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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibieron al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien amplió información relacionada a una suscripción de un préstamo por $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una reforma al decreto legislativo 686 con fecha del 9 de julio de 2020.
El préstamo por 600 millones de dólares sería para el “Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo Afectados por el COVID-19”. Las condiciones del préstamo son a veinte años plazo con cinco años de gracia y una tasa de interés del 2.6 %.
El encargado de las finanzas del Estado dijo además que este es el apoyo fiscal “más grande en la historia del BCIE” y que se utilizará para la recuperación económica de El Salvador.
El funcionario añadió que los $600 millones “servirán para apuntalar la política de reactivación económica y también la política fiscal del Estado, este es un mecanismo de reembolse de gasto de inversión; de tal suerte que los fondos que se erogaron desde el Fondo General de la Nación para financiar el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), ahora serán reembolsados a la caja fiscal del Estado del cual tendrá libre disponibilidad”, expuso Zelaya, cuando presentó la iniciativa.
De esos $600 millones, $525.3 para obligaciones generales del Estado y para el financiamiento de la brecha presupuestaria, es decir, “estos procesos ya están contratados, en las computadoras, la reconstrucción de escuelas”, comentó Zelaya.
Mientras que el restante de ese préstamo será destinado a diferentes instituciones del Estado, así: $21 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), destinados a proyectos de mejora de la infraestructura y servicios para optimizar el suministro de agua a la población; $6 millones para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para la modernización de infraestructura aeroportuaria y portuaria a fin de mejorar la prestación de servicios; $24 millones para Agricultura, para proyectos que fortalezcan la modernización y el mejoramiento institucional, seguridad alimentaria y la simplificación de trámites; $15 millones para Obras Públicas, para la ejecución de obras de mitigación de cárcava; $8 millones para Economía, para el fomento de la atracción de la inversión privada nacional y extranjera, mediante la simplificación de trámites.
Mientras que la reforma que planteó Zelaya es al decreto 686, por medio del cual se autorizó suscribir contrato de préstamo con el BCIE por $50 millones. Indicó que es el financiamiento que la anterior legislatura destinó a obras municipales, cuando estaba asignado para el apoyo de la política fiscal del país.
Dicho préstamo es para el “Financiamiento parcial de las Medidas Económicas Compensatorias por la Emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador”.
“En este tema, ganamos la controversia con la Sala de lo Constitucional anterior, ya que el tribunal dijo que ellos (los exdiputados) invadieron las competencias del Ministerio de Hacienda y lo declaró inconstitucional. A raíz de eso, nosotros estamos pidiendo que se modifique el decreto legislativo N° 686, que fue el planteamiento inicial”, expuso Zelaya.
