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El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura

Arzobispo llama a partidos políticos y sociedad al cese de la violencia electoral

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Las palabras violentas podrían llevar a la violencia física, y tristemente se ha dado, es preocupante”, expresó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, al condenar y repudiar el asesinato de los dos militantes del partido FMLN, el domingo antepasado, y pidió una investigación transparente y evitar la impunidad en la aplicación de justicia.

En sus declaraciones, el pastor de la grey católica consideró que las próximas elecciones legislativas y municipales para el 28 de febrero, debería garantizarse que se celebren en un ambiente de “paz, armonía y libertad el ejercicio del voto”, sugirió en su mensaje a la ciudadanía.

“La Iglesia está siempre en defensa de la vida, actos como este son del todo reprobables, porque servimos al Dios de la vida. El caso es condenable desde cualquier punto de vista, sea quién sea el responsable y del partido que sea. Las personas que murieron es sumamente condenable y ojalá que no se repita. A sus familias nuestras condolencias y oramos por los difuntos y por los lesionados”, manifestó.

Sobre el proceso de investigación desde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), que ha señalado a tres personas como responsables, quienes trabajan en el Ministerio de Salud, el arzobispo Escobar consideró que si existen algunas dudas sobre los hechos deberían pedir ayuda especializada.

“Pueden pedir ayuda al FBI u otro organismo internacional de investigaciones que pueda resolver esto cuanto antes y así va a terminar la discusión de quién es inocente y quién es culpable, que se comprueben los hechos y se haga justicia. Ya es tiempo que superemos la impunidad -es triste decirlo- pero sino superamos la impunidad, no vamos a superar la violencia, ojalá se clarifiquen los hechos. Hacemos un llamado a todos los institutos políticos y la sociedad entera a tener actitud de cordura, respeto y de paz, ese es el juego democrático, dignificando a otras personas, nos dignificamos nosotros y espero que ya no haya más derramamiento de sangre, somos un pueblo creyente gracias a Dios, clamemos al Señor para que podamos vivir como hermanos”, expresó.

Culmina revisión de archivos del Arzobispado sobre Masacre El Mozote

Con la apertura de los archivos que resguarda el arzobispado de San Salvador, y que fueron sometidos a inspección por el juez Jorge Guzmán, del Tribunal Segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, que lleva el caso penal de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, el arzobispo Escobar manifestó su beneplácito por el trabajo en conjunto que se realizó desde el 25 de enero hasta el recién pasado viernes 5 de febrero, que consideró fue en “total normalidad” y rigiéndose a los protocolos de protección.

“Todo se hizo conforme debía hacerse, se dieron todas las facilidades y el señor juez (Guzmán) es una persona muy respetuosa, muy ecuánime. Y yo diría muy preocupado por la justicia, eso nos dio mucho gusto, ver su actitud y nos encontramos del mismo lado, buscando ambos que las cosas se hicieran bien. Naturalmente, las acciones las llevaron ellos, el señor juez y sus acompañantes de su equipo; trabajaron de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, intensamente. Para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, porque eso es lo queremos, que los archivos sirvan para cualquiera de esas causas del conflicto armado -de las cuales- tenemos testimonios de las víctimas”, indicó.

Sobre la importancia de los archivos que resguardan en Tutela Legal del Arzobispado, señaló su importancia testimonial e histórica, los cuales sirvieron como fuente principal para el Informe de la Comisión de la Verdad, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. Destacando la participación de la Iglesia con el arzobispo Arturo Rivera y Damas y el cardenal Gregorio Rosa Chávez, que trabajaron por la consecución de la paz en el país, explicó.

“Los Acuerdos de Paz son sin duda alguna dignos de todo elogio, de todo encomio y aplauso; lástima que no se siguieron, son acuerdos que no se cumplieron. Ahora los Obispos nos vamos a reunir para pronunciarnos, para expresar que los Acuerdos de Paz son una hoja de ruta o punto de partida, ¿qué pasó? El Informe de la Comisión de la Verdad fue tirado a un lado, por la ley espuria (ilegítima) de la Amnistía (1993), y en 1994 nos mataron a monseñor Joaquín Ramos, sacerdotes que murieron en el conflicto armado, el último después de los Acuerdos de Paz, y como los anteriores, no se sabe nada hasta la fecha, no se han investigado, que lástima”, reiteró.

Iglesia apoya cese del acuerdo de Tercer país Seguro

El arzobispo de San Salvador se mostró a favor de la decisión ejecutiva de la administración Biden, que puso “punto final” al acuerdo “Tercer País Seguro”, firmado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con su homólogo -en ese momento- Donald Trump, que permitía a la nación del Norte, enviar deportados de otros países al territorio nacional.

“Celebramos el hecho que Estados Unidos haya finalizado el acuerdo de tercer país seguro, con El Salvador y con nuestros vecinos, Guatemala y Honduras, países que no están en condiciones de ofrecer asilo a las personas migrantes que se solicitan a Estados Unidos; y no es justo que se nos imponga el compromiso de impedir, el genuino derecho de migrar”, dijo el prelado católico.

No obstante, invitó a todos los países a generar acciones de ayuda y protección a la población migrante centroamericana, que huyen de la violencia, delincuencia o en busca de mejorar sus proyectos de vida, que no les han garantizado su arraigo en sus países de origen. Y al nuevo gobierno estadounidense, a generar espacios y acciones que permitan una efectiva reforma migratoria que legalice la situación de indocumentados en el país.

Asimismo, el arzobispo celebró la reforma constitucional para dar reconocimiento al derecho humano a la alimentación, del que espera la responsabilidad del Estado para crear una política de “seguridad alimentaria y nutricional”, en beneficio de la ciudadanía.

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