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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó durante sesión plenaria extraordinaria -la madrugada de este martes- un nuevo marco normativo que otorga mayores herramientas al Gobierno para hacer cumplir la cuarentena domiciliar ordenada a la población a causa del brote de COVID-19 en el país.
El marco legal denominado Ley de Regularización para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, en general plantea el cierre total de las actividades productivas del país durante los próximos quince días, a excepción de aquellas que tengan que ver con alimentación y medicamentos.
El articulado de la ley contiene un listado de personas que debido a su ocupación (en su mayoría empleados de salud) podrán circular sin restricciones durante la implementación de la nueva ley, en el caso de la población en general solo podrá salir de sus hogares para abastecerse de alimentos, medicinas o buscar atención médica.
La aprobación del nuevo marco legal por los diputados de derecha, Nidia Díaz, coordinadora de fracción del FMLN manifestó que no votarían por la ley por considerar que da pie a posibles violaciones a los derechos.
“No votaremos por este dictamen, ya que esta ley que presenta el Ejecutivo reitera las condiciones para que cualquier persona sea vulnerada en sus derechos”, dijo la parlamentaria.
Una de las modificaciones significativas que contempla la legislación es que cuando las autoridades sorprendan a un ciudadano violentando la cuarentena domiciliar, será llevado a un establecimiento de salud donde supuestamente tendrán doce horas para administrarle una prueba para identificar si está infectado o no de COVID-19, de resultar negativo, el Ministerio de Salud determinará si la persona regresa a casa o es enviado a un centro de contención.
Al respecto, el artículo 16, en uno de sus incisos dice: “(…) para hacer cumplir tales medidas de forma coercitiva si fuese necesario, el MINSAL tendrá facultad de auxiliarse de la Policía Nacional Civil, quien podrá apoyarse de la Fuerza Armada”.
La ley también faculta para que “toda persona que tenga conocimiento de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 está obligada a notificar por cualquier medio al MINSAL, en cuyo caso se deberá de cumplir con el procedimiento establecido en el respectivo protocolo que tal efecto se emitiere”.
La ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y concluye el 19 de mayo próximo.
Luego de las valoraciones de los legisladores, el Pleno Legislativo aprobó con 56 votos a favor y 26 en contra la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, con la cual se establecen medidas de mayor rigurosidad para el desarrollo de la cuarentena domiciliaria en el país.
Posterior a la aprobación de la nueva normativa, Mario Ponce, presidente del Congreso salvadoreño cerró la sesión para aperturar una nueva plenaria en la se aprobaría un nuevo endeudamiento por $1 mil millones para financiar el plan gubernamental de rescate de las empresas.
“Aprobamos mil millones en deuda convencidos de que este país y los salvadoreños con más dificultades económicas necesitan un aliento para la reinserción económica. Aprobamos ayuda para los empleados a quienes sus patronos no podrán pagar sus salarios”, dijo Carlos Reyes, coordinador de fracción de ARENA.
Al filo de las tres de la madrugada el Congreso salvadoreño autorizó, con 56 votos a favor, al Ejecutivo para gestionar recursos por $1 mil millones, a través de Títulos Valores para construir un fideicomiso de recuperación económica de las empresas salvadoreñas afectadas por COVID-19.
Los fondos se distribuirán de la siguiente manera: $140 millones para subsidiar salarios de empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas, y $360 millones para ofrecer créditos a las mismas. Además se destinarán $100 millones a programas de financiamiento productivo para empresarios del sector informal.
El resto de los recursos ($400 millones) reforzarán el presupuesto general del Estado y servirán para pagar devoluciones de IVA a exportadores y saldar obligaciones de proveedores privados del Estado.
