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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad propiciar una normativa que garantice a las personas con discapacidad el acceso a sus derechos en igualdad con los demás sectores de la población, la Asamblea Legislativa aprobó, durante sesión plenaria extraordinaria, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en ingles), en 2018 en El Salvador vivían 463,075 personas con discapacidad, de las que 343,131 son adultos y 119,944 son niños y adolescentes.
La nueva legislación aprobada por los legisladores se respalda en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de este sector poblacional, que establece el compromiso de los Estados miembros de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
“Hemos dedicado en mayor tiempo al estudio de esta ley, que incorpora disposiciones fundamentales que garantizarán en cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Con esta legislación se espera dejar atrás la discriminación”, dijo Guisela de Portillo, diputada del FMLN.
En la normativa se considera de interés público la inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad y su participación plena de ella, en igualdad de condiciones a los demás grupos sociales
El marco legal recién aprobado reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, derecho a conformar una familia, propiedad y posesión, acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás y a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte.
El cuerpo normativo deposita en las instituciones públicas pertinentes el establecimiento de garantías para la movilidad, educación, salud, empleo, seguridad, acceso a servicios básicos, entre otros derechos de forma inclusiva a las personas con discapacidad.
“Esta ley es para crear un El Salvador accesible a personas con discapacidad, con enfoque de derechos humanos. Nosotros no somos un problema sino parte de la solución para nuestro país”, afirmó Eeileen Romero, diputada del PCN.
El Estado deberá, además, procurar la habilitación y rehabilitación de este sector de la población salvadoreña, con la finalidad de desarrollar, lograr y mantener su máxima independencia y participación plena en todos los aspectos en los ámbitos de salud, educación, empleo y servicios sociales.
La legislación establece al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) como ente rector de la Política Nacional de Inclusión de este sector, se encargará de elaborar un registro nacional de salvadoreños con discapacidad para formular y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos específicos en su beneficio.
