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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Abogados querellantes del proceso contra el expresidente de la República, sildenafil el arenero Francisco Flores, viagra insistieron ayer en la necesidad de que el fiscal general de la República, Luis Martínez, sea separado del proceso judicial que se le sigue al exmandatario porque tiene conflicto de intereses y está obstaculizando la investigación.
Según la abogada Bertha María de León, de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el fiscal está escondiendo información para favorecer al exjefe de Estado. Por ejemplo, dice (el fiscal) que no se puede sostener el delito de lavado de dinero, pero no explica de quién es la responsabilidad de que no se pueda argumentar, señaló.
El fiscal lo que tiene es un juego de palabras insostenible técnicamente, sostuvo la querellante. “El papel de la fiscalía, como lo hemos venido denunciando, ha dejado mucho que desear, no solo en el tema de las asistencias internacionales… que se plantearon desde el requerimiento y no fueron realizadas oportunamente”, se quejó.
La abogada agregó que la fiscalía hasta estos últimos meses ha estado presentando documentación que estaba en su poder desde el año pasado, y que eso es cuestionable porque los atrasos de la fiscalía tienen efectos en el sentido que a partir de esas asistencias podían haberse solicitado otras diligencias si las hubieran presentado con mayor prontitud, pero que, a la inversa, lo hacen justo al filo del vencimiento del plazo.
De León dijo que incluso la fiscalía presentó un sobre proveniente de Bahamas que ya venía roto y que nadie se hace cargo de eso. Ahora la abogada dice que el ministerio público tendría que volver a solicitarlo, pero que ya es decisión de la FGR, y para eso se tardarían otros tres meses.
“El fiscal general, aduciendo una supuesta sanción de los Estados Unidos, se ha negado a presentar primero el Reporte de Operaciones Sospechosas, tan famoso es, y se prohíbe que se mencionen sus siglas; se niega a devolver el FinCen ,que tenía información que podía sostener el delito de lavado”, argumentó.
La abogada querellante dijo que hasta este momento la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, aún cuando el juez le ha solicitado que le envíe la sanción escrita que se hizo al país por haber divulgado la existencia del documento, no lo ha hecho.
“Hasta ahora, el fiscal Luis Martínez alega que tiene la sanción (impuesta por Estados Unidos), pero no la muestra”, comentó la querellante quien aclaró que se puede procesar al expresidente de la república Francisco Flores por el delito de lavado de dinero, pero la fiscalía tiene que presentar la documentación al respecto.
El Reporte de Operaciones Sospechosas no es un documento que se puede ocultar para siempre. “El artículo 22 sobre el lavado de dinero establece que si esta documentación es requerida por un juez en el marco de un proceso penal, tiene que ser entregada porque sino pierde la naturaleza, estar recopilando información si no se va utilizar nunca. El fiscal se niega a entregarlo, (lo) que no permite cambiar(el delito) a lavado de dinero”, manifestó.
Tal como se ha llevado a la fecha, el proceso presenta anomalías, según la abogada.
De León dice que se ha obstaculizado el esclarecimiento del caso, lo no necesariamente implica que tenga que haber una condena, sino más bien que se conozca lo que pasó. No obstante, afirmó que es conocido que el fiscal Martínez ha trabajado para la familia Flores y debería mejor separarse del cargo.
Para Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), lo que se está viendo es que muchos casos se están cayendo por la mala actuación de la fiscalía y no puede ser que en el trascurso del tiempo no hayan aprendido lo suficiente para darse cuenta que deben cambiar y que están cometiendo errores.
Villalta señaló, además, el hecho de que hay una serie de nombres que se repiten tanto en el caso de Francisco Flores como en el proceso de CEL/ENEL y también en la reciente lista de deudores de impuestos al Estado. “Como que aquí hay y ha habido una línea de cómo sustraer, de cómo aprovecharse y tener el control de la institucionalidad para el beneficio particular”, denunció.
Es debido a estas situaciones que se hace necesario una fiscal transparente y sin compromisos con grupos de poder, según el querellante del caso Flores.
“Lo que estamos viendo es la necesidad de poder tener un fiscal que realmente cumpla con la obligación constitucional de investigar debidamente los delitos, que no esté arguyendo hechos o situaciones como las de amenazar, como lo ha estado haciendo, para acallar ya sea a medios de comunicación o, en este caso, también a los querellantes”.
Villalta desafió al fiscal y le dijo que no puede intentar callarlo para que no hable de la existencia del documento, y de los movimientos financieros sospechosos atribuidos al expresidente. “Aunque a él no le guste que se mencione el informe de inteligencia financiera conocido como Fin-Cen, existe, y ese informe existe porque el fiscal lo presentó y fue el primero que lo dio a conocer, por lo tanto, no puede venir a decir a mi que debe de dejar de hablar de la existencia de ese informe”, el cual puede tener algunos elementos para argumentar el delito de lavado de dinero contra el expresidente, afirmó.
