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Publicación de los deudores de impuestos responde a un mandato legal

@DiarioCoLatino

El gobierno no ha incurrido en alguna ilegalidad al publicar los nombres de las personas naturales o jurídicas que adeudan impuestos al Estado, viagra aseveró el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana.

Y es que durante una entrevista televisiva transmitida en Televisión

de El Salvador, el funcionario recordó que las reformas al Código Tributario avaladas por la Asamblea Legislativa en 2014, establecen el marco legal para la publicación de los deudores.

De acuerdo a Lorenzana, estas reformas “dejaban establecido que los nombres de los deudores deberían ser publicados en un plazo determinado, por tanto, lo que hizo el ministro de Hacienda fue solo

cumplir con la ley.

En tanto, recordó que el gobierno emitió el año pasado un decreto de amnistía tributaria el cual establecía facilidades de pago a aquellos contribuyentes que quisieran acogerse al mismo y solventar su situación con el Estado

“Muchos empresarios se acogieron al decreto de amnistía, desgraciadamente ese decreto lo declaró inconstitucional la Sala de lo Constitucional”, lamentó.

El secretario también cuestionó las críticas hechas por algunos empresarios ante esta publicación, asegurando que muchos de estos utilizan “subterfugios legales” para poder evadir sus responsabilidades con el fisco.

Ante esta situación, informó que el gobierno realiza esfuerzos por evitar la evasión y elusión de impuestos.

“Muchas de las utilidades (algunas empresas) las reportan fuera del país, o sea que algunas de estas empresas cobran acá, pero facturan como que estuvieran en el exterior. Nosotros no tenemos control de la renta internacional, entonces, simplemente evaden impuestos acá, y posiblemente ni pagan acá ni pagan en otros países”, explicó.

Según el listado publicado, la suma pendiente de pago de 12 mil 519 personas naturales y jurídicas asciende 372.6 millones de dólares. Más del 63% de los casos son de grandes contribuyentes, que tienen una deuda superior a los de $237 millones.

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