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Jorge Gómez Barata
La oposición es parte de la democracia y un elemento del sistema político, buy viagra legal y acreditado que, en pie de igualdad y dentro de la ley, participa de la vida política nacional, interviene en la competencia electoral y con frecuencia se transforma en gobierno. Cuando la oposición se mezcla o se identifica con la delincuencia, pierde identidad, se degrada, se desprestigia, se anula y deja de ser una opción respetable.
Es lo que ocurre en El Salvador donde delincuentes identificados como tales, presionan al gobierno, intimidan a la sociedad, y ponen en riesgo realizaciones populares que han requerido siglos de sufrida historia y tenaces esfuerzos para materializarse. No es la primera vez que ocurre algo así.
La mafia y la “Cosa Nostra”, exportadas a Estados Unidos, se hicieron fuertes en sus ambientes urbanos y florecieron en los tiempos de la prohibición del alcohol, el auge del consumo de drogas, el juego y otras actividades ilícitas, amenazando con erosionar la sociedad norteamericana hasta que el gobierno, John Edgar Hoover y el FBI, actuando con energía y determinación, lo neutralizaron impidiendo que amenazaran el sistema, el estilo de vida y las instituciones.
Historiadores y literatos han contado como, perseguidos en Estados Unidos, elementos de la mafia norteamericana e italiana, emigraron a Cuba y se asentaron en La Habana donde, tolerados y amparados por los gobiernos de turno, progresaron hasta que en 1959, según unas conocidas coplas: “Llego el Comandante y mando a parar…”
El modo de operar de las mafias y el crimen organizado en Estados Unidos, trasladado luego a Cuba y que incluyó elementos de “cuello blanco” y fingida respetabilidad, se desplegó en dos líneas principales. Hay casos en que los mafiosos y sus sicarios actuaban directamente, extorsionando a comerciantes y ciudadanos, secuestrando personas, ejecutando venganzas por encargo y realizando multitud de otros actos delictivos.
Otra vertiente se basa en aprovechar los ambientes corruptos y el miedo, que son capaces de generar para, mediante dinero, chantaje e intimidación, penetrar las estructuras estatales, los sistemas judiciales, atemorizando o comprando agentes y funcionarios policiales, jueces, magistrados y políticos, para de ese modo obtener impunidad y realizar sus designios.
En El Salvador hoy, como en diferentes escalas ocurre en otros lugares de América Latina, la delincuencia organizada, amparada por elementos y fuerzas políticas irresponsables y pervertidas, se integran y se escudan en bandas de delincuentes para realizar una supuesta oposición política.
Se trata de una tácita alianza entre delincuentes y elementos de la ultra derecha reaccionaria, que no es lo mismo que la oposición legítima que realiza su actividad con prácticas adecuadas y en los marcos de la legalidad. Utilizar o ampararse en el accionar de pandillas para tratar de derrocar, paralizar o desacreditar a gobiernos populares es una peligrosa tendencia que amenaza no solo al gobierno, sino al estado y al sistema político.
Maestros en la utilización del lumpen y la delincuencia con fines políticos, fueron los nazis y los fascistas, no sólo en Alemania e Italia, sino en los países ocupados de Europa.
Ante semejante amenaza, el gobierno y las fuerzas de seguridad están obligadas a actuar con energía y eficiencia para conjurar las amenazas a la ciudadanía, a las instituciones y a la democracia. Los parlamentos y el sistema judicial deben apresurarse para crear instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades actuar para conjurar semejantes peligros y el pueblo a movilizarse para frenar tendencias extremadamente peligrosas.
Lo que ocurre en El Salvador, Venezuela, Ecuador y, circunstancialmente en otros países de América Latina es que la ultraderecha, vencida en las urnas y en las calles, con abierto apoyo mediático, abusa de la democracia y del clima de legalidad que los gobiernos populares se esfuerzan por garantizar.
