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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Luego de 15 años que se presentara la primera propuesta de ley de aguas y saneamiento, este martes por la noche, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, una ley gubernamental que busca reconocer el derecho humano y saneamiento, pero que obliga a las Juntas de Agua a pagar por el uso del canon.
En esta normativa se estipula la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que estará dirigida por una junta directiva con 9 representantes de instituciones de Gobierno, 1 de la Universidad de El Salvador, 3 de organismos zonales de cuenca, y 1 de la sociedad civil. Será esta entidad la encargada de autorizar los permisos para el uso y aprovechamiento del agua para entidades públicas y privadas. Podrá autorizar el uso y aprovechamiento del agua en áreas naturales que se encuentran protegidas.
La ley define a las “Juntas de Aguas” como “aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro con personería jurídica que tienen por finalidad prestar el servicio de agua potable y saneamiento a la comunidad”.
Se establecen dos niveles de autorización, el nivel 1 cuando el uso del agua solicitado sea igual o mayor a 365mil metros cúbicos por año. Este tendrá un permiso de 15 años renovables, algo que destacar sobre este, es que no establece un límite, en otras palabras, no se pone un límite de empresas que hagan uso del agua. Y el nivel 2, cuando el uso del agua sea igual o menor a 365 mil metros cúbicos de agua al año, este tendrá autorizaciones hasta por 5 años y podrá ser renovables.
En relación con el derecho y las obligaciones para el uso doméstico del agua, quedó establecido que no se requerirá autorización y no estará sujeto a pago.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no pagará el uso del canon, según se establece en el artículo 177. Cabe destacar que el beneficio que tendrá ANDA no lo tendrán las Juntas de Aguas, ya que sí pagarán por el uso del canon.
Justamente, el diputado Mauricio Linares, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), sostuvo que una de las propuestas que hicieron fue que las Juntas de Aguas no pagaran por cánones; sin embargo, “dentro de esta Ley de Agua no están exentas del pago”.
“Las Juntas de Agua a quienes benefician principalmente es a las personas con escasos recursos y donde no llegan los recursos de ANDA”, comentó el legislador.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, afirmó que aprobar la Ley de Aguas es una de las decisiones “más trascendentales y de mayor impacto para la vida de todos los salvadoreños”, puesto que, por más de 15 años se había intentado aprobar una ley de aguas pero sin lograrlo debido a la falta de consensos.
“Por más de 15 años, diferentes sectores, organizaciones y la sociedad en general han pedido un marco normativo que regule y proteja el recurso hídrico en nuestro país y simplemente no hubo la posibilidad de crear consensos, principalmente por motivos políticos-ideológicos y porque también habían intereses, por un lado intereses de bloqueo, por otro lado intereses de perpetuar el conflicto alrededor del tema del agua que no se ha podido decidir”, comentó Wright Sol.
Sostuvo que en esta ocasión, se aprobó una propuesta de ley de aguas de una fuerza política que controla todo.
Wright Sol cuestionó parte del proceso que se llevó a cabo para dictaminar favorable por parte de la Comisión Ad Hoc que estudió la ley, ya que no existió mayor debate. E incluso, se excluyó a las Juntas de Aguas en primer momento, pero debido a las demandas fueron reconocidas.
Justamente, fue el lunes que convocaron de forma urgente a la Comisión luego de llevar 2 meses de inactividad, en la sesión, modificaron algunos artículos y emitieron dictamen favorable para que este martes pasara al pleno.
La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien es miembro de la Comisión de Ad Hoc, comentó que desde 21 de octubre la instancia legislativa no sesionaba, “pasaron dos meses y es irresponsable venir a dos o tres días antes que termine el trabajo Legislativo a querer sacar un proyecto de tanta importancia para el país cuando tuvieron dos meses para hacer un proceso de discusión más abierto y más profundo de cara a la gente”.
Argueta agregó que se utilizó “la voluntad de la población”, porque se mandó a llamar a las comunidades, organizaciones, academia, movimiento religioso a que participaran e hicieran sus observaciones al proyecto de ley. Sin embargo, esas observaciones que hicieron los sectores, no fueron tomados en cuenta, como el de la participación ciudadana por ejemplo.
Además, según Argueta, hoy por hoy, la ley no tiene una visión garantista y protectora de las cuencas y “son señalamientos profundos, porque no podemos hablar de agua en El Salvador si no vamos a la raíz del problema, de dónde se origina y nace el agua, esa ley no es garantista”, destacó la efemelenista.
Argueta informó que la Ley de Recursos Hídricos establece los procesos para facilitar la tramitología para aquellos que por años han explotado los bienes naturales, esto ya que se eliminaron los permisos ambientales.
Según Argueta, con la ley que Nuevas Ideas aprobó, no se va a resolver los problemas de la ciudadanía en el tema del agua y “se va a legalizar la injusticia hídrica”. “La familia seguirá teniendo problemas de abastecimiento y de mala calidad del agua en los territorios”.
La parlamentaria dijo que solo en el artículo 9 y 41 definen qué es una junta de agua, pero eso lo hicieron “por la presión de las más de 2,500 juntas de aguas en el país que abastecen a 1.5 millones de personas”. Sin embargo, en el articulado no se determina cómo se podrá facilitar ese derecho comunitario.
Al respecto, Carlos Flores, del Foro de Agua, detalló que la Ley de Recursos Hídricos será un instrumento que “normaliza la injusticia, que normaliza el robo y despojo del agua en los territorios”.
Flores informó que a pesar de que los diputados hicieron cambios en varios artículos, estos no representan cambios sustanciales en los “efectos nocivos” del instrumento legal, ya que dichos efectos se verán reflejados en la juntas de aguas, puesto que, están obligadas a pagar el uso del canon. “Para estas organizaciones comunales siempre será una preocupación porque a pesar que prestan un servicio público con escasos recursos, con la ley tal cual se aprobó, se van a ver obligadas a pagar un monto adicional por el uso del agua”, agregó Flores.
En otro punto de la ley, Carlos Flores denunció que el marco normativo no llega a resolver la “injusticia hídrica”, como los convenios que se han establecido como ANDA-Dueñas, ANDA-Poma, donde se les concesiona “ilegalmente” más de 25 millones de litros de agua al día, que fácilmente podrían abastecer a gran parte de la población del área metropolitana de San Salvador.
