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Alessia Genoves
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó, con 62 votos a favor, el recurso de correspondencia para conmemorar el “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”, en la pasada sesión plenaria.
La propuesta fue presentada por el partido Nuevas Ideas, y busca honrar la memoria de las personas que perdieron la vida durante el conflicto armado que vivió el país en la década de los ochenta.
La aprobación de la pieza de correspondencia se da en un contexto de controversia cuando hay 217 muertes en cárceles en el marco del régimen de excepción de garantías constitucionales y la militarización del Estado. El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha justificado estas medidas como una respuesta a la peligrosidad de las pandillas, que han estado implicadas en el asesinato de más de 11 mil salvadoreños desde 1994. No obstante, argumentaron que el documento firmado en Chapultepec establecía, entre otras cosas, la disposición del Ejército para labores de seguridad pública.
La política de seguridad es cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos -como la Fundación Cristosal, el Movimiento de Víctimas del Conflicto Armado y otras-, que denuncian la violación de los derechos fundamentales de la población y la falta de transparencia en la gestión de los recursos destinados a la seguridad pública. Según cifras oficiales, el Plan Control Territorial ha contraído el número de homicidios a los 197 al cierre del año fiscal 2023 -que es inferior respecto a los 457 registrados al cierre de 2022-; pero habría reducido a más de 7,000 personas inocentes a la población carcelaria, un escenario que no fue distinto para las más de 217 personas que perdieron la vida en el sistema carcelario, según el Socorro Jurídico Humanitario.
Legitimidad de la Firma de los Acuerdos de Paz
La aprobación de la pieza del “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado” tiene su origen en un contexto en el que se cuestiona la legitimidad de la Firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que supuso el fin al conflicto armado en El Salvador. Bukele ha desconocido la legitimidad de estos acuerdos al ser ratificados por personas implicadas directamente en el asesinato de más de 75,000 civiles, y la desaparición de más de 10,000 personas durante la Guerra Civil, por parte de las Fuerzas Armadas y de los líderes Combatientes.
En este sentido, es importante recordar que la Comisión de la Verdad -de la Organización de las Naciones Unidas-, creada como parte de los Acuerdos de Paz, señaló a los responsables de la ejecución y encubrimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Sin embargo, apenas un años después de su ratificación, sería solapada por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, promovida y ratificada por el expresidente Alfredo Cristiani Burkard, dio inmunidad a los exfuncionarios del Gobierno relacionados con la ejecución de decenas de masacres durante 1980 a 1992.
Estas ambivalencias suscitaron mayores controversias. En adelante, Cristini no sólo sería acusado de promover un salvoconducto a favor de los exfuncionarios de su gobierno, tras la disolución de la Ley de Amnistía en 2016; sino que también estaría siendo perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser acusado de participar en la Masacre de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y en la de dar ordenes para perpetrar la operación “Tierra Arrazada” en 1981, en el Caserío el Mozote y lugares aledaños, que dio muerte a más de 1,000 civiles, según la ONU. El expresidente aún no ha rendido declaraciones sobre esta última acusación, divulgada por la FGR en diciembre de 2023.
