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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
David Morales, Jefe de Justicia Transicional de CRISTOSAL, lamentó la suspensión de la audiencia pública, en el Juzgado Primero de Instrucción, por cuarta ocasión, en contra de los acusados de perpetrar 5 ejecuciones extrajudiciales como un Escuadrón de la Muerte, en el cantón San Andrés de la jurisdicción de San Miguel, en el año de 1981.
A principios de esta semana, el abogado de CRISTOSAL, que representa a las víctimas, señaló que el sistema judicial “sigue fallando y sigue sin dar accceso a la justicia a las víctimas” y familiares sobrevivientes en este caso de secuestro, tortura y asesinato de cinco personas civiles.
Los Escuadrones de la Muerte han sido identificados en múltiples informes de investigación, como “grupos dirigidos y financiados por el Estado”, en esa época y que estaban vinculados a la Sección 2 de la Tercera Brigada de Infantería de la Fuerza Armada (FAES), y su fundador fue el mayor Roberto d´Abuisson.
“Este es un caso que se configura como un Crimen de Guerra y Lesa Humanidad, pero en esta ocasión nuevamente ha fallado la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es una responsabilidad de la Corte que no ha tenido la capacidad de garantizar la comparecencia de uno de los procesados a través de la audiencia virtual”, indicó Morales.
A lo anterior, también se suma “la negligencia extrema de la Dirección de Centros Penales, que tampoco ha garantizado la presencia de este procesado que se encuentra detenido para la audiencia. Y esto ha motivado una nueva suspensión por responsabilidades directas de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y la Dirección de Centros Penales”, añadió.
Los acusados son: Aníbal Alvarado, José Inés Benavides, José de la Cruz Orellana y Luis Alonso Benavides, quienes tenían programada una audiencia pública, que también fue suspendida por incomparecencia. Esta situación q“retarda la justicia”, argumentó Morales.
“Juzgar criminales de guerra parece que no le interesa al actual sistema de justicia y, a las actuales autoridades de gobierno en específico la Dirección de Centros Penales. Esto muestra el estado de la justicia actual en El Salvador, lenta, deteriorada, que en su infuncionalidad garantiza impunidad a criminales de guerra, mientras las víctimas directas y los familiares sobrevivientes siguen sin acceso a la justicia”, reseñó.
Sobre las víctimas se identifican a : Ángel Chávez y Ernestina Aguilar de Chávez (esposos); Guillermo Magaña, Rogelio Magaña y Luciando Benavides, quienes fueron sacados de sus casas de habitación, secuestrados y posteriormente asesinados por estos exmilitares y dejado sus cuerpos en el cantón El Caulotillo, municipio de San Alejo, departamento de La Unión.
“El caso de la Masacre San Andrés está muy cerca de llegar a su etapa final de sentencia, únicamente basta realizar la Vista Pública, pero llevamos ya muchos meses de retrasos, cuatro suspensiones, precisamente por estas disfunciones del sistema judicial que por supuesto están favoreciendo a victimarios y perjudicando a las víctimas”, puntualizó Morales.
