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Elder Gómez
@elder_gomez_2
Al menos tres instituciones estatales se mantienen acéfalas por falta de elección de sus titulares, por parte de la Asamblea Legislativa.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el estratégico Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), son regidas en la actualidad por funcionarios interinos.
El ex Procurador de Derechos Humanos, David Morales, concluyó su gestión el 8 de agosto pasado, sin visos, hasta ahora, de que su sustituto sea designado por los diputados del congreso.
El 29 de julio pasado caducó el plazo para que tres Magistrados de la CCR, incluido su presidente, dejaran sus cargos por una Sentencia de la polémica Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional su nominación legislativa.
Hace más de un año, cinco Magistrados del CNJ también cesaron sus funciones y el congreso aún se mantiene enredado por nombrar a sus sustitutos, incluidos a sus cinco suplentes.
La reelección de Morales en su cargo ha quedado relegada, luego de que Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), anunciara el retiro de los votos de su partido político al ex funcionario, por haber defendido a un supuesto pandillero muerto en un enfrentamiento con policías, algunos de quienes son procesados judicialmente por ese crimen.
Los legisladores han dado de plazo hasta este lunes para que los candidatos a Magistrados de la CCR, más de una treintena, presenten sus currículos actualizados, que deben ser analizados por miembros de una Sub Comisión legislativa designada para ello, antes de ser remitidos a la Comisión Política, la responsable de su elección.
El más grave retraso en la elección de los Magistrados del CNJ, recae en los dos principales partidos políticos, el FMLN y ARENA, con cuyos votos se logran los 56 requeridos para elegir a los cinco funcionarios de ese organismo, responsable de designar jueces y a los cinco poderosos Magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Aunque varios legisladores han hecho saber su premura porque los funcionarios de las tres instituciones sean electos cuanto antes, el entrampamiento en la nominación de los aspirantes, aún recorre el calvario por los pasillos legislativos.
La situación ha llegado al grado de que la PDDH emitió la semana pasada un comunicado, en el que informa a la población que los contratos y acuerdos no serán realizados por la falta de firma de un titular de la institución, aunque aclara que la recepción de denuncias por violación de los principios fundamentales, sí será canalizada.
En el caso del CNJ, los legisladores nombraron de manera interina a un administrador para que autorice trámites administrativos que mantengan con vida a ese organismo colegiado.
La CCR, sin embargo, fue estremecida la semana pasada en medio de su acefalía por una sorpresiva intervención de la Fiscalía General que se incautó de investigaciones contraloras caducadas, principalmente las realizadas en el período del ex presidente de la institución, el controversial Rosalío Tóchez, quien se ha postulado para ocupar otra vez el cargo.
Pero solo la mano poderosa de los legisladores, podrá desenredar la madeja política en que se encuentra la elección de los funcionarios de las tres instituciones, para que sigan su vida “normal”.
