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Licenciada Norma Guevara de Ramirios.
El 2 de diciembre de 2010 fue aprobada la ley de Acceso a la Información Pública en nuestro país.
Se aprobó con los votos de 31 diputados del FMLN y los votos de diputados del partido Arena, una de las leyes a las que el gobierno de Bukele, y ahora su mayoría legislativa, incumplen con lujo de barbarie.
La primera iniciativa de esta Ley fue presentada por el diputado Gerson Martínez en la legislatura 2006- 2009 y otra, por un grupo gestor que integraron ciudadanos de derecha y organismos no gubernamentales; fue un proceso muy complicado que sólo pudo tener éxito porque la izquierda traía una larga batalla a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, y a la derecha le interesaba fiscalizar la gestión del primer gobierno de izquierda.
Antes de ese momento histórico, para los gobernantes, principalmente en el órgano ejecutivo, hablar de acceso a la información pública era objeto de burla, y los ministros de sus gobiernos se negaban incluso a dar cuentas claras a la Asamblea Legislativa.
Las investigaciones periodísticas, antes de la Ley, alguna luz arrojaron sobre actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos. Uno de los más sonados casos fue el del ex presidente de ANDA, y algunos empleados se atrevían a informar de actuaciones incorrectas y hasta delictivas, sin que pudiera darse valor de verdad a cualquier dato obtenido de esa manera.
De allí la importancia de que el pueblo tuviera la posibilidad de conocer la verdad mediante informaciones emitidas por los mismos entes oficiales. Antes de esa ley, costó que los periodistas y otras personas pudieran presenciar las sesiones de comisiones de la Asamblea Legislativa y, más adelante, en ese órgano de gobierno, plural entonces, se ganó la idea de que las plenarias y comisiones fueran transmitidas por medios de comunicación, primero por cable y luego de señal abierta y propios de la asamblea.
En la medida que ese órgano de gobierno reunía las diversas expresiones políticas que el pueblo respalda en una elección, los puntos de vista, en muchos temas, fueron siempre encontrados, polémicos, contradictorios, y no pocos en los que se alcanzó a pesar de ello acuerdos, unos de mayoría y otros de unanimidad.
Alcanzar el derecho a preguntar a un ente público un dato, obligar a que esté disponible información oficiosa, tener la posibilidad de acudir a una entidad con autoridad en caso de que una información fuera negada, y tener así un juicio racional sobre lo demandado por escrito, como estuvo siempre en el artículo 18 de la Constitución, fue algo que costó y habría sido imposible de alcanzar sin el compromiso de la izquierda en la Asamblea y en el gobierno; que me perdonen muchos que tengan otra opinión por afirmarlo así de tajante.
Es que en el proceso final de aprobación de esa importante ley, y con la función de Coordinadora del Grupo Parlamentario del FMLN, viví las dificultades y pude conocer el trasfondo de algunos que afirmaban apoyar su aprobación, pero tenían tras de sí presiones fuertes, casi extraordinarias, para evitar que ese decreto fuera aprobado.
Dos diputados muy comprometidos en su arquitectura fueron, en el FMLN, Margarita Velado y Jaime Valdés, y debo reconocer que en Arena el diputado Avila Quel mantuvo su palabra para empujar esa aprobación.
Los frutos de esa ley están a la vista, muchos, especialmente los periodistas, investigadores que tuvieron la posibilidad de conocer hasta el precio de una papaya comprada en la oficina de la presidenta de la Asamblea, o el tipo de café que pedía comprar cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia; ni decir de las informaciones de los ministerios durante los gobiernos del FMLN.
A esos pasos dados a favor de la transparencia y cuyo seno de debate fue el Parlamento, ahora lo sepulta la mayoría oficialista al servicio del presidente Bukele. Mientras montan circo con sus comisiones investigadoras, y escarban o inventan del pasado, cierran la posibilidad de saber a qué precio y a quiénes compró las mascarillas el ministro de salud en la cuarentena, y se cierran a dar cuenta al órgano contralor de los millones sin respaldo que arrojan las auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Es un adiós a la transparencia y vuelta al trabajo cuesta arriba que se debe hacer para saber la verdad ahora; como lo ha hecho el periódico digital El Faro; como lo alcancen a grabar los celulares de las personas que presencian hechos delictivos o el conocimiento popular compartido sobre la incoherencia de los falsos redentores.
Qué lástima que gobierne el oscurantismo y la mentira. Ojalá esta noche política termine pronto.
