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A trece meses de criminalizar a líderes comunitarios, FGR niega retirar acusación

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

A trece meses de la detención arbitraria de los ambientalistas de Santa Marta y ADES, capturados injustamente el 11 de enero del año pasado, con claras señales de la posible reactivación de la minería metálica en el país, la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a retirar la acusación pese a no tener pruebas reales, mientras los tribunales involucrados en el espurio proceso judicial se resisten cerrar el caso.

La semana pasada se venció la prórroga dada a la fase de instrucción, por lo que el juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque deberá convocar en los próximos días a la audiencia preliminar.

“Consideramos que dicha audiencia es propicia para decretar el sobreseimiento definitivo de los defensores ambientales y dar por terminada esta manipulación e instrumentalización de la justicia salvadoreña”, expresó mediante un comunicado la comunidad Santa Marta.

Asimismo, hizo un llamado a todas las organizaciones sociales, a la ciudadanía en general y la comunidad internacional a estar atentas a esta audiencia y alzar aún más fuerte la voz por la justicia y libertad para los líderes ambientalistas. “Convocamos a todos los sectores del país a exigir que se mantenga la prohibición de la minería metálica, que fue resultado de un amplio consenso nacional por el agua, el medioambiente y la continuidad de la vida”, añadió.

Estos líderes comunitarios fueron parte clave de la campaña nacional para prohibir la minería metálica por sus efectos nocivos en la biodiversidad, medio ambiente y los bienes hídricos del país, sin embargo, hay evidencias convincentes que el presidente Bukele desea revertir el voto unánime de la legislatura de 2017 que prohibió la minería metálica. Esta medida pondría en peligro el suministro de agua del país y violentaría la voluntad popular. Organizaciones de Estados Unidos y Canadá que tienen vínculos solidarios con la comunidad de Santa Marta, viajó a El Salvador entre del 15 al 20 de octubre de 2023, para indagar más sobre la situación de los líderes comunitarios detenidos, en su informe piden al gobierno salvadoreño retirar los cargos contra los cinco líderes ambientalistas y mantener la prohibición de la minería metálica. El informe también señala que el presidente Bukele ha tomado una serie de medidas para reducir la independencia del poder judicial, violar los derechos humanos básicos y suspender las libertades civiles y el estado de derecho en nombre de proteger a la población de la violencia causada por las pandillas. Además, el gobierno ha privado de finanzas a los gobiernos locales mientras expande el ejército y desvía millones de dólares de préstamos del exterior para sus colaboradores.

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