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“No se está haciendo justicia, porque están tomando las palabras de un delincuente y se le ha dado toda la credibilidad, cuando él vino a mentir, porque no hemos pactado con pandillas, ganamos libremente esa elección”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El defensor de los Derechos Humanos y abogado Henry Fino afirmó que en El Salvador la justicia está instrumentalizada, lo que se demuestra en el caso de los ex funcionarios Benito Lara, Arístides Valencia y Ernesto Muyshondt, quienes han sido condenados debido a lo expresado por un pandillero criteriado.
“Actualmente, le aplican la justicia a los enemigos del régimen y la impunidad a los amigos. Si estos ex funcionarios fueron condenados tomando la declaración de un líder de pandilla, entonces, la misma ruta tendrían que seguir con funcionarios del actual gobierno, porque líderes de pandillas juzgados en Nueva York, Estados Unidos, han dado suficientes elementos probatorios de negociación con actuales funcionarios públicos, a cambio de votos”, sostuvo Fino.
El exdirector Ejecutivo de FESPAD, consideró que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, pues en algún momento al entonces alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt se le vio muy cercano a Nayib Bukele en su campaña por la presidencia, al final después de la ayuda le pagó capturándolo y con una sentencia de 18 años de cárcel; situación igual pasó con su “amigo de la infancia”, Alejandro Muyshondt, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado, que murió en la cárcel.
“Si realmente la justicia y la fiscalía actuaran dentro del marco de su función, así como ha juzgado a estos exfuncionarios, tendría que estar juzgando a actuales funcionarios que han hecho lo mismo, si estamos en la justicia como tal, sin mirar de quién se trata, también funcionarios del actual gobierno deberían estar siendo procesados, cosa que no va a pasar momentáneamente”, manifestó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
Fino señaló que es difícil probar la incidencia en el resultado electoral, posiblemente no la hubo, porque a quienes se dice que tuvieron una involucración en esto no resultaron ganadores, si hubiesen resultado electos ahí si existiera manipulación en el resultado electoral, pero los condenados no fueron electos, incluso Paolo Luers ni siquiera era funcionario, por eso no está claro la situación de fraude electoral, dijo el también jurista.
Fino lamentó que la instrumentalización de la justicia siempre ha ocurrido. En el pasado a favor de los ricos y poderosos del país, actualmente, sigue dándose en comunidades que son afectadas por grandes inversionistas, quienes están tratando de desalojarlas para desarrollar proyectos turísticos, dijo en referencia a los casos conocidos en la Unión.
Según Fino, la influencia y manipulación política de la justicia está representada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde once magistrados fueron electos por el partido oficialista de Nuevas Ideas y cuatro que “usurpadores”, quienes fueron impuestos el 1 de mayo de 2021 cuando destituyeron a la legítima Sala de lo Constitucional.
Fino dijo que la instrumentalización de la justicia es palpable en los juicios de los ex funcionarios, pero también en el caso de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, y los cinco ambientalistas enjuiciados dos veces por el mismo delito, lo cual es una muestra clara que en El Salvador hay una persecución política ideológica, por ello, hay defensores de derechos humanos perseguidos y encarcelados, periodista exiliados, organizaciones de sociedad civil cerradas, con el uso perverso de la Ley de Agentes Extranjeros.
La Ley de Agentes Extranjeros y el régimen de excepción sirven para tener reprimida a la población. En una encuesta de la UCA, 6 de cada 10 salvadoreños dijeron que no se expresaban por miedo. Incluso, eso pasa con quienes participan en programas de opinión, como el analista Miguel Fortín Magaña y la economista Julia Evelyn Martínez, quienes anunciaron que dejarán de asistir porque han sido amenazados.
“Hay un enorme retroceso en derechos humanos, el libre pensamiento está obstaculizado para quienes no están alineados con el pensamiento del gobierno, esta no es una visión de los derechos humanos, en El Salvador estamos en retroceso en la aplicación de los derechos y si es esa la visión del gobierno entonces es represiva y violadora”, afirmó el abogado.
Manifestó que el sistema del país es republicano, es decir, hay tres órganos del Estado que se regulan entre sí, sin interferir entre ellos, pero la justicia en este país está alineada a las órdenes del Ejecutivo, donde incluso los abogados defensores no tienen acceso al proceso.
Defender derechos humanos en un ambiente favorable es muy bueno, pero en ambientes adversos como el que se vive es difícil, porque es necesario probar realmente que son defensores de derechos humanos.
“Tenemos una cantidad considerable de violaciones de derechos humanos, que es constante y está en crecimiento, en esta realidad cualquier ser humano siente miedo, en FESPAD nos amenazaron con quemar las instalaciones, hubo ataques por la posición firme de denunciar las violaciones de derechos humanos”, denunció Fino.
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