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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Los datos revelan que la violencia sigue siendo una problemática que afecta los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y los ámbitos identificados son la violencia familiar, social, institucional, la violencia en entornos virtuales y la violencia pro razones de género”, explicó, Patricia Portillo de ORMUSA.
Este miércoles fue presentado el “Balance de la Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en El Salvador” (2021-2022) por las organizaciones que integran la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que abarca el cumplimiento de los derechos de este segmento poblacional del año 2021 y el primer semestre de 2022.
La presentación del Balance tiene como objetivo invitar a la institucionalidad del Estado a fortalecer políticas públicas que le permita a esta población y mejorar la calidad de vida e impulsar sus proyectos personales dentro de la sociedad en general.
Portillo afirmó que durante el año 2021, el impacto de la pandemia Covid-19, aún continuaba impactando a la niñez y adolescencia, como el acceso a la salud física y mental, la educación con los cambios en las instituciones públicas que han afectado el “desarrollo integral” de este segmento de la población salvadoreña.
“El documento analiza los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, recopilando datos oficiales disponibles, opiniones y experiencias de grupos clave como niñas, niños adolescentes y representantes de instituciones del Sistema Nacional de Protección”, afirmó.
“Sobre la violencia, su manifestación implica impactos que afectan el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes a nivel físico, psicológico, sexual, emocional y espiritual. En el año 2021, las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, reportaron 14 mil 962 casos recibidos, que refleja un aumento al año 2020, que registró la cifra de 9, 416 casos”, sostuvo Portillo.
En cuanto a la “integridad personal”, Patricia Portill señaló que era el principal derecho vulnerado de la niñez y adolescencia y especialmente en el ámbito familiar, porque lo que consideró prioritario emitir políticas públicas y generar inversión de estas para prevenir casos de desprotección y mejorar esquemas de atención a víctimas de violencia o personas que viven en condición de vulnerabilidad.
“Los delitos contra la libertad sexual cometidos contra niñez y adolescentes en el año 2021, fueron de 3, 351 casos, lo que representó un aumento con respecto al año 2020 que reportó 2,578 casos. En donde el mayor número de casos de estos delitos fueron cometidos en niñas y adolescentes mujeres con un total de 3 mil 121 víctimas, y hombres en la misma categoría fueron 230 víctimas”, informó.
“Y aunque se continúan desarrollando esfuerzos interinstitucionales en atención y prevención del embarazo de niñas y adolescentes, que si bien presentó una disminución con el año 2020, en forma general preocupa que el número mayor de embarazos continúa presentándose en niñas y adolescentes entre los 12 a 17 años”, reafirmó.
Mientras, Andrea Recinos, agente oficial del ICEMEC, que en el área de educación, solo el año 2021 El Salvador presentó una disminución en la matrícula educativa respecto al año 2020. Y que pese a que se estableció un plan de retorno con protocolos para la reapertura ordenada luego de la pandemia del Covid19, no todos los estudiantes inscritos en el año 2020 se incorporaron nuevamente en 2021.
“Consideramos que ha aumentado la brecha de desigualdad. Y si bien es positiva la entrega de paquetes escolares, tablets y computadoras a la población estudiantil, también se debe fortalecer el acceso, conectividad y mejora de habilidades tecnológicas en la población docente y estudiantil”, señaló.
De acuerdo a las cifras compiladas por la Alianza, provenientes de la Encuesta de hogares, la cifra de 4, 469, 27 personas habían declarado “no asistir a la escuela” (2020) en donde 45.7% eran hombres y 54.3% mujeres, que en términos relativos, señaló Recinos, “esto representa el 74.7% del total del segmento de población de 4 años y más.
“Para el año 2021, las personas que declararon no asistir a la escuela incrementó en 46, 398 personas, llegando a ser 4,516,125 , en donde 44.5% eran hombres y 55.5% eran mujeres, lo que representa el 75.6% del segmento de la población”, acotó Recinos.
Asimismo, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud realizó algunas recomendaciones a la institucionalidad del Estado salvadoreño a fin de garantizar los derechos y los proyectos de vida de la niñez y adolescencia salvadoreña.
Ana Julia Gómez, representante del IMU, consideró que “fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con capacitación técnica de profesionales de las instituciones públicas, permitiría el reconocimiento de los derechos de esta población”.
“Se debe asegurar la inversión y las políticas públicas encaminadas a erradicar todas las formas de violencia que afectan la niñez con énfasis en la violencia por razones de género, a fin de crear condiciones para que puedan vivir en un entorno seguro y protector en todos los ámbitos”, manifestó.
“En las áreas de salud y educación se debe garantizar la aplicación de programas de educación integral de la sexualidad, partiendo del desarrollo progresivo de las facultades de la niñez y adolescencia , programas de educación familiar en la temática que contribuya en la prevención de la violencia basada en género y otras formas de violencia”, reiteró.
Sobre el informe presentado por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que retoma tres meses del Régimen de Excepción, Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, afirmó, que esto tendrá un impacto a posterior.
“Hay algunas cosas que impactan en la niñez y adolescencia en este Régimen de Excepción, y uno de ellos es la cantidad de adultos detenidos, cuya responsabilidad que tienen -con ellos- (manutención y protección) será un impacto importante en sus vidas”, consideró.
“Padres o madres tratando de resolver la situación jurídica de sus parejas está impactando a la niñez -hemos podido ver- que es una situación delicada, porque no solo genera problemas emocionales, sino también económicos, educativos y si hubo desplazamiento en algunos casos, mucho más. Y si bien el balance abarca 3 meses del régimen aún no hemos podido llegar a una conclusión definitiva y total de ese impacto directo”, indicó Fino.
Con respecto a las nuevos marcos jurídicos de protección de la niñez y adolescencia, Fino opinó que la Ley de Crecer Juntos y Nacer con Cariño, van a generar una modificación en la institucionalidad de país, por tanto, era prioritario agilizar la estabilidad institucional para establecer de manera “fuerte” la defensa de la niñez y adolescencia.
“No se debe descartar las buenas prácticas heredadas de la LEPINA, porque sencillamente si partimos del punto de inicio con todas las fortalezas de la LEPINA, van a empezar y dar buenos resultados en defensa de la niñez y adolescencia”, sugirió.
“Si desechamos toda esa experiencia y comenzamos de -cero- lo que pasará es que deberemos esperar mucho tiempo para ver resultados positivos con la nueva legislación. Entonces, hay que aprovechar las buenas experiencias acumuladas en defensa y protección de la niñez y adolescencia de El Salvador y no se verá retrasada en iniciar “, puntualizó, Fino.
