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Redacción Nacionales
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La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) reflexionó sobre los 34 años desde la firma de los Acuerdos de Paz y hace un llamado al presidente Bukele a que reflexione sobre la democracia y los derechos humanos conquistados con los Acuerdos. La dministración del presidente Nayib Bukele se caracteriza por la indiferencia y carencia de valor hacia la memoria histórica, dice la CDHES.
Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, señaló que los 12 años de conflicto armado dejaron más de 80 mil personas asesinadas, más de 7 mil personas desaparecidas, miles de personas capturadas y torturadas, familias desintegradas, miles de combatientes de ambos bandos que fallecieron en los terrenos.
Montenegro enfatizó que, con la finalización de la guerra, surgen nuevas para el pueblo. Se iniciaba un paso importante para el inicio de la democracia en nuestro país, con la apertura de nuevas instituciones que garantizarían la vigilancia de los derechos humanos, así como una nueva policía respetuosa de los derechos humanos.
Toma protagonismo, comentó Montenegro, la indiferencia y carencia de valor que la actual administración de Nayib Bukele otorga hacia la memoria histórica salvadoreña, opaca y niega la historia del pasado reciente de violencia política militar en el país, despreciando a la víctima, evadiendo la responsabilidad estatal de justicia restaurativa y ahogando los esfuerzos de la sociedad civil organizada para que el estado emita una ley al respecto.
De hecho, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada tras la firma de los Acuerdos de Paz y ordenó a la Asamblea Legislativa a hacer una nueva ley, pero hasta la fecha no ha habido avances en el tema, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos han presentado propuestas de Ley. El oficialismo ha archivado todo documento en materia de justicia restaurativa para las víctimas.
“La insistente solicitud de la sociedad hacia el Estado por la aprobación de una ley de justicia restaurativa y transicional ha sido siempre ignoradas, las organizaciones civiles de víctimas han presentado tres anteproyectos ante la Asamblea Legislativa y no obstante en 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y ordenó a la Asamblea Legislativa decretar una ley que repare la dignidad y los derechos fundamentales de las víctimas, así como el acceso a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, explicó la Comisión.
Hoy por hoy, todos los esfuerzos “han sido infructuosos y ha hecho inviable” iniciar procesos reales para reparar integralmente a las víctimas, que deben tener apoyo psicosocial, económico, educativo y de salud.
“La creación de una ley transicional es fundamental para lograr la reparación integral de quienes hasta hoy siguen siendo revictimizados al negarles el acceso a la justicia y reparación de sus derechos para procurar continuar con una vida normal. La deuda continúa latente para víctimas y la memoria”, puntualizó Montenegro.
Esto, aunado al nulo trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el cual Montenegro lo consideró como “muy empobrecido”. “La Procuraduría, que precisamente surge de los Acuerdos de Paz, merece tener un funcionario/a capaz que obedezca los instructivos y los mecanismos que establecen el buen funcionamiento de la PDDH. El problema es que Raquel Caballero de Guevara está muy alineada y obedece a los intereses del Ejecutivo”.
Además, planteó Montenegro, el Estado no ha dado trámite a los graves crímenes del conflicto armado y los responsables continúan en la impunidad, a la vez que alimenta un discurso de confrontación y desconocimiento de los Acuerdos de Paz; calificándolos de “farsa” y de beneficio nada más de los grupos enfrentados y no a la población y víctimas, justificando, de este modo, eliminar en el 2022 cualquier acto oficial de conmemoración del 16 de enero como Día Nacional de los Acuerdos de Paz.
Dos años después, en enero de 2024, el Gobierno de Bukele ordena la demolición del Monumento a la Reconciliación alegando ser «una estructura estéticamente horrible que glorificaba un pacto entre los asesinos del pueblo» y paradójicamente ese mismo año inaugura un monumento en honor a las Fuerzas Armadas denominado Plaza Bicentenario de la Fuerza Armada exhibiendo pertrechos de guerra”.
Paralelamente, el Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán, que fue construido con esfuerzos de las organizaciones sociales con el objeto de conservar la memoria y la dignidad de las víctimas civiles del conflicto militar, se mantiene en riesgo de deterioro sin ningún mantenimiento por negligencia de las instituciones del estado.
Las víctimas del conflicto armado ansiaban que para que terminara la guerra y vivir en un país que iniciara un proceso democrático, “situación que a partir de 2019 la circunstancia han venido cambiando; es necesario que el presidente Nayib Bukele reflexione verdaderamente si va a corregir los hechos del presente tiene que tomar en consideración los hechos del pasado”.
La comisión hizo un llamado al presidente Bukele y a sus ministros a reflexionar verdaderamente qué es la democracia, qué son los derechos humanos y los beneficios de los derechos humanos.
