan.
El presidente de la Asamblea Legislativa detalló que la ley prohíbe la educación con presencia de alumnos, los eventos públicos, fiestas patronales, reuniones masivas de personas; los establecimientos comerciales podrán funcionar con el 50 % del personal y las unidades del transporte público no deberán circular con más de la mitad de su capacidad; asimismo, se deberán desinfectar en cada viaje. Además, contempla el retorno gradual de los trabajadores, dejando al final a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
“La ley está sujeta a una revisión constante de los protocolos y las reformas que se le puedan hacer; la ley aprobada no es de emergencia, una legislatura de emergencia no es para mantener a personas en cuarentena, sino es para destinar recursos; esta es integral porque ve los diferentes aspectos, tanto de cuidar a la persona contagiada, como evitar que la población sana se contagie y trata el papel del Ministerio de Salud, que es el ente responsable de vigilar el fiel cumplimiento de los protocolos. La legislación crea también un comité técnico que se encargará de verificar los protocolos de salud, será juramentado por la Asamblea y tendrá amplias potestades”, agregó durante una entrevista televisiva.
La normativa también extiende beneficios a los usuarios de servicios básicos y acelera el tiempo de las respuestas de las pruebas de COVID-19 a las personas.
