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Oscar López
@Oscar_DCL
Eduardo García -de Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos- consideró que en cuanto a brindar justicia a las víctimas del conflicto armado, El Salvador no presenta “avances suficientes”, ya que hasta el momento los distintos órganos de Estado pasan a un segundo plano la aprobación y aplicación de medidas enfocadas en investigar crímenes sucedidos durante la guerra civil.
“Podríamos decir que hay un avance en materia de justicia cuando la Fiscalía General de la República creó un equipo especializado de fiscales para investigar los crímenes de lesa humanidad, pero es insuficiente que sean cuatro fiscales y que no tengan el presupuesto suficiente”, argumentó García.
De igual forma, García explicó que durante el primer año de gobierno de la gestión del presidente Nayib Bukele hubo retrocesos en lo referente a las víctimas del conflicto armado, tras la ejecución de algunas decisiones, entre ellas la de suprimir la Secretaría de Inclusión Social.
“La secretaría le daba vida al decreto Ejecutivo 204 que era la única medida de reparación que en todos los gobiernos después del conflicto armado se haya puesto en práctica y eso es un obstáculo impresionante, porque con la secretaría disolvió el Consejo de Víctimas”, afirmó García.
La supresión de la secretaría impide que las víctimas del conflicto armado reciban la incipiente indemnizaciones que les brindaba el Gobierno anterior, el monto de la mismas rondaba los $15 y $20. “En mayo se les pidió a las organizaciones que convocaran a las víctimas para que fueran a los bancos a cobrar la paga de entre $15 y $20 de septiembre del año pasado, del presupuesto del año pasado”, agregó García.
De igual forma, también están en el “limbo jurídico” otros decretos ejecutivos, entre ellos los que dieron vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y la Comisión Nacional de Búsqueda de Adultos, ya que no han sido ratificados ni sancionados por el actual Gobierno.
“Tienen un presupuesto de $250,000 para la búsqueda de desaparecidos, sabiendo la complejidad que hay; si, además metemos que el 28 de febrero se cumplió el plazo que daba la Sala de lo Constitucional para elaborar una ley de justicia transicional y de acceso a la reparación de las víctimas, por lo tanto las víctimas no han recibido mayor beneficio en justicia y en verdad”, aseveró García.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo incumple con el compromiso adquirido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de crear una comisión interinstitucional para revisar archivos militares.
García indicó que entre las deudas pendientes del Estado con las víctimas del conflicto armado están: la creación del banco de perfiles genéticos, una verdadera ley de reconciliación que promueva la judicialización, la investigación y la sanción de los responsables y una verdadera reparación para las víctimas.
Asimismo, Pro-Búsqueda organizó una conmemoración virtual de la “Guinda de Mayo”, con la que se pretende recordar y mantener vigente en la memoria histórica de los salvadoreños la masacre que ocurrió hace 38 años, en la zona nor-oriente del departamento de Chalatenango.
“Es importante este tipo de conmemoraciones, porque al querer borrar la memoria borramos también la experiencia que hemos construido como sociedad, el camino que hemos dado desde las dictaduras militares hasta el estado de derecho, de paz que todavía es incipiente, y del riesgo que tenemos en la actualidad de retroceder hacía esos estados autoritarios”, concluyó García.
A la fecha, existen tres sentencias internacionales contra El Salvador por casos de crímenes de guerra, más casi una decena de sentencias constitucionales a nivel nacional, todas recalcan la ausencia de esfuerzos serios para la ubicación de las víctimas, la investigación y juzgamiento de los responsables de desapariciones y de colaboración entre instituciones para acceder a información militar, administrativa y de cualquier índole que permita cesar la incertidumbre de las personas que buscan a un familiar desaparecido.
