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Saúl Méndez
Colaborador
Familias de Intipucá denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) por engaños y por haber coaccionado a habitantes de las comunidades El Amate y La Agencia, en Usulután Sur, durante el proceso de regularización de tierras. Aseguran que enfrentan cobros impagables por terrenos que han habitado por generaciones.
El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), que acompaña las demandas de los habitantes de Intipucá, explicó que desde mediados de 2025 pobladores de El Amate, La Agencia y otras comunidades aledañas se acercaron al ISTA para solicitar la regularización de tierras que han poseído por más de 60, 80 e incluso más de 100 años, como el caso de El Amate, dónde señalan que la posesión ha sido continua, pacífica y pública.
“Este interés surge a raíz del aumento de conflictos en torno a la tierra en comunidades cercanas, derivados de iniciativas de megaproyectos, tanto de capital público como privado, entre ellos proyectos hoteleros, inmobiliarios y logísticos que se desarrollan en el oriente del país”, relató Ángel Flores, dirigente y vocero de MILPA.
No obstante, denunciaron que el ISTA se valió de esta situación de vulnerabilidad y, en un inicio, “actuó con engaños”, al plantear que el proceso de regularización no tendría ningún costo.
“Sin embargo, esto cambió posteriormente y durante el proceso se cometieron diversas arbitrariedades. Entre ellas, el engaño por parte del ISTA y la aplicación de medidas de coacción, obligando a habitantes a firmar documentos en blanco, como formularios de solicitud y solicitudes de avalúo”, advirtió la organización.
Algunos habitantes de El Amate relataron que, alrededor de junio de 2025, personal del ISTA llegó a la comunidad para medir terrenos e ingresar a las viviendas, en ocasiones sin autorización, bajo el argumento de que entregarían la posesión legal de casas y solares a un precio razonable.
Leo Contreras, uno de los afectados, explicó que posteriormente el personal del ISTA convocó a una reunión donde hicieron firmar documentos a los habitantes.
“En ese momento no se les informó cuánto tendrían que pagar; simplemente se trataba, supuestamente, de un trámite para registrar la solicitud de legalización de tierras”, detalló.
Según MILPA, las personas afectadas no eran plenamente conscientes de lo que firmaban.
“Por un lado, porque una gran parte de la población, principalmente adultos mayores, quienes son los poseedores de los inmuebles, no sabe leer ni escribir. Por otro, el personal del ISTA, particularmente de la oficina regional de oriente, no explicó adecuadamente el proceso”, señaló.
La organización también afirmó que durante el proceso se obligó a las personas a firmar bajo amenazas, advirtiéndoles que, de no hacerlo, podrían enfrentar la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC). “Bajo esa intimidación, las personas accedieron a firmar”, indicó.
MILPA argumentó que la documentación recopilada por el ISTA fue utilizada para justificar que los habitantes habían solicitado avalúos de sus tierras para definir un precio de compra, lo cual calificó como falso.
“Lo que las familias buscaban era el reconocimiento de la antigüedad de su posesión”, enfatizó.
“Estamos hablando de comunidades con más de 130 años de existencia, como El Amate, o más de 100 años, como La Agencia, cuyos derechos están respaldados por la ley. Son comunidades preexistentes al ISTA, a la reforma agraria, a las cooperativas y a las haciendas; es decir, asentamientos humanos históricos dentro del territorio”, agregaron.
Los habitantes de Intipucá relataron que, tiempo después, personal del ISTA regresó a las comunidades y comenzó a citar a las personas en grupos pequeños, de tres o cuatro, para trasladarlas a sus oficinas. Fue entonces cuando, según denunciaron, la situación cambió.
Los afectados explicaron que en agosto de 2026 el ISTA emitió resoluciones en las que estableció cobros que oscilan entre 19,000 y 40,000 dólares por viviendas e inmuebles que las familias han ocupado históricamente.
“Algunos compañeros informaron que los precios establecidos no eran justos ni razonables, como se había prometido. Se les estaba cobrando entre 5,000, 8,000, 9,000, 18,000, hasta 20,000 y 40,000 dólares por sus casas y terrenos”, denunciaron.
“Esto es injusto, porque nuestra comunidad es de escasos recursos y no tenemos la capacidad de pagar esas cantidades. Nosotros esperábamos que las escrituras se otorgaran a bajo costo, como nos dijeron, quizás entre 200 o 300 dólares por vivienda, no montos tan elevados”, agregaron.
Afirmaron que la mayoría de las familias no puede asumir estos costos, especialmente porque el ISTA exige el pago al contado. Esto obligaría a algunas personas a endeudarse, mientras que otras podrían perder sus terrenos y viviendas.
Las familias de El Amate y La Agencia expresaron su preocupación por la mercantilización del derecho a la tierra y a la vivienda por parte de una entidad estatal, lo que, según MILPA, favorece intereses inmobiliarios, hoteleros y logísticos en la zona.
“Se trata de una situación preocupante y alarmante, ya que el ISTA estaría vulnerando de manera sistemática los derechos de aproximadamente 140 familias de las comunidades El Amate y La Agencia, en el distrito de Intipucá”, concluyó la organización.
