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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino / Colaborador
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) alertó sobre la persecución política contra personas defensoras de los derechos de la clase trabajadora. Según la organización, en el marco del régimen de excepción se ha criminalizado a 19 lideresas y líderes sindicales, a quienes no se les han respetado las garantías legales contempladas en el fuero sindical.
Durante el acto de denuncia, el MTD recordó y lamentó la muerte de José Leónidas Bonilla, sindicalista municipal de Mejicanos, capturado el 26 de abril de 2022, quien falleció bajo custodia del Estado el 3 de septiembre de ese mismo año. Dos días después, el 5 de septiembre, fecha de su entierro, el juez del caso notificó a la familia la resolución de exoneración de cargos.
El caso emblemático de Bonilla también ha sido denunciado por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) como un crimen de lesa humanidad ante las Naciones Unidas, y fue documentado en el reciente informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
El caso también fue citado en el “Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, publicado el 10 de febrero de 2025 y el 13 de febrero de 2026. En ambos documentos, la OIT insta al Gobierno a esclarecer la muerte de Leónidas Bonilla y de Hever Chacón.
De igual forma, la Comisión de Expertos de la OIT ha instado al Gobierno a poner fin a los actos de violencia, persecución y encarcelamiento contra personas y organizaciones sindicales. Además, ha condenado el encarcelamiento de Dolores Almendares, sindicalista de Cuscatancingo, y ha exigido la liberación de Sabino Antonio Ramos, sindicalista de Panchimalco, quien, tras cuatro años de prisión, recibió medidas alternas a la detención en marzo de 2026 por parte del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, pero que hasta la fecha no ha sido liberado por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
“Por tercera ocasión, la Comisión de Expertos de la OIT ha instado al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para que las personas detenidas, a la espera de juicio o condenadas como consecuencia de sus actividades sindicales, sean puestas en libertad y se retiren los cargos en su contra”, manifestó el MTD.
La Comisión también solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre todas las personas identificadas por las organizaciones.
El MTD retomó los llamados formulados por la Comisión de Expertos de la OIT y demandó la inmediata libertad de cuatro sindicalistas encarcelados en el marco del régimen de excepción, cuyo único delito ha sido defender los derechos de la clase trabajadora, manifestaron.
También exigieron al Estado salvadoreño la libertad de Sabino Antonio Ramos Cruz, detenido desde el 28 de abril de 2022 y para quien un juzgado contra el crimen organizado ha decretado medidas cautelares.
Asimismo, solicitaron la liberación de Giovanni Aguirre López, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador, capturado el 8 de mayo de 2022, posteriormente liberado y recapturado el 1 de junio de 2023. Aguirre cuenta con dos órdenes de libertad y su caso es acompañado por el Socorro Jurídico Humanitario, que ha presentado un hábeas corpus para verificar su estado.
También demandaron la libertad de Misael Itamir Gómez, pastor y sindicalista municipal de Ciudad Delgado, detenido el 8 de junio de 2022 tras asistir a una actividad de solidaridad con trabajadores municipales de San Martín.
El MTD exigió la liberación de César Edgardo Hernández, sindicalista municipal de San Rafael Cedros, encarcelado desde el 15 de junio de 2022. Hernández fue juzgado en un proceso sumario realizado del 9 al 13 de marzo junto a otras 66 personas, con base en un solo testigo criteriado, sin derecho a un juicio individual. El 24 de marzo fue condenado a 30 años de prisión por un delito que, según su defensa, no cometió, por lo que ya se ha interpuesto la respectiva apelación.
