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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Las Víctimas, sobrevivientes y defensores de los derechos humanos que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), junto a la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador y el Grupo Gestor de la ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, presentó este jueves en Casa Presidencial una carta abierta donde se pide al Estado el seguimiento de los más de 165 casos del conflicto armado estancados en la Fiscalía General de la República (FGR), y combatir la impunidad.
Los colectivos de víctimas del conflicto armado también condenaron las décadas del “Estado de impunidad” que han vivido los sobrevivientes de guerra, ante un gobierno que “ignora a las víctimas” e incumple los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados.
Los colectivos señalaron que a tres años de la gestión administrativa del presidente, Nayib Bukele, los comités de víctimas y organizaciones que trabajan por la memoria histórica, no han tenido respuesta sobre la lucha.
Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso, comentó que desde hace más de cuatro décadas los colectivos han luchado para que se de solución a la deuda histórica con las víctimas. Posterior al periodo de guerra las organizaciones y comités han seguido luchando para que sus voces sean escuchadas. Sánchez aseguró que el mandatario, Nayib Bukele tuvo intenciones “positivas” al inicio de su gestión, sin embargo, sus casos no han tenido repuesta.
“Tiene todas las condiciones (Bukele) en la correlación política legislativa, en el control de las instituciones para poder por fin pasar esta página de la historia que todavía adeuda al pueblo salvadoreño”, recalcó Sánchez.
Según los colectivos, la guerra civil que sufrió El Salvador, en el periodo de 1979 a 1992, fue escenario de innumerables violaciones a los derechos humanos, que hasta la actualidad siguen impunes, algo que fue señalado tanto por la Comisión de la Verdad como por organismos internacionales, sin embargo, tanto el gobierno en turno como las administraciones pasadas han ignorado los llamados.
Para las víctimas del conflicto, el declarar inconstitucional la Ley General de Amnistía en 2016, representó un avance en la lucha de justicia y verdad para los sobrevivientes, algo que con el tiempo no influyó de forma positiva en los casos de impunidad, ya que las autoridades no han mostrado postura favorable para resolver los casos, que según los colectivos, prometieron a inicio de la actual gestión.
Los colectivos exigieron al Estado salvadoreño dar seguimiento a los casos que se encuentran estancados en la Fiscalía General de la República, asegurando el acceso a verdad y la justicia, cesar el bloqueo de los archivos militares históricos en favor de las investigaciones judiciales y administrativos de los crímenes.
Asimismo, aprobar y aplicar la ley, reglamentos y normativa relativa a justicia transicional para que dé cumplimiento a las obligaciones del Estado con las víctimas y generar canales de diálogo que permita implementar un proceso real de justicia.
