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Gloria Silvia Orellan
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“La impunidad continúa y existe una deuda histórica en los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y mucho más cuando el documento firmado en los Acuerdos de Paz, en ningún momento, menciona la impunidad“, dijo Carolina Constanza, del Centro para al Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”.
En vísperas del vigésimo octavo Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, ocurrida el 16 de enero de 1992, que culminó con doce años de conflicto armado interno, las víctimas sobrevivientes, familiares y organizaciones que integran la Mesa Contra la Impunidad, el Grupo Gestor y Pro Memoria Histórica se unieron para reiterar que “la justicia no es negociable” y demandan del Estado salvadoreño el cumplimiento y garantías para resarcirlas.
Sofía Hernández (CODEFAM) lamentó durante su intervención la intención gubernamental de “voltear la página”, esa parte de la historia del país, con el agravante de no resarcir a las víctimas del conflicto armado con la aplicación de justicia, reparación moral, psicológica, salud y económica.
“El órgano de Justicia, la Fiscalía General de la República, la PDDH, la Asamblea Legislativa, su presidente diputado Ponce, y el presidente (Nayib Bukele) lo ven a uno con desprecio, cuando hemos trabajado mucho por esos Acuerdos de Paz y el Informe de la Comisión de la Verdad, que les mandaron a atender estos casos y de eso no hemos visto nada y seguimos luchando“, expresó Hernández.
Rodeados por más de 30,000 nombres en un memorial de 85 metros de largo y tres de alto, nombrado como el Monumento a la Memoria y la Verdad, estos colectivos demandaron del Estado salvadoreño la dignificación de la memoria de las víctimas, sin postergar más la aplicación de justicia.
Rafael Segura, sobreviviente de torturas aclaró que sin la participación de quienes sufrieron esos vejámenes durante el conflicto armado, la propuesta de una Ley de Reconciliación o Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional sería totalmente una “amnistía oscura”, que solo va a generar mayor impunidad.
Sobre la aplicación de la justicia y la Ley de Reconciliación, David Morales, de Cristosal indicó que han dado seguimiento al proceso de la subcomisión de la Asamblea Legislativa, que ha generado cinco borradores como propuesta normativa que no cuentan con parámetros de legítima justicia por la falta de consulta a este grupo poblacional.
“Hemos visto que estos borradores contienen disposiciones de impunidad para evitar que los condenados por crímenes de guerra o Lesa Humanidad cumplan penas de prisión. Y tienen disposiciones para el cierre arbitrario de los casos en sede fiscal con plazos no razonables, para que sea investigados los crímenes; es decir, que son cinco esfuerzos de una nueva ley de amnistía disfrazada. Y, por otro lado, no garantizan de modo alguno el financiamiento de las reparaciones a las víctimas”, señaló.
Las organizaciones destacaron que han presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, con elementos y estándares de derechos humanos como la reparación e investigación de casos; el anteproyecto presentado en mayo de 2019 ha sido ignorado por los legisladores, acotaron las organizaciones y reafirmaron que “los derechos de las víctimas no se concesionan“.
Eduardo García (Pro-Búsqueda) consideró que las responsabilidades del Estado salvadoreño distan mucho de sus deberes y carecen de “voluntad política”, que postergan los derechos de las víctimas y sus familiares. Y consideró absurdo que a los bandos en confrontación durante la guerra se les dote de una normativa y pensiones y se ignore siempre a las víctimas.
“El fiscal afirma que tiene poco personal asignado y poco presupuesto y no es cierto; hay incrementos presupuestarios en los últimos años, precisamente con esta intención, para investigar estos casos y -sí es cierto- el tiempo ha transcurrido para investigar, pero nosotros como organizaciones hemos investigado, exhumado, resuelto y encontrado personas desaparecidas y si nosotros, sin las capacidades y fondos que se necesitan para una labor de estas, lo hemos hecho; lo menos que esperaríamos de un Estado bien formado y con recursos es que haga más“, argumentó.
“Hemos venido a reafirmar a este Monumento a la Memoria y la Verdad nuestro compromiso con la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de estos hechos”, indicó David Ortiz (FESPAD) y pidió a los tomadores de decisión no seguir demorando el pleno goce de los derechos de las víctimas.
“El fin de los Acuerdos de Paz nunca fue favorecer la impunidad, la mentira o el olvido; en ese sentido hacemos un llamado urgente y vehemente a la Asamblea Legislativa, para que esa ley (de Reconciliación) se de con la participación de las víctimas. Al presidente de la República (Nayib Bukele) que se acuerde que en este país hubo una guerra y que hay víctimas que deben ser atendidas de manera integral. Al procurador de Derechos Humanos (Apolonio Tobar) le estamos diciendo que los derechos humanos no son negociables y deberán ser atendidos según los estándares y compromisos internacionales y al fiscal (Raúl Melara), generar las energías y esfuerzos para dar respuestas a estas demandas de justicia”, reseñó.
