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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Mi mami buscó y buscó a mi hermano incansablemente. Ella falleció hace 8 años y se fue con ese pesar de que no encontró su cuerpo”, expresó Roxana Concepción Benítez, quien porta la fotografía de su hermano José Tito Benítez, en el acto conmemorativo del Día Nacional de las Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos del Conflicto Armado.
“Él solo estaba esperando que le pagaran su sueldo, eran las 11 de la mañana, cuando llegó un Escuadrón de la Muerte a sacarlo y se lo llevó, él no era sindicalista, si no que estaba formando un comité de base cuando los hombres lo subieron a un microbús y se lo llevaron, de eso hace 38 años”, recordó Roxana.
José Tito Benítez Ramos, era un joven de 25 años, que siendo empleado de la fábrica Yucatán, en el municipio de Mejicanos, fue detenido por un Escuadrón de la Muerte, que lo secuestró estando en su oficina y lo desapareció.
Las organizaciones que integran el Comité de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador conmemoró el Día Nacional de las Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos del Conflicto Armado, y para reiterar la denuncia que el Estado salvadoreño, mantiene en total olvido a las víctimas y sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña en la década de los años ochenta.
David Ortiz, del Comité, afirmó que este 2022 se suma a otro año más de “impunidad en el país”, pese a que la Ley de Amnistía, que fue derogada en el año 2016, no le impide al sistema judicial juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
“Siguen siendo protegidos por los poderes de turno que controlan la institucionalidad, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y los tribunales de justicia en el país”, señaló. “La hoja de ruta para construir nuestra democracia que significó los Acuerdos de Paz (1992), fue saboteado principalmente por los firmantes de dichos acuerdos y fue desaparecido por el actual gobierno”, agregó Ortiz.
Asimismo, lamentó la “desaparición de la independencia de poderes” y que el presidente Nayib Bukele “maneje toda la institucionalidad del Estado vía tuiteer”, y que la ciudadanía viva limitada en sus derechos por el régimen de excepción como sucedía en la guerra.
Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya.
“Ahora, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario con las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Las condiciones estructurales de injusticia siguen vigentes, y la militarización de nuestra sociedad ha sido reforzada por cada gobierno en los últimos 30 años, y hoy los militares tienen el mayor presupuesto desde los Acuerdos de Paz”, sostuvo Ortiz.
La presencia de militares en espacios de sociedad civil, consideró Ortiz, significa que están invadiendo en “labores reservadas para autoridades civiles” en una clara violación a la Constitución de la república.
“Exigimos a la Comunidad Internacional que se detenga el financiamiento para labores militares hacia nuestro país, la transferencia de armas, tecnología y capacidades militares en general. En El Salvador, su niñez y juventud no necesitan más armas, sino alimentos, salud y educación”, reiteró Ortiz. El coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio González, señaló, que esta retardación de justicia como la que ocurre en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, que el recién pasado 31 de octubre, la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ha paralizado el proceso por peticiones que a claras luces es una estrategia de demorar la justicia para las víctimas.
“El campo pagado de militares en retiro es otro acto más, en esa línea, yo pienso que es -otro show- en El Mozote ellos están con medidas los militares, pero no sé qué hará la jueza, ya permitió la primera medidas, ya tomó la primera a su favor de estar por una dolencia en el Hospital Militar, no sabemos realmente que pasará”, agregó González.
María Hernández no se pierde ninguna actividad relacionada con las víctimas, su compañero de vida, Juan José Gallegos, fue capturado por grupos paramilitares cuando estaba en su casa con ella y sus 7 hijos, en el cantón San Lorenzo, Sensuntepeque, Cabañas.
“Él tenía 35 años, yo embarazada de 4 meses, cuando fuimos capturados, torturados y yo fui violada. Después, de 25 años recuperé los restos de él y les di sepultura. Sabía donde estaba cuando se lo llevaron y lo mataron, pero tuve que esperar esos años para poderlo enterrar en San Lorenzo. Fue gente de ORDEN, nos llamaban guerrilleros porque venía de Santa Marta, fue hace 42 años, pero sigo viniendo para honrar su memoria”, puntualizó María Hernández.
El informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza” señala que alrededor de 4, 937 personas fueron detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado durante la década de los años ochenta y aún no se ha sancionado a ningún perpetrador de estos delitos de Lesa Humanidad, en el país.
