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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino / Colaborador
El sector empresarial identificó nueve puntos de coincidencia que deberían ser considerados en el proceso de diálogo para analizar alternativas de modernización de los tiempos de trabajo en El Salvador, mientras sectores sindicales cuestionan la posibilidad de ampliar la jornada diaria hasta 11 horas.
Los planteamientos empresariales fueron presentados por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, durante una reunión técnica de la Comisión Tripartita del Consejo Superior del Trabajo, presidida por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
De acuerdo con la ANEP, las propuestas son resultado de un proceso de consulta con diferentes organizaciones empresariales y buscan contribuir a la construcción de una posición común sobre la modernización de las jornadas y horarios laborales.
Saca señaló tres principios que, desde el sector empresarial, deben tomarse en cuenta en cualquier modificación: la opcionalidad, para que los mecanismos sean voluntarios y respondan a las necesidades de cada empresa y actividad; la prosperidad, procurando mejorar la eficiencia y el bienestar de los trabajadores; y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.
Entre los nueve puntos planteados también se encuentra que la aplicación de nuevos mecanismos no sea obligatoria ni universal, debido a que no todas las actividades productivas requieren horarios especiales. La ANEP propone que las modalidades puedan implementarse de forma diferenciada según las áreas, procesos productivos, servicios y características de los puestos de trabajo.
El sector empresarial también plantea mantener las figuras tradicionales de pago y garantizar un equilibrio entre trabajo y descanso, y considera necesario que cualquier redistribución de los tiempos de trabajo permita cumplir con las horas semanales y adaptarse a factores como el sector económico, la operación, el tamaño de la empresa, la demanda y la naturaleza de cada puesto.
Otro de los planteamientos está relacionado con promover la prosperidad, la generación de empleo y la competitividad empresarial, así como crear nuevas oportunidades laborales de mayor valor agregado. A esto se suma la propuesta de establecer una armonización normativa que permita contar con reglas claras y estables, que otorguen certeza a las empresas y protección a los derechos laborales.
La ANEP aclaró que el proceso todavía se encuentra en una etapa de construcción y que las propuestas de los diferentes sectores deberán continuar siendo analizadas, tomando en cuenta las particularidades de cada actividad económica y el marco normativo vigente.
Sin embargo, desde la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), su secretario general e integrante del Colectivo de Sindicalistas en el Exilio, Erick Zelaya, cuestionó el silencio que mantienen sindicatos afines al Gobierno frente al debate sobre una eventual jornada laboral de 11 horas durante cuatro días a la semana.
Zelaya advirtió que “la pasividad puede convertirse en complicidad” cuando están en juego derechos históricos de la clase trabajadora y sostuvo que una reforma que amplíe la jornada ordinaria diaria debe ser analizada desde sus posibles efectos sobre los trabajadores.
“Si una burocracia sindical guarda silencio frente a retrocesos laborales o termina legitimando una reforma que amplíe la jornada ordinaria diaria sin reducir realmente el tiempo semanal de trabajo, esa pasividad puede convertirse objetivamente en complicidad con una política de flexibilización laboral contraria a los intereses de la clase trabajadora”, afirmó.
Por ello, el dirigente de la UNT también demandó transparencia en las discusiones que se desarrollan en el Consejo Superior del Trabajo y pidió que sean públicos los documentos y propuestas que presenten las partes involucradas.
“Como secretario general de la UNT, respaldo la exigencia de que se hagan públicas todas las propuestas, documentos, estudios y borradores que están siendo discutidos en el Consejo Superior del Trabajo”, manifestó Zelaya.
También exigió la participación de organizaciones sindicales independientes que actualmente no forman parte de ese espacio. “La discusión no puede quedar encerrada entre cuatro paredes. Hay que escuchar directamente a quienes trabajan en la maquila, industria farmacéutica, manufactura, alimentos, comercio, servicios, transporte, salud y demás sectores afectados”, concluyó.
