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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó la vigésima prórroga al régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.
“No daremos un solo paso atrás en la lucha contra la criminalidad, contra ese cáncer de las pandillas que por años co-gobernó nuestro país. Hoy, bajo la dirección del presidente Nayib Bukele, como Gabinete de Seguridad hemos presentado ante la Asamblea una nueva solicitud de prórroga del Régimen de Excepción”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Esta vez, no se convocó a la prensa como suelen hacerlo para hacer la respectiva propaganda de los pandilleros capturados en el régimen de excepción, medida que ha dejado a más de 72 mil presuntos pandilleros tras las rejas; entre ellos a miles de inocentes capturados.
La diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo que “si de verdad el gobierno es capaz de combatir la delincuencia que lo haga sin régimen de excepción, eso sería callarle la boca a toda la oposición y esa sería su mejor campaña; de decir, en 5 años yo (Bukele) logré frenar la delincuencia en este país”. En cambio, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, puntualizó que los 56 votos están para aprobar el régimen de excepción. “Hemos visto como siguen delincuentes en las calles, hemos visto cómo la policía sigue capturando mareros y ese cáncer no puede quedar en la sociedad; no podemos regresar al pasado”.
El legislador sostuvo que la medida la mantendrán “el tiempo que sea necesario”. De hecho, analistas políticos han dicho que la medida se mantendrá hasta después de las elecciones a desarrollarse en febrero y marzo de 2024.
El gobierno de Bukele ha admitido que ha liberado a más de 7 mil personas, ya que no se les encontró vínculos con pandillas; además, organizaciones de sociedad civil han reportado que durante el régimen de excepción se han capturado a miles de personas de inocentes, donde destacan más de 170 muertes dentro de los centros penales debido a torturas y negligencias del Estado. Esta medida ha funcionado para restringir los derechos humanos de la ciudadanía y la evidente falta de políticas públicas en materia de seguridad.
