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Redacción Nacionales
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Con 57 votos a favor y tres en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE).
Previo a ser aprobada por los legisladores, la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea escuchó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Señaló que las funciones de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia serán absorbidas por el Ministerio de Seguridad.
La UTE dio la tecnicidad para crear los Códigos Penal y Procesal Penal en 1998. Los cuales fueron calificados por Villatoro como un “desastre”.
La normativa aprobada este viernes contempla la disolución de ambas entidades, que fueron creadas en 1996, y establece las medidas para su cierre y liquidación, que debería efectuarse a más tardar el 31 de diciembre de este año.
Villatoro dudó que el programa de protección de víctimas y testigos, el cual estaba a cargo de la UTE, haya funcionado desde su creación. De hecho, el funcionario, señaló que el sistema judicial fue incapaz de tutelar la vida de los testigos.
Sin embargo, este programa será administrado por el Ministerio de Seguridad e incorporaría en su presupuesto los recursos necesarios para administrar, financiar las medidas de atención, coordinar con otras instituciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en la normativa.
El personal de UTE que sea necesario para la ejecución de dicho programa será trasladado al Ministerio y quienes no sean requeridos recibirán una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio, o por una fracción mayor de seis meses, calculada con base en su último salario nominal.
La indemnización tendría un límite de hasta 24 remuneraciones para quienes devenguen entre $408.80 y $900, y de hasta 12 para quienes tengan un ingreso de $901 en adelante.
Los pagos serían realizados durante los primeros tres meses de 2027, según lo establece el artículo 4 de la normativa aprobada este miércoles Sobre este tema, Villatoro no se pronunció, tampoco los legisladores. Según Villatoro, la UTE tiene 43 empleados.
Para estas indemnizaciones del personal, según comentó el funcionario, no se necesita de un refuerzo presupuestario, ya que se contaría con las asignaciones a la UTE, la cual, para este año fue de 2.2 millones de dólares.
Durante el período de transición, la Dirección General de la UTE continuaría a cargo de su administración y representación legal para atender las obligaciones pendientes y completar los trámites necesarios para su cierre.
Para ese fin, se conformaría un Comité de Liquidación con personal de la institución, que tendrá a su cargo el inventario, organización de archivos, liquidación de bienes y transferencia de recursos, contratos y obligaciones, con el acompañamiento de representantes del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
Sobre el tema, tanto Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y Francisco Lira votaron en contra. El diputado Lira dijo que esta reforma “no se limita a suprimir una oficina para reducir burocracia; implica trasladar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia funciones sumamente sensibles dentro del sistema de justicia”.
Explicó que la UTE no es simplemente un ente administrativo, sino que la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos la estableció como organismo administrador del programa, bajo la rectoría de la Comisión Coordinadora. Entre sus responsabilidades estaban recibir solicitudes de protección, evaluar y decidir medidas para víctimas y testigos, administrar albergues y coordinar la ejecución de esas medidas con la Policía y otras instituciones.
“El Gobierno argumenta que busca evitar duplicidades y optimizar los recursos públicos. Sin embargo, al disolver entidades que funcionan desde 1996 y trasladar sus competencias al Ministerio de Seguridad, surgen preguntas que deben responderse con claridad: ¿cómo se garantizará la independencia técnica de las decisiones?, ¿qué controles y contrapesos existirán?, ¿cómo se resguardará información altamente sensible?, ¿y qué garantías tendrán las víctimas y testigos de que su protección no se verá debilitada?”, cuestionó el legislador.
