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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Justicia Transicional, según el derecho internacional, es una serie de mecanismos que permiten a las víctimas tener acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición posterior a períodos de conflicto, represión y niveles de violencia a gran escala y de alto impacto que llevaron a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
En este marco, Eduardo García, director ejecutivo de Asociación de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (Pro Búsqueda), señaló como “deuda histórica”, la invisibilidad al que han sido sometidas las víctimas desde los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras instituciones del Estado salvadoreño que afirmó han preferido “callar y voltear la cabeza hacia otro lado que cumplirle a las víctimas”.
“La mayor deuda que tienen todos los gobiernos, todas las legislaturas y el Estado mismo, es no ponerse al lado de las víctimas, de no buscar a las personas desaparecidas y de restituirles a esos niños y niñas su identidad”, señaló el defensor del derecho de las víctimas.
“Porque no hay acto más cruel que una desaparición forzada, pero cuando esta es practicada en niños inocentes rebalsa cualquier expectativa. Ahora la pregunta es ¿Quién quiere ser cómplice?, o ya lo es por no establecer el paradero de los desaparecidos desde el conflicto armado hasta la actualidad”, sostuvo García.
Las organizaciones de derechos humanos que integran la Mesa contra la Impunidad (MECIES), demandaron en representación de colectivos de víctimas del pasado conflicto armado de los años ochenta, a comprometerse y agilizar el “estancamiento” en que se encuentra la Ley de Justicia Transicional, lo que genera impunidad sobre los crímenes de Lesa Humanidad, ocurridos en el pasado conflicto armado.
El director de ProBúsqueda reiteró en sus observaciones que todos los funcionarios que han pasado por los distintos órganos del Estado salvadoreño, “han mirado hacia otro lado” sin importarles que las madres a las que fueron arrebatados sus hijas e hijos, fundaron organizaciones de defensa de derechos humanos y han podido desde sus límites localizar y realizar 500 reencuentros de esos niños y niñas desaparecidos.
“Esto da evidencia que se encuentran vivos, entonces, qué clase de humanidad se puede tener cuando a sabiendas que esos niños y niñas inocentes, porque no podemos hablar que un niño de 3 meses o una niñas de 1 año de edad fueran combatientes, esos discursos se caen, ¿Qué humanidad puede tener una persona que voltea su mirada contra los más inocentes de este país?”, afirmó.
“Esa deuda de justicia está pendiente y no podemos seguir cargándoles a las víctimas la tarea de investigar y darle -cocinado – de quienes son los autores materiales de las desapariciones. Porque por eso se les paga a ellos (funcionarios), para eso se les eligió. Porque ellos mismos llegaron a la Asamblea Legislativa -a decir- , que eran los idóneos para ser fiscales o magistrados. Pero no han cumplido con su mandato”, señaló García.
Los casos emblemáticos como la masacre de El Mozote y lugares aledaños, realizada en diciembre de 1981 o el asesinato de los cuatro periodistas holandeses, en marzo de 1982, en los cuales militares de alto rango son imputados por graves violaciones a los derechos humanos continúan en total impunidad, afirmaron las organizaciones de la MECIES.
Sobre el anteproyecto de Ley de Justicia Transicional que han presentado las organizaciones de derechos humanos, sus nuevas reformas al contenido y la presentación ante la nueva legislatura dominada por el partido oficial Nuevas Ideas, Irene Gómez, abogada de CRISTOSAL, dijo que lamentaba el atraso para contar con un marco jurídico para las víctimas.
“Con respecto al anteproyecto de ley para la Justicia Transicional, es que no han hecho nada (Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos) para aprobarlo, cuando se intentó pasar la carta que se presentó en julio pasado, en propuesta para que pudieran estudiar el anteproyecto de ley, dijeron que no la estudiarían”, acotó Gómez. “Dijeron de ese anteproyecto de ley -que presentamos nosotros-, que era un reciclaje y minimizaron el tema”, agregó.
A manera de ejemplo, citó las “garantías de no repetición”, que luego, del 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele, ingresó a la Asamblea Legislativa junto con la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, el concepto cambiaba sobre este inciso.
“Dentro del anteproyecto se reconsideró entonces en cuanto a las garantías de no repetición, no utilizar a la Fuerza Armada, como medida de represión que no es de beneficio del pueblo”, indicó.
“Porque, un órgano del Estado no puede entrar violentamente y agredir la independencia de otro. Y preocupa cuando la situación actual, cuando vemos una concentración de poder que hay cooptación de todos los órganos del Estado, y esto es lo que se ha incluido en las garantías de no repetición de estos hechos como la independencia de cada órgano del Estado”, comentó Gómez.
Asimismo, reiteró que el anteproyecto ha ido mejorando en el tiempo a través de la participación de todas las organizaciones que la redactaron en el tema de la Justicia Transicional y que han modificado algunos artículos e incluido otros.
“Si no se tomó en cuenta en la legislatura anterior seguiremos intentando que sea en esta, y si no lo quieren tomar en cuenta -les recuerdo- que dijeron que iban a velar por las víctimas del conflicto armado pero hasta momento no lo estamos viendo”, expresó Gómez.
Oscar Pérez, de Fundación Comunica, dijo que esta nueva legislatura, con mayoría de Nuevas Ideas, “ tiene una gran deuda con este país”, y en especial con las víctimas al atrasar la aprobación de Justicia Transicional.
“Esta legislación ha prometido este proceso de justicia transicional, en donde las víctimas sean el centro de la ley, pero hasta el día de hoy no conocemos de lo trabajado por esta comisión legislativa”, afirmó.
