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Saúl Méndez
Colaborador
Según el más reciente estudio de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), «Micrófonos bajo el régimen de excepción», 5 de las 10 periodistas comunitarias entrevistadas afirmó haber enfrentado algún tipo de riesgo o amenaza en el ejercicio de su labor informativa. El dato responde a la consulta sobre si habían sufrido intimidaciones o amenazas durante los últimos doce meses.
De las cinco mujeres que reportaron agresiones, dos señalaron como responsables a agentes policiales o militares; una a un funcionario público, una a un simpatizante del oficialismo y otra ubicó el origen en la categoría “otros”.
“Este dato es crítico porque revela que tres de las cinco agresiones involucran directamente a actores estatales o paraestatales, lo que en contextos autoritarios tiene implicaciones profundas”, advierte la APES.
“La violencia deja de ser un hecho aislado para convertirse en un mecanismo de sometimiento. Este patrón se agrava porque todas las periodistas que reportaron agresiones redujeron o evitaron coberturas por temor a ser señaladas o violentadas, lo cual constituye un efecto silenciador y una ‘victoria’ tácita del Estado en la producción del silencio”, explicó la Asociación.
Los datos recopilados por la APES, tras entrevistar a diez reconocidas mujeres periodistas comunitarias, delinean un mapa de riesgos diferenciados.
“Las mujeres periodistas comunitarias, particularmente aquellas con trayectorias en territorios rurales, enfrentan violencias interseccionales que articulan género, clase, ruralidad, institucionalidad represiva y estructuras patriarcales preexistentes. En ese cruce, la labor informativa se convierte en una disputa política sobre quién puede narrar el territorio, qué temas puede abordar y qué costos debe asumir por hacerlo”, detalló.
El 70 % de las comunicadoras encuestadas afirmó sentirse insegura al cubrir temas como seguridad pública, militarización, régimen de excepción, abuso de poder, corrupción o Gobierno en El Salvador.
“Que el 70 % de mujeres evite o tema cubrir estos temas evidencia la consolidación de una censura estructural, donde el Estado no necesita emitir órdenes explícitas para limitar agendas editoriales: basta la amenaza, la vigilancia selectiva o la estigmatización discursiva para generar autocensura”, cuestionó.
Según la APES, el enfoque de género permite explicar por qué esta inseguridad se distribuye de manera diferenciada.
“Mientras la narrativa oficial promueve un país seguro bajo el régimen de excepción, las mujeres periodistas experimentan esa seguridad como una inseguridad de segundo orden, definida no por la violencia criminal sino por la violencia estatal y patriarcal”, explicó.
La militarización, que en el discurso gubernamental se presenta como símbolo de control territorial, para las mujeres periodistas se traduce en riesgo, intimidación y vigilancia, enfatizó la Asociación.
“El miedo no aparece únicamente en la dimensión física, sino también en la dimensión simbólica y psicológica del ejercicio informativo”, agregó.
Además, el 60 % de las periodistas reportó haber sido blanco de comentarios sexistas, procesos de deslegitimación o burlas por su condición de mujeres periodistas. “Este dato no es menor: la deslegitimación por género produce una erosión específica sobre la credibilidad de las mujeres en el espacio público”, aseveró la organización.
El estudio también reveló que cinco de las diez periodistas comunitarias entrevistadas han enfrentado acoso sexual, lo que incluye miradas invasivas, insinuaciones, tocamientos o propuestas, y detalló que “no se trata de incidentes aislados, sino de una violencia sexual continua que acompaña y condiciona la labor periodística”.
La APES alertó que la gravedad se incrementa al observar la respuesta institucional: ninguna de las víctimas denunció, principalmente por desconfianza en el Estado.
“En términos de género y derechos humanos, esta es la señal más clara de un Estado que propicia la impunidad, donde el mensaje hacia las mujeres es doble: se les violenta y luego se les deja sin mecanismos de reparación”, lamentó la organización.
“Si el 100 % teme a las instituciones gubernamentales, el Estado no solo falla en su obligación de protección, sino que además se convierte en fuente simultánea de riesgo e inhibición”, aseguró.
La vigilancia, por otra parte, aparece como una dimensión adicional de riesgo. Tres de las diez periodistas señalaron haber sido objeto de este tipo de prácticas. Sin embargo, los datos muestran un patrón relevante: pese a los riesgos, el 80 % no desea abandonar la labor periodística.
“Aquí emerge una dimensión de género poco explorada: la resistencia como práctica feminista en medios comunitarios. A diferencia del modelo liberal de periodismo, centrado en la figura individual del reportero, el periodismo comunitario opera desde el territorio, la pertenencia y la colectividad”, explicaron.
“Este anclaje territorial produce una resiliencia identitaria que sostiene la permanencia aun en escenarios adversos. El 100 % identifica organizaciones o redes de apoyo, el 50 % acudiría inicialmente a sus jefaturas, mientras que el 40 % buscaría a la APES”, concluyó la organización.
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