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La Fiscalía General de la República sostiene que la víctima no sobrevivió, ya que las heridas producidas por el proyectil fueron mortales.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Feminicidio agravado, encubrimiento e incumplimiento de deberes son los delitos por los que se giraron once órdenes de captura contra los agentes y civiles que presuntamente ayudaron a la desaparición y asesinato de Carla Ayala, así lo informaron ayer la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Ayala que también era agente policial desapareció luego de una fiesta que se realizó el 28 de diciembre en las instalaciones del Grupo de Reacción Policial (GRP). El cuerpo de la agente no ha sido encontrado, pero las investigaciones apuntan a que falleció.
Douglas Meléndez, fiscal general de la República, explicó que los agentes de la PNC y oficiales acusados tienen la responsabilidad por no haber accionado contra el feminicida (Juan Josué Castillo), además por dar cobertura y por darle acompañamiento hasta Usulután. Lo mismo hicieron los imputados civiles.
“Hemos modificado las órdenes por el delito de feminicidio, considerando que definitivamente hubo mucho desprecio e invisibilidad a la víctima”.
“Fueron acusados por menosprecio a la víctima por no haberla llevado a un centro hospitalario”, explicó el fiscal.
Meléndez aseguró que ha modificado el delito ya que consideran que la agente sufrió un desprecio y una invisibilidad, asimismo, que la víctima sufrió menosprecio, el cual quedó en evidencia por no haberla llevado a un hospital.
El fiscal general informó que solicitará que el caso pase al Juzgado Especializado contra la Violencia hacia las Mujeres.
Howard Cotto, director de la PNC, explicó que de ninguna forma puede interpretarse que estas capturas hayan finalizado el caso. Al contrario, esto abre la pauta a seguir con las investigaciones, principalmente la detención de Juan Josué Castillo y la ubicación del cuerpo de Ayala.
Juan Josué Castillo Arévalo, principal sospechoso, quien ha sido acusado de feminicidio agravado, sigue prófugo de la justicia. Anteriormente se le imputaba el delito de privación de libertad y secuestro.
Entre los capturados se encuentra Víctor David Castillo Campos (civil), acusado de feminicidio agravado en grado de complicidad no necesaria. A Castillo se le incautó el teléfono celular de la agente Carla Ayala.
De acuerdo con las autoridades, David Castillo ayudó a escapar Juan Josué Castillo.
Mientras que el subcomisionado Julio César Flores Castro, exjefe del extinto GRP, es acusado de incumplimiento de deberes. Este mismo delito se les imputan a los agentes Salvador Enrique Chávez, Alex Abdulio López Martínez, Pablo Antonio Estrada Villalobos y Carlos Alberto Flores, a este último se le agrega el delito de encubrimiento.
Los civiles, Edgardo Alfonso Chavarría Castillo y Edwin Isaac Esquivel Chávez son acusados por el delito de encubrimiento.
Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Antonio Pacheco, ambos agentes policiales, fueron intimados por el delito de feminicidio agravado en grado de comisión por omisión.
De todos estos imputados, la Policía confirmó la detención de cinco, dos más que ya se encuentran en prisión y cuatro que aún no se han capturado, entre estos: Pablo Antonio Estrada Villalobos, Carlos Alberto Flores Fernández y Edwin Isaac Esquivel Chávez, quienes son prófugos de la justicia. Los dos últimos han sido localizados tratando de ingresar de manera irregular en Estados Unidos.
Los hechos
Guadalupe de Echeverría, jefa de la Unidad Especializada de la FGR, explicó los hechos en que se vinculan a todos los imputados en la desaparición y presunto asesinato de Carla Ayala.
“Tenemos los vídeos del sistema de vigilancia, en el que se capta la patrulla, además, la línea de tiempo, la trayectoria de la patrulla del sector al GRP, y posteriormente la huida al sector de Usulután, todo captado a través de videocámara”, dijo la fiscal.
Para la Fiscalía, los agentes policiales omitieron cumplir con su deber para la captura de Castillo Arévalo, ya que estos actuaron de una manera “tranquila”, tal como demuestran los vídeos de vigilancia de la zona del GRP.
El Feminicidio
Por otro lado, la Fiscalía informó que pese a que la víctima no ha sido encontrada, ya se da por fallecida, debido a la investigación científica realizada por las autoridades, donde establecen que la víctima recibió un disparo en el rostro o la cabeza.
En tal sentido se estableció que existe una serie de pruebas que señalan la muerte de Carla, entre estas, el espacio físico, la posición de la víctima y victimario. Además la bitácora de llamadas y extracciones que confirman comunicación con la víctima.
El trayecto del proyectil, como también un cabello alrededor de la bala y las manchas de sangre, son pruebas para determinar que el impacto del proyectil fue en la cara y cráneo de la víctima.
“Las heridas producidas por el proyectil disparado con arma de fuego, en los sitios estimados, son considerados como lesiones mortales, por daños a órganos vitales”, explicó Echeverría.
Remiten a Juzgado
La tarde de este lunes, la Fiscalía presentó el requerimiento de acusación en contra de los agentes policiales y civiles vinculados con el feminicidio.
El Juzgado Octavo de Paz programó para el próximo jueves la audiencia inicial en contra de los imputados.
Para esta etapa del caso, la FGR solicitó reserva total para resguardar las diligencias que se realicen, entre estas, nuevos elementos de prueba que desfilarán en la audiencia.
