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Redacción Nacionales
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El economista Rafael Lemus y el antropólogo Marvin Aguilar señalaron que el incremento de los precios de los alimentos y los combustibles está reduciendo la capacidad de compra de los hogares, mientras cuestionaron la falta de medidas del Gobierno para contener el costo de vida.
El aumento sostenido de los precios de los alimentos y el encarecimiento de los combustibles están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la economía de los hogares salvadoreños, de acuerdo con el análisis realizado por el economista Rafael Lemus y el antropólogo Marvin Aguilar durante el programa Encuentro con Julio Villagrán.
Lemus explicó que, tomando como referencia mayo de 2019 y comparándolo con los datos más recientes, el grupo de alimentos acumula un incremento de alrededor del 31 %. Esto significa que una familia que antes necesitaba $100 para adquirir determinada cantidad de alimentos ahora requeriría aproximadamente $131 para comprar los mismos productos.
“Su dinero de mayo de 2019 a la actualidad ha perdido valor”, sostuvo el economista al explicar el impacto que tiene el aumento de los precios sobre el poder adquisitivo.
Alimentos cada vez más caros
El economista señaló que el promedio de incremento de los alimentos oculta aumentos mucho mayores en algunos productos específicos.
Como ejemplo, mencionó el precio de las pupusas. Según su comparación, en 2019 era posible adquirir tres pupusas por un dólar, mientras que actualmente una unidad puede costar alrededor de un dólar, dependiendo del establecimiento y del tipo de producto.
También hizo referencia al precio de las tortillas. Explicó que anteriormente podían adquirirse cuatro tortillas por 25 centavos, mientras que actualmente en algunos lugares dos tortillas pueden costar la misma cantidad, lo que representa un incremento considerable en ese producto.
Para Lemus, estos ejemplos permiten comprender cómo los promedios de inflación pueden contrastar con la experiencia cotidiana de las familias que deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación.
En este contexto, cuestionó la ausencia de propuestas desde la Asamblea Legislativa para enfrentar el encarecimiento de los productos básicos.
Agromercados con alcance limitado
Entre las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar el costo de vida, los entrevistados se refirieron a los agromercados.
Lemus reconoció que estos establecimientos ofrecen productos a precios inferiores a los encontrados en algunos mercados tradicionales. Sin embargo, señaló que su cobertura es limitada y que no llegan de manera suficiente a las zonas donde viven sectores con mayores dificultades económicas.
“Es algo bueno, pero no está diseñado para resolver la situación económica del costo de vida de los más pobres”, agregó Aguilar durante la conversación.
El antropólogo sostuvo que la distribución territorial de estos mercados constituye una de sus principales limitaciones, debido a que existen municipios y zonas rurales donde la población no tiene acceso cercano a estos establecimientos.
Además, Lemus señaló que buena parte de los productos comercializados en los agromercados procede de mecanismos de importación y comercialización, y cuestionó la falta de un vínculo más sólido con la producción agropecuaria nacional.
Combustibles suben hasta 42 %
Otro de los temas abordados fue el incremento de los precios de los combustibles durante 2026.
Lemus comparó los precios vigentes al cierre de 2025 con los registrados durante los meses siguientes. Según los datos presentados en el programa, el diésel pasó de $3.41 por galón a $4.86, un incremento aproximado del 42 %. La gasolina regular pasó de $3.55 a $4.80, mientras que la gasolina especial aumentó de $3.85 a $5.13. En este último caso, el incremento señalado fue de aproximadamente 33 %.
El economista explicó que el impacto no se limita a quienes poseen un vehículo particular, ya que el combustible constituye un insumo fundamental para el transporte colectivo, la producción y la distribución de mercancías.
Impuestos inciden en el precio
Lemus también analizó la carga tributaria incorporada al precio de los combustibles. Según los datos expuestos, cuando la gasolina especial alcanza los $5.13 por galón, aproximadamente un dólar corresponde a impuestos y contribuciones.
Entre estos componentes mencionó el Fovial, con una contribución de 20 centavos por galón; la contribución destinada al transporte colectivo, de 10 centavos, y otra contribución especial de 16 centavos, además del IVA, que representa el 13 % y aumenta en términos absolutos cuando sube el precio del combustible.
El economista estimó que únicamente por el Fovial se recaudan alrededor de $120 millones anuales y sostuvo que, al sumar el IVA y otras contribuciones, la recaudación vinculada al consumo de combustibles supera los $400 millones anuales.
El transporte colectivo también resiente el aumento
El incremento del diésel tiene consecuencias directas sobre el transporte colectivo, señaló Lemus.
Explicó que el combustible puede representar entre el 65 % y el 70 % de los costos de operación de una unidad de transporte. Al mantenerse una tarifa fija durante años, un aumento significativo del combustible reduce el margen de operación de los empresarios.
Ante esa situación, afirmó que pueden adoptarse medidas para reducir costos, como disminuir la frecuencia de circulación de las unidades o postergar el mantenimiento preventivo.
Estas decisiones terminan afectando a los usuarios, debido a que pueden traducirse en mayores tiempos de espera, unidades con menor mantenimiento y un servicio de menor calidad y seguridad.
Una decisión que trasciende la economía
Durante el programa también se recordó que en 2022 el Gobierno adoptó medidas para contener temporalmente el impacto de los combustibles, entre ellas la fijación de precios y mecanismos de compensación para importadores y distribuidores.
Lemus sostuvo que actualmente existen mayores ingresos corrientes que en aquel período, pero no se han aplicado medidas similares para contener el incremento de los combustibles.
Desde su perspectiva, la eliminación temporal de las contribuciones asociadas al combustible podría reducir de manera significativa el precio que paga el consumidor. Sin embargo, esta medida tendría un costo para las finanzas públicas debido a la reducción de la recaudación.
Aguilar, por su parte, relacionó la respuesta gubernamental con la manera en que la población percibe los problemas económicos. Señaló que las acciones comunicacionales y la promoción de determinadas obras o iniciativas pueden desplazar de la discusión pública problemas como el aumento de los alimentos, los combustibles y el deterioro del poder adquisitivo.
